La Fiscalía se querella contra la Generalitat por prevaricación al comprar urnas
Entiende que la Consejería de Gobernación puso en marcha los trámites para llevar a cabo un referéndum vinculante secesionista al publicar el anuncio
Meritxell Borràs, consejera de Gobernación. (EFE)
Por
Roberto R. Ballesteros
La Fiscalía General del Estado ha asegurado haber interpuesto este martes una querella contra la consejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Maritxell Borrás Solé, y contra el secretario general del mismo departamento, Francesc Esteve Balagué, por el anuncio publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña el pasado 9 de mayo que licitaba el suministro de urnas de cara a futuros procesos electorales y consultas.
"Acuerdo marco para el suministro de urnas en las elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana en el marco de la Ley orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general; la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006; la Ley 4/2010 de consultas populares por vía referéndum; la Ley 10/2014 de 26 de septiembre de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana y la Ley orgánica 2/1980 sobre regulación de las diferentes modalidades de referéndum", publicó el Diario Oficial catalán el 9 de mayo sobre la rúbrica de Esteve Balagué.
El anuncio, que indica como entidad adjudicataria la Consejería de Gobernación, viene a sacar a concurso el suministro de las urnas para las mencionadas consultas y procesos electorales y da pie a la Fiscalía para interponer la querella, que ya anunció el organismo dirigido por José Manuel Maza nada más hacerse pública la licitación del Gobierno regional.
La decisión, explica el propio ministerio público en nota de prensa, "se basa en que la actuación de Esteve Balagué y Borràs Solé supone una puesta en marcha de los trámites para llevar a cabo la convocatoria de un referéndum vinculante secesionista contrario a los expresos mandatos del Tribunal Constitucional (...) procediento a dar impuso al proceso constituyente preordenado en la Resolución 1/XI, de imposible encaje en el ámbito competencial del Parlamento y del Gobierno de Cataluña, en la ordenación territorial del estado y en los procedimientos establecidos de reforma constitucional y estatutaria, integrando una pura vía de hecho".