UNO DE LOS CASOS MÁS RELEVANTES DE LA JUSTICIA
La AN impone penas de hasta 12 años a 11 directivos de Afinsa por la estafa de los sellos
El tribunal considera que el fraude, valorado en 2.574 millones de euros y con 190.000 víctimas es uno de los más grandes de los juzgados en España
La Audiencia Nacional ha condenado a 11 de los 13 directivos de Afinsa juzgados por la estafa de los sellos y a los que, además de esos delitos se les imputaba los delitos de insolvencia punible, falseamiento de cuentas, blanqueo y contra la Hacienda Pública. El tribunal considera que el fraude es “uno de los más relevantes” conocido por la justicia española. A través de redes familiares y amigos consiguieron captar 190.022 víctimas, la mayoría pequeños ahorradores de clase media.
Las penas más importantes se imponen al expresidentes de la compañía, Juan Antonio Cano Cuevas (12 años y 10 meses) y a los exdirectivos Albertino de Figueiredo (11 años), Carlos de Figueiredo (11 años y 11 meses), Vicente Martín Peña (11 años y 6 meses) y Emilio Ballester López (10 años y 3 meses). También ha sido condenado el abogado del Estado José Joaquín Abajo Quintana (6 años y 3 meses) que, junto con el resto de reos deberán indemnizar a las víctimas con 2.574 millones de euros.
El tribunal tiene en cuenta la procedencia social de los los ahorradores que pusieron allí los fondos que lograron reunir y que perdieron el dinero apartado durante años para su jubilación o para hacer frente a posibles crisis. Por ello, y por el enorme número de damnificados, los magistrados aplican el tipo agravado de estafa lo que les permite aumentar un grado la pena y condenar a 7 años a los responsables por ese delito.
El engaño consistía en el compromiso que la empresa adquiría con sus clientes –ahora sus víctimas- de recomprarles los sellos que les vendía por el dinero invertido más una rentabilidad siempre superior a la del mercado financiero. El beneficio, según mantenía Afinsa en su publicidad, se debía a la constante revalorización de su filatelia.
“Los administradores de Afinsa lograron levantar un espacio económico cerrado con sus clientes que denominaron mercado de valores filatélicos y que funcionaba de modo separado del mercado del coleccionismo, con precios muy superiores que fijaba la compañía”, relata la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ramón Sáez Valcárcel.
La empresa atraía a sus clientes por la alta revalorización de las inversiones que ofrecían, “de ahí que siempre el inversor optara por revender la filatelia y recibir el capital más el interés pactado”, que se abonaba periódicamente. El sistema, según la resolución, fue ideado por los condenados Albertino Figuereido y Juan Antonio Cano. El fraude se extendió desde 1998 hasta 2006, cuando se produjo su intervención judicial.
El negocio de Afinsa, según la sentencia, era “inviable”, según la sentencia, que considera que carecía de sentido económico. Los sellos tenían un ínfimo valor en el mercado, muy inferior al precio de venta y recompra que figuraba en los contratos. En algunos casos llegaban a ser falsos, estaban manipulados o se trataba de pruebas de imprenta, bocetos o propaganda. “La compañía colapsó en el momento de la intervención judicial porque no se podía seguir una actividad sin sentido económico que generaba pérdidas. El negocio de Afinsa llevaba plazo de caducidad. Cualquier crisis de confianza derribaría la pirámide”, mantienen los magistrados.
El que redactaba los contratos que firmaban los clientes y por los que se garantizaba un rédito superior al del mercado era el abogado del Estado José Joaquín Abajo. Abajo compatibilizó su trabajo en la alta dirección de Afinsa con su puesto de jefe del servicio jurídico del Estado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El tribunal subraya cómo muchas de sus propuestas de contratos se imprimieron en papel de la Abogacía del Estado, algo que Abajo justificó porque hacía sus escritos de abogado del Estado desde su despacho de Afinsa.