Granados pagó 14.000€ a un detective para que investigara el ático de González en EEUU

La guerra que libraron el presunto cabecilla del caso Púnica, Francisco Granados, y el supuesto líder de la operación Lezo, Ignacio González, para tomar el control del Partido Popular de Madrid dejó un episodio que ha permanecido oculto hasta ahora. Según ha podido saber El Confidencial, Granados pagó 14.000 euros a un detective en la primavera de 2014 para conseguir información en el extranjero sobre el ático en Estepona (Málaga) de González, el escándalo que terminó truncando la carrera política del expresidente de la Comunidad de Madrid tras las elecciones autonómicas de 2015.

El movimiento de Granados se produjo cuando ya había estallado el escándalo sobre la relación de González con ese inmueble y un juzgado había abierto una causa para depurar posibles responsabilidades penales. El exalcalde de Valdemoro quería nuevos datos para terminar de hundir las aspiraciones de su principal enemigo en las filas del Partido Popular. En esos momentos, Granados se había visto obligado a renunciar incluso a su escaño en el Senado tras la aparición de una cuenta en Suiza en la que había ocultado 1,5 millones de euros. Pero seguía obsesionado con destruir a su mayor rival político.

Para tratar de pasar desapercibido, Granados utilizó como intermediario a otro exdirigente del PP. En torno a los meses de mayo y junio de 2014, esta persona contactó con el director de una agencia de detectives de Madrid para encargarle un trabajo delicado: viajar al extranjero para conseguir nuevos datos sobre la trama societaria que presuntamente utilizó González para ocultar que el ático había sido pagado por un empresario. El intermediario de Granados incluso proporcionó algunos datos al detective para facilitar su trabajo.

Se trataba de informaciones sobre mercantiles de Delaware (Estados Unidos), Panamá y República Dominicana controladas por supuestos testaferros del principal acusado en la operación Lezo. El contacto del exalcalde de Valdemoro pagó 14.000 euros. Pero, según ha podido saber este diario, dos periodistas que también estaban interesado en conseguir nuevas informaciones sobre la vivienda de Estepona y que se habían enterado de la operación de Granados abonaron al detective otros 8.000 euros para asumir parte del coste que iba a suponer el trabajo del investigador, billetes, dietas, alojamiento...

Finalmente, en el verano de 2014, solo unos meses antes de que Granados fuera detenido por la Guardia Civil en el caso Púnica y cuando los agentes ya tenían interceptadas sus comunicaciones por ese procedimiento, el detective se desplazó a Estados Unidos y Panamá para investigar la pista societaria del ático. En efecto, el inmueble fue adquirido en un primer momento por una empresa radicada en Delaware, Coast Investors LLC, que parecía estar controlada por otra firma pantalla de Panamá, Waldorf Overseas Investments. Sin embargo, tras varias gestiones sobre el terreno, el detective descubrió que las supuestas pistas proporcionadas por el intermediario de Granados no conducían a ninguna dirección. Según las fuentes consultadas por El Confidencial, el investigador no encontró ni un solo dato nuevo que permitiera reforzar la acusación contra González y decidió regresar a España sin llegar a pasar ni siquiera por República Dominicana, el tercer destino incluido inicialmente en su plan de viaje.

Así, la operación de Granados contra su gran adversario político terminó siendo un auténtico fiasco. Tanto que, después de llegar a España, el detective decidió descontar de los 22.000 euros que había recibido los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención del viaje a Panamá y Delaware y devolver el resto del dinero al intermediario de Granados y a los periodistas.

Guerra abierta hace años

Este capítulo de espionaje se había mantenido en secreto hasta ahora pero, según fuentes cercanas al procedimiento, fue detectado por los expertos en delitos económicos de la Guardia Civil durante la investigación del caso Púnica. En varias ocasiones, Granados trató este asunto con su intermediario, aunque utilizando palabras clave por si las conversaciones estaban siendo grabadas, como efectivamente estaba ocurriendo. En concreto, se referían a esta investigación utilizando el término 'bombones'.

No era la primera vez que González era investigado por un detective. En el verano de 2008, el entonces vicepresidente de la comunidad y varios directivos del Canal de Isabel II (empresa pública que también presidía) fueron espiados en el famoso viaje a Colombia, un episodio que cuando se destapó provocó una denuncia judicial por parte de González que hoy, ocho años después, se sigue dirimiendo en el juzgado de instrucción número 47 de Madrid. Fue en enero de 2009 cuando el diario 'El País' reveló que González había sido seguido.

Meses después, en abril, la Cadena SER desvelaba un vídeo de más de cuatro minutos del polémico desplazamiento. González y sus acompañantes paseando por Cartagena de Indias con unas sospechosas bolsas en su poder. Los ánimos estaban por entonces muy caldeados en la Comunidad de Madrid. Se acababa de descubrir que Granados había creado una especie de servicio secreto para espiar a otros políticos. Un espionaje que también está judicializado y que ha deparado muchas sorpresas. Los supuestos 'espías', guardias civiles en excedencia y un trabajador autonómico, no recibían las órdenes de Granados (aunque técnicamente era su superior), sino de Ignacio González. Sin olvidar que en febrero de 2009 estalló uno de los casos de corrupción más mediáticos de los últimos años: la Gürtel.

González siempre ha sospechado que alguien del PP encargó el espionaje en Colombia. 'El Mundo' ha publicado recientemente que las grabaciones realizadas por la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo muestran a un González convencido de que ese espionaje fue encargado por Álvaro Lapuerta, ex tesorero nacional del partido. Lapuerta conocía desde el año 2005 informaciones no comprobadas de que González estaba pidiendo comisiones a cambio de adjudicar contratos, aunque no fue hasta el año 2009 (después del viaje a Colombia) cuando recibió pruebas de que González podría tener una cuenta en Suiza para ocultar el cobro de mordidas.