Macrojuicio naval: 12 marineros vendían al chatarrero el plomo de la fragata 'Navarra'

Una docena de marineros y suboficiales que conforman la fragata 'Navarra' están acusados de robar lastre y metales del buque de guerra para vendérselos al chatarrero, unos hechos que tuvieron lugar entre 2009 y 2012. Los tripulantes del barco, además de los miembros de las empresas de reciclaje que adquirieron los componentes, serán juzgados por el Tribunal Militar Territorial número 2, con sede en Sevilla, por un delito contra el patrimonio en el ámbito militar y otro contra la eficacia del servicio.

Los marineros, que actuaban con nocturnidad, distraían dos tipos de materiales. Por un lado, sustraían válvulas, acoplamientos, tubos y cables —hechos de bronce, cobre, acero, latón o hierro— y los vendían por su cuenta a establecimientos especializados en chatarra. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso El Confidencial, los útiles robados a veces eran nuevos, pero en la mayoría de los casos estaban considerados como material desclasificado e inútil, destinado a ser vendido como chatarra de forma oficial, "mediante el sistema de oferta pública". "El personal de la fragata, conocedor de la condición y destino que tenía este material, sin permiso ni autorización de sus superiores y eludiendo cualquier procedimiento reglamentario, procedieron [sic] primero a apoderarse de él en los distintos servicios del buque para seguidamente sacarlo de la base naval con el fin de venderlo en su propio beneficio", relata el ministerio público, que pone varios ejemplos.

Entre estos últimos, la Fiscalía menciona los 515 kilos de latón, 36 de vainas y 106 de bronce que sustrajo el sargento Francisco Javier D. G., responsable de Seguridad Interior y Taller General de la fragata, departamento encargado de llevar a cabo los trabajos de mantenimiento del buque, que genera la mayor parte de desechos de estos elementos y que recibe el material nuevo que entra en la nave. El suboficial consiguió 1.700 euros por la venta de estos 657 kilos de metal a un centro de reciclaje de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en noviembre de 2009 y marzo de 2012. El ministerio público también relata cómo el marinero Joaquín D. B. vendió en junio y julio de 2011 un total de 549 kilos de latón, 15 de hierro, 172 de bronce y 17 de acero a una chatarrería, operación de la que obtuvo 2.454 euros, y el cabo primero Antonio G. V., destinado en el control del buque, extrajo 329 kilos de latón de la grifería de la nave, 30 de cobre procedente de los cables, nueve de metal y 27 de plomo, material que cambió por 1.315 euros.

Pero además de los elementos en desuso, los funcionarios también hurtaban los lingotes de plomo "pertenecientes al lastre del buque", que tienen la función de equilibrar la fragata durante la navegación. El metal, cuenta la Fiscalía, "era extraído por personal destinado en el servicio de máquinas de cajones cerrados por una plancha de acero asegurada mediante tornillos y numerosos puntos de soldadura". "Muchas de las cajas se hallaban ubicadas en lugares de difícil acceso", como las del tercer nivel de la sala de máquinas, a las que había que llegar metiéndose necesariamente "entre huecos y tuberías". Además, una vez frente al objetivo, los funcionarios debían "forzar la tapa y doblarla" para extraer el plomo. Según relata el ministerio público, esta zona fue completamente desvalijada, los marineros extrajeron todo el metal almacenado.

En relación a este último delito, la Fiscalía cuenta cómo un día de abril de 2012 el marinero Emilio S. M., cuando se encontraba fuera de servicio vestido de paisano, recogía bolsas negras llenas de plomo en el muelle donde estaba anclada la fragata y las metía en su vehículo particular. Por su parte, el sargento José Miguel P. P. recorría el muelle desde el final hasta el lugar donde se encontraba el buque con objeto de "evitar que alguien pudiera sorprender" a su compañero mientras este "cargaba las bolsas". Este último sargento, en compañía del marinero Eduardo R. L., durante el verano de 2012 —relata también el ministerio público—, sacó lingotes de plomo de la fragata y los cargó en el vehículo de este último.

Se trata del modo de proceder habitual que, según la Fiscalía, utilizaban los tripulantes de la nave para extraer el metal y trasladarlo hasta las chatarrerías para venderlo. Los marineros actuaban "en la mayoría de los casos" en servicios nocturnos o de fiesta y cuando coincidía un grupo de implicados en la guardia. "Procedían de forma concertada a la extracción de lingotes de plomo de las cajas", narra la acusación, que explica que posteriormente "almacenaban" el metal "en dependencias de la cubierta principal, en el taller de frío o en el de fluidos, para llegado el momento oportuno —y con el fin de evitar ser sorprendidos— descargarlo en el muelle donde tenían aparcados sus vehículos particulares".

El Ministerio de Defensa tuvo que volver a equilibrar el buque a través de una prueba de estabilidad que costó 87.000 euros

En ocasiones, cargaban el material sustraído en una furgoneta de la Armada —denominada 'paquetera' por los tripulantes— que era utilizada para desembarcar todo tipo de bultos. Escondían la carga entre otros fardos, situaban la fragata en el compartimento que daba acceso al muelle y esperaban a que fuera la ocasión propicia para pasar los paquetes a sus coches. Una vez hecho esto, conducían hasta las chatarrerías y vendían el material "para a continuación repartir el dinero obtenido con el resto de participantes".

No pocas veces, por lo tanto, los marineros se ausentaban de sus puestos para llevar a cabo estas tareas, como cuando el cabo primero Antonio R. L. M. abandonó "su destino durante el horario laboral" para irse a vender chatarra a Cádiz. Colocó 36 kilos de vainas y 500 de latón, por los que le dieron 1.176 euros. Algunos incluso se excusaban ante sus superiores para desaparecer mientras estaban de servicio y poder salir a enajenar plomo.

Fue el caso del cabo primero Juan Manuel S. B. y los marineros Juan Luis D. A. y Juan R. C., quienes sacaron 12 lingotes de 25 kilos de plomo cada uno de la fragata Navarra el 22 de agosto de 2012. En esta ocasión, el cabo primero pidió autorización al suboficial de guardia para que el marinero Juan Luis D. A. pudiera abandonar el servicio temporalmente "so pretexto de que tenía que dirigirse al paño de tierra a realizar gestiones relativas a unos bidones", permiso que fue concedido por el mando. Sin embargo, el marinero "se ausentó sobre las 18 horas para dirigirse a la chatarrería Puente del Duque situada en Jerez de la Frontera para realizar una venta de lingotes de plomo por 300 euros".

Debido a la frecuencia con que los funcionarios extraían el material, que solían trasladar en bolsas de plástico negras, no fueron pocas las ocasiones en las que se toparon con algún compañero que presenciaba atónito la escena. Fue lo que ocurrió, por ejemplo, el 12 de abril de 2012, cuando al principio del servicio de guardia, entre las 22:00 y las 23:00, se personaron en la fragata el sargento primero Francisco D. G. y el cabo segundo William L. R. "Ambos comenzaron a sacar del barco pesadas bolsas de basura" que fueron distribuyendo en la paquetera y en el coche particular de uno de los dos, que estaba aparcado en el muelle junto al buque.

Sorprendida por lo que estaba viendo a esas horas, la marinero María S. L. L. interpeló directamente a uno de los visitantes inesperados y le interrogó acerca del contenido de las bolsas y por su presencia en la fragata. El cabo, sin embargo, respondió que le preguntara al sargento. Repitió la pregunta al otro cargador y este la cortó. "Ya lo sabe el suboficial de guardia, son aceites para carraca", contestó el requerido, pero la réplica no convenció a la joven funcionaria, ya que los dos suboficiales sacaban paquetes grandes envueltos en bolsas negras mientras no había nadie mirando y paraban cuando aparecía la Policía Naval, que vigilaba las inmediaciones. La mujer informó a sus superiores y a sus compañeros de guardia. Estos últimos únicamente pudieron vigilar los movimientos de los sospechosos. Los mandos, sin embargo, permitieron que el vehículo del sargento fuera cargado de lingotes y abandonara la zona. Francisco D. G. regresó a las siete de la mañana siguiente a retirar la paquetera.

En total, la docena de tripulantes encausados sustrajo 11,6 toneladas de plomo entre 2009 y 2012, de las 109,2 que componen el lastre sólido de la fragata 'Navarra'. De la cantidad robada, 6,5 toneladas fueron extraídas de la sala de máquinas principal y 5,1 de la cámara de auxiliares número uno. Los investigadores apenas pudieron recuperar 1,3 toneladas en las chatarrerías donde se vendían en Jerez y Sanlúcar, de las 11,6 hurtadas. En 2013, la Armada Española adquirió 9,5 nuevas toneladas de plomo por 19.000 euros para reponer el material.

Los acusados alegan que la venta de plomo está consentida por los oficiales desde hace años y que la tropa sufraga así equipos que no costea Defensa

Un centenar de marineros y dos oficiales dedicaron nueve horas de su tiempo a colocar 209 lingotes (3,1 toneladas) en la cámara de auxiliares y 427 (6,4 toneladas) en la sala principal. Sin embargo, no fue la restitución del metal lo que más costó a las arcas del Estado, sino la prueba de estabilidad que los ingenieros tuvieron que hacer al buque con el fin de "garantizar la navegación en condiciones óptimas", como también recordó la Fiscalía en su mencionado escrito de acusación, que ascendió a algo más de 87.000 euros.

A este montante habría que añadir, según el ministerio público, el importe que hubiera ingresado la Administración en el caso de haber dado salida al material a través de una oferta pública y un daño más difícil de evaluar, la "afectación a la seguridad de la navegación de la fragata causada directamente" por la sustracción de los citados metales, ya que, como consecuencia de estos hurtos, "se han visto gravemente afectadas las condiciones técnicas de un buque de guerra en plena vida activa". "Ya de fábrica, el barco presentaba problemas de estabilidad por su propia estructura, por lo que en aras de corregir este problema técnico se optó por compensar la falta de peso mediante lastre, concretamente a través de los lingotes de plomo a la postre sustraídos", añade la Fiscalía.

La defensa de los marineros, sin embargo, no ve la historia del mismo modo que el ministerio público. No niega la extracción del material, pero sí pone de relieve que esta es una práctica común en la Armada y que está consentida por los mandos desde hace muchos años. Según el letrado Antonio Suárez Valdés, "es habitual que en las naves la gestión de los residuos generados por la actividad normal de las embarcaciones se deje en manos de las unidades".

Es frecuente también, continúa el abogado, "que, cuando los residuos son de metal, las mismas unidades ordenan llevar el material a las chatarrerías, que abonan un precio por kilo de desecho". El dinero que la tropa recauda, continúa la defensa letrada de algunos de los marineros, "es destinado al abono de equipos de la actividad diaria" de los funcionarios que el Ministerio de Defensa no sufraga por falta de presupuesto. Según Suárez Valdés, la Armada española "no dota a las embarcaciones" de todo el material necesario, por lo que los marineros que llevan a cabo la extracción y venta del plomo para costearse los equipos que no subvenciona el Gobierno "no tienen responsabilidad", ya que, además, al hacerlo "cumplen órdenes".

La Fiscalía pide para la docena de marineros y suboficiales procesados entre 1,5 y 7,5 años de prisión por delitos contra el patrimonio —robo con fuerza en las cosas—, contra la eficacia del servicio, y por deslealtad. Para el personal civil implicado —los propietarios de las chatarrerías—, por su parte, el ministerio público reclama entre seis y 10 meses de cárcel por un delito contra el patrimonio, además del decomiso de las ganancias obtenidas por la compra de los mencionados metales. En concreto, los cuatro dueños de los centros de reciclaje que adquirían el material deberían abonar, según estima la acusación, casi 7.000 euros en concepto de responsabilidad civil por el plomo del lastre. El ministerio público también entiende que dos cabos y tres sargentos también deberían hacer frente a una responsabilidad civil que supera los 4.000 euros por la venta de las válvulas, los acoplamientos, los útiles de bronce y acero que entregaron a los centros de reciclaje a cambio de dinero.

Durante la vista oral, mas de medio centenar de testigos responderán a las partes acerca del procedimiento utilizado para sacar y vender los elementos que se sustraían, así como sobre el conocimiento que de los hechos tenían los mandos. No en vano, entre los que declararán se encuentran altos cargos como el capitán de fragata Juan Castañeda Muñoz o el capitán de corbeta David Arsenio Fernández-Portal del Río, mandos de la fragata 'Navarra' en distintos momentos.