Interior se 'come' el Castillo de Maqueda tras su ocurrencia de montar un museo

El Castillo de Maqueda (en Toledo) tiene difícil encaje en el mercado inmobiliario. Casi tres años después de que fuera puesto a la venta por primera vez, aún no ha aparecido comprador alguno dispuesto a poner sobre la mesa el precio establecido por el Ministerio del Interior. Ni siquiera la sustanciosa rebaja experimentada por la finca en este tiempo ha conseguido generar el interés de los inversores de forma definitiva. Desde que el inmueble se puso a la venta en octubre de 2014, el valor en el mercado de la fortaleza se ha reducido casi en un 50%. En concreto, ha pasado de valer casi 10 millones de euros (9,6) a estar expuesto por apenas 5,9 millones de euros, que es el precio por el que actualmente se ofrece en la web del departamento dirigido por Juan Ignacio Zoido.

Fuentes del sector aseguran que el Gobierno no consigue dar salida a la instalación fundamentalmente por la reforma a la que fue sometida, que afectó de modo muy relevante a la infraestructura. El castillo fue sometido a obras que costaron cinco millones de euros a las arcas públicas con el fin de adaptarlo para que pudiera acoger el Museo de la Guardia Civil. Sin embargo, la Dirección General del instituto armado decidió al final no trasladar su exposición permanente a más de 75 kilómetros del número 110 de la madrileña calle de Guzmán el Bueno, que acoge la sede de la benemérita y del propio museo.

Ciudadanos rusos y sudamericanos, entre otros, han mostrado interés por el inmueble, pero en ningún momento han llegado a concretar nada debido, sobre todo, a la mencionada reforma llevada a cabo sobre el castillo. El anuncio publicado por el portal inmobiliario Addmeet, que ofertó públicamente la instalación entre noviembre y diciembre de 2015 —durante el segundo periodo de exposición pública—, recibió cerca de 14.000 visitas de gente atraída por la fortaleza. Ninguna fructificó.

La fortaleza, construida en el año 981, seguirá a la venta a pesar de los impedimentos. Así lo asegura el propio Ministerio del Interior tras ser interpelado por El Confidencial. "Es intención de este organismo mantener el inmueble a la venta hasta conseguir su enajenación", aclaran desde el departamento dirigido por Zoido, asegurando que "no se tiene previsto realizar ninguna reforma" sobre la actual instalación para facilitar la venta, con lo que el castillo seguirá como está, adaptado para acoger el museo para el que fue modificado.

De hecho, lejos de admitir algún tipo de error o autocrítica al respecto, el ministerio incluso pone en valor los trabajos realizados para acondicionar el inmueble. "Al tratarse de obra nueva —argumenta—, constituyen un valor añadido", que puede ser "aprovechado para diversas actividades y en distintos sectores". No en vano, en el mencionado anuncio publicado por Addmeet, la finca puede ser utilizada con fines hoteleros, comerciales, administrativos, sanitarios, culturales, recreativos, religiosos, unifamiliares o plurifamiliares. En la misma línea, la actual subasta habla de la posibilidad de usar la instalación para objetivos residenciales, comerciales, públicos, semipúblicos, hoteleros o de espectáculos.

El denominado oficialmente como Castillo de la Vela, declarado Monumento Histórico Artístico en 1931, cuenta con un sótano más tres alturas, que suman una superficie construida de 3.500 metros cuadrados, según un informe técnico, aunque el Registro de la Propiedad establece 2.400 metros cuadrados. Sus amplios espacios hicieron en su momento plantear la posibilidad de dedicar el inmueble a un uso de centro de convenciones, pero esta posibilidad fue finalmente descartada.

La fortaleza de Maqueda, municipio con apenas 600 habitantes, no es sin embargo la única instalación inmobiliaria que el Ministerio del Interior no consigue colocar ni siquiera bajando el precio hasta cantidades inimaginables. Cinco viviendas construidas en 2008 en un desfavorecido barrio de Parla dentro de una zona residencial promovida por el ayuntamiento de la localidad madrileña, que llegó a un acuerdo con la Dirección General de la Guardia Civil para ubicar ahí a funcionarios del cuerpo, tampoco logran encontrar salida en el mercado.

Los agentes renunciaron a la concesión, debido fundamentalmente al lugar en el que se encontraban los pisos, lo que provocó que Interior tuviera que sacarlos a subasta a precios sustancialmente más bajos (alrededor de 60.000 euros para unas viviendas de 100 metros cuadrados). Sin embargo, ni siquiera de este modo logró el ministerio colocarlas. Los inmuebles vacíos fueron tomados por okupas e incluso bandas organizadas procedentes del extranjero que revendían o realquilaban las casas. Actualmente, su precio oscila entre algo más de 40.000 y 67.000 euros por piso, un valor realmente bajo para el precio que todavía hoy alcanzan inmuebles de similares características en otras zonas incluso del mismo municipio.