Rajoy se presentó a las generales de 2008 con 685.000€ en B pagados por la trama Púnica

El Partido Popular de Madrid aportó 685.000 euros no declarados a la campaña de Mariano Rajoy en las elecciones generales de 2008, las segundas en las que el actual presidente del Gobierno se presentó como cabeza de lista del PP nacional. Según el juez Eloy Velasco, esos fondos habrían permitido a Génova rebasar los límites legales de gasto en esos comicios, concurriendo así en ventaja con respecto a sus competidores. El dinero salió de la trama de financiación ilegal de los populares madrileños que presuntamente lideraba Francisco Granados, supuesto cerebro de Púnica.

La información se desprende de la pieza del sumario sobre la presunta caja B del PP de Madrid, a la que ha tenido acceso El Confidencial. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye en uno de sus informes que el PP regional aprovechó en 2008 las ayudas públicas recibidas por una fundación satélite sin ánimo de lucro, Fundescam, “para abonar gastos electorales aportando facturación falseada, enmascarando los conceptos realmente facturados en la campaña electoral por otros que pudieran tener un encaje con la finalidad de la subvención y de la Fundación”. Así, carteles de publicidad exterior y trípticos para la campaña de Rajoy se convirtieron en las facturas falsas en “edición de programas de seminarios” y “boletines informativos” de la Fundescam. En otros casos, Granados y el gerente de la formación en 2008, Beltrán Gutiérrez, habrían simulado la celebración de cursos para desviar al PP el dinero público que captó la fundación.

Los expertos en delitos económicos de la UCO destacan que Fundescam recibió en 2008 una subvención de la Comunidad de Madrid tramitada por el entonces vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, Ignacio González, presunto cabecilla de la operación Lezo, la otra gran vía de financiación irregular del PP madrileño. En concreto, el exdirigente del PP avaló con su firma la concesión de 200.620,64 euros a la entidad sin ánimo de lucro del partido el 18 de noviembre de 2008. El propio González ocupó un cargo directivo en Fundescam hasta noviembre de 2007. Ese año, el cabecilla de Lezo autorizó otra subvención a la misma entidad de 195.727 euros.

Los investigadores de la Guardia Civil subrayan que Fundescam también se llevó en 2008 una ayuda de la Fundación de Caja Madrid por importe de 150.000 euros para la realización de diferentes programas educativos. Sin embargo, esos fondos habrían terminado siendo empleados del mismo modo para sufragar parte de la campaña de Rajoy. En el desvío del dinero tuvo presuntamente un papel destacado el empresario Ricardo Vázquez, proveedor habitual del PP madrileño. Emitió facturas falsas a través de sus empresas (Back RVS Producciones SL y Área de Recursos SL) para engañar a los órganos encargados de fiscalizar las cuentas de la formación.

Como adelantó El Confidencial, la Fiscalía Anticorrupción concluye en un escrito del pasado 6 de marzo que, en total, el PP de Madrid aportó 685.000 euros no declarados al PP nacional en los comicios de 2008, pero la estructura de Granados también habría permitido a Esperanza Aguirre acudir con más presupuesto del permitido a las elecciones autonómicas de 2007 y 2011. En las primeras, el Ministerio Público cifra en 2.685.000 euros el dinero B generado por Púnica. En las segundas, dos años después de que estallara Gürtel, Aguirre volvió a presentarse con un excedente B de 1.546.000 euros. Además, a esos movimientos irregulares hay que sumar las facturas que el PP abonó directamente desde su cuenta de funcionamiento en lugar de usar la cuenta destinada a la campaña, como impone la normativa electoral.

Las pesquisas han permitido determinar que en 2007, por ejemplo, Beltrán Gutiérrez llegó a manejar 1.014.375 euros en efectivo. El dinero salió de varios donantes no identificados y fue utilizado por el gerente para pagar facturas pendientes de Back RVS y otras mercantiles de Ricardo Vázquez que nunca llegaron a ser declaradas por el partido. “Resulta por tanto evidente”, señala la UCO, “cómo la contabilidad electoral fue manipulada, omitiendo gastos electorales que debieron ser contabilizados como tales, y cómo el abono de éstos se efectuó de manera irregular, siendo Beltrán Gutiérrez el administrador electoral de la candidatura del PP para las elecciones autonómicas de 2007”.

En otro caso, también de 2007, se han detectado pagos de Fundescam por valor de 240.000 euros a una mercantil, Escuela Europea de Dirección de Empresas SL (EUDE), que automáticamente utilizó ese mismo dinero para abonar facturas por idéntico importe a otras tres empresas, Publimetro, Pelis Peculiares y Back RVS Producciones, todas ellas contratadas por el PP para sus campañas. En opinión de los investigadores, los populares habrían utilizado a Eude como simple “intermediario” para abonar deudas electorales con los recursos de Fundescam sin levantar las sospechas de ningún organismo de control.

La UCO destaca la entrada en 2011 de otra mercantil en el mecanismo de financiación ilegal del PP, El Laboratorio de Almagro 36 SL, participada por el empresario Marcelino de Elosúa, también imputado en la causa. Los expertos en delitos económicos del Instituto Armado sostienen que Gutiérrez se coordinó con esta empresa para abonar con dinero en efectivo parte de los gastos de la campaña de ese año y que se rebajó el importe de las facturas para no superar el presupuesto permitido. En este sentido, los agentes recuerdan que Elosúa y su mujer fueron interceptados en Francia en agosto de 2011, sólo tres meses después de las elecciones, cuando conducían rumbo a Suiza con 200.000 euros en billetes en tres paquetes escondidos debajo de un asiento de su vehículo.

A juicio de la Fiscalía Anticorrupción, estos indicios avalarían la existencia de una “red de decisión y ejecución cohesionada” que sistemáticamente participó en la financiación ilegal del PP de Madrid y, en 2008, también del PP nacional. “La coincidencia de personas y roles entre los propios patronos de la Fundación Fundescam, director y miembros de los comités de campañas electorales, presidente, secretario general y vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, gerente y cargos orgánicos del Partido Popular y autorizados en cuentas y en las mesas de contratación de la CAM, consolidó una estructura de decisión cohesionada en el tiempo”.