Puigdemont gasta 220 millones en una red de entes públicos para 'vender' Cataluña fuera

No son solo las embajadas. A los 39 millones de euros con que la Generalitat riega su departamento de Exteriores, hay que añadir una amplísima estructura de entes y organismos públicos, cuya actividad se dirige también a promover la acción exterior del Gobierno de Cataluña, desde cuestiones puramente culturales, como promocionar la lengua catalana o recuperar su memoria histórica, hasta agencias catalanas de cooperación internacional o promoción comercial. Un despliegue institucional y diplomático de competencias más propias del Estado que supone para las arcas públicas de una sola comunidad autónoma más de 220 millones de euros de gasto en plena época de crisis.

El departamento dirigido por el 'conseller' Raül Romeva no es el único implicado, aunque de él sí dependen algunos de estos organismos. Ejemplo de ello es la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, con un presupuesto de 17,4 millones de euros (en 2017 ha sufrido un incremento de 8,8 millones, duplicándose la partida) y que cuenta con 51 empleados en su plantilla. La mayor parte del dinero que gestiona (en torno al 74,4%) son transferencias al sector privado y exterior. Otro de los entes es el Instituto Catalán Internacional para la Paz, cuya finalidad es conseguir que Cataluña tenga un papel activo como agente de paz en la resolución de conflictos. Para ello, los Presupuestos de 2017 destinan 1,4 millones de euros, de los que la mitad van a parar a los 14 empleados del mismo.

También depende de esta consejería el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), un consorcio público-privado que busca "construir relaciones de confianza entre los ciudadanos catalanes y los del resto del mundo" y que tiene una partida de 2,3 millones de euros y 13 empleados propios. Entre sus actividades más recientes destacó el viaje de una delegación catalana a Dinamarca hace unas semanas para explicar el referéndum del 1 de octubre en un festival político del país nórdico.

Expandir

Precisamente el pasado noviembre Diplocat creó un consejo consultivo compuesto por 39 personas de "reconocido prestigio y trayectoria profesional" con el objetivo de "proyectar a Cataluña en el mundo" para ahondar en su actividad. Este organismo es además uno de los principales cauces por los que la Generalitat contrata servicios de asesoramiento a instituciones y 'lobbies' privados para exteriorizar el apoyo a la causa independentista. Un ejemplo es la organización sin ánimo de lucro Independent Diplomat, que habría recibido casi un millón y medio de euros de la Generalitat por esta labor de asesoramiento gracias a tres contratos de 2013 y 2014.

La recuperación y el fomento de la memoria histórica y democrática de la región también está muy presente en la internacionalización. Para ello, cuenta con tres organismos en el departamento de Exteriores. El de mayor presupuesto es el Memorial Democràtic, cuyo director, el periodista Plàcid García-Planas Marcet, gestiona una partida de 1,87 millones (creció un 32% con respecto al ejercicio anterior). El Consorcio del Museo Memorial del Exilio también se dedica a preservar el legado catalán del exilio republicano y cuenta con un presupuesto de 442.000 euros. En 2001 se creó el tercero de los entes, referido al Espacio de la Batalla del Ebro, destinado a recuperar lugares emblemáticos de esa contienda y que el Govern ha regado con 360.650 euros para este 2017.

La joya de la corona: la lengua catalana

De toda la macroestructura, los organismos pertenecientes a la Consejería de Cultura son la joya de la corona. Promocionar la lengua catalana es el principal objetivo. Destaca especialmente el Instituto Catalán de Empresas Culturales, dedicado a apoyar la difusión y promover vínculos entre compañías y entidades catalanas y extranjeras a través de una partida de más de 58 millones de euros y oficinas en Barcelona, Berlín, Bruselas, Londres y París.

El Consorcio para la Normalización Lingüística es el segundo ente del 'ranking', con un presupuesto que alcanza los 29 millones, y se centra en la enseñanza del catalán y en la organización de jornadas internacionales. Tiene un total de 22 centros y 146 puntos de atención. En este organismo trabajan antiguos cargos de CDC como Pilar Pifarré (ex secretaria general de Cultura con Artur Mas), para la que se creó un puesto 'ad hoc' con una retribución de 81.395 euros, solo un euro por debajo del sueldo que ostentan la inmensa mayoría de los secretarios generales de todos estos organismos. Por último está el Instituto Ramón Llull, que cuenta con delegaciones propias en Berlín, Londres, Nueva York y París, dispone de una partida de más de ocho millones de euros y que tiene como finalidad promover los estudios de lengua catalana en el ámbito académico fuera de nuestras fronteras.

Del departamento de Presidencia depende otro de los organismos públicos que más trabajan por la internacionalización del 'procés'. Se trata de la Agencia Catalana de Noticias (ACN), presidida por el ex secretario general de Presidencia, exsenador por Convergència y uno de los contactos de empresarios señalados por la Guardia Civil en la trama del 3%, Jordi Vilajoana, y dirigida por el periodista Marc Colomé, con un presupuesto que supera los tres millones de euros.

En cuanto a los entes puramente económicos a cargo del departamento de Empresa que hasta hace días dirigía Jordi Baiget, el 'conseller' al que Puigdemont fulminó recientemente, son también cuantiosos pero similares a los de otras CCAA. Es el caso de la Agencia para la Competitividad de la Empresa (Acció), dirigida por Núria Betriu y que maneja un presupuesto de 77,6 millones (superior al de Andalucía e inferior al de su organismo homólogo en la Comunidad Valenciana). O la Agencia Catalana de Turismo, organismo público-privado encargado de la promoción turística de Cataluña, que comparte oficinas exteriores con los espacios de las embajadas y a la que la Generalitat destina una partida de más de 23 millones de euros.

Leyes para los catalanes en el exterior

Además de la enorme estructura de organismos públicos, la Generalitat ha impulsado en los últimos tiempos iniciativas legislativas para garantizar el apoyo institucional a los ciudadanos catalanes en el extranjero e impulsar la internacionalización de la sociedad civil. Es el caso de la Ley 8/2017, de la comunidad catalana en el exterior, que desarrolla el concepto y los derechos de todos estos ciudadanos constituidos en comunidades propias.

En total, existen 116 comunidades catalanas entre los cinco continentes: 91 asociaciones, siete agrupaciones empresariales, tres entidades de carácter académico, tres federaciones y 12 entidades inactivas, según los datos de la Generalitat de 2007, los últimos hechos públicos. Las prestaciones para estos ciudadanos, según el artículo 20 de la normativa, van desde ayuda económica y asistencia técnica hasta participar en el Consejo de la Cataluña Exterior o la posibilidad de firmar convenios de colaboración con el Govern.

La Ley de Acción Exterior y de Relaciones con la UE —que el Tribunal Constitucional suspendió en parte— también contempla la creación de nuevas estructuras de coordinación y seguimiento, como la Comisión Interdepartamental de Relaciones con la Unión (de la que no constan reuniones todavía) o la figura del Consejo de Acción Exterior, constituido en 2015 y que, además de miembros de la Generalitat, cuenta con 30 vocales en representación de distintos entes y organizaciones de la sociedad civil.

La cuestión es que todos estos esfuerzos para proyectar la acción exterior y el apoyo internacional al secesionismo catalán van sustituyendo poco a poco las actuaciones de la Generalitat de Cataluña en el ámbito de las redes interregionales europeas. Algo que el Gobierno central afea a Carles Puigdemont, al que ha acusado en varias ocasiones de invadir competencias exclusivas del Estado. En todo caso, la repercusión de la ofensiva internacionalizadora por parte del Govern no termina de cosechar ningún éxito concreto. De hecho, los principales líderes europeos, desde Angela Merkel hasta Emmanuel Macron, más recientemente, han insistido en que su único interlocutor es el presidente de España.