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chivatazos, fallos de coordinación...

Plazaola, Ternera, De Juana, Troitiño... Las huidas más escandalosas de etarras

Los errores judiciales o las descoordinaciones policiales han sido la causa de numerosas fugas de etarras en los últimos años

El etarra Alberto Plazaola Anduaga (2i) sale de la prisión coruñesa de Teixeiro. (EFE)

En esta ocasión no fue un chivatazo, sino una noticia lo que alertó a un etarra de que la Policía y la Guardia Civil se disponían a detenerle. Alberto Plazaola, liberado por la Audiencia Nacional el pasado 4 de diciembre tras contabilizar los años pasados en prisión por el terrorista en Francia, fue reclamado por el Tribunal Supremo después de que la máxima instancia judicial considerara que no era legal aplicar este criterio. Según informó el Ministerio del Interior, el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz tuvo conocimiento de la resolución judicial a las 12.56 horas del pasado miércoles 11 de marzo, cuando las agencias de noticias publicaron la sentencia del Supremo que anulaba el auto de la Audiencia Nacional.

Desde ese momento, explicó Interior, "la noticia se difunde en todos los medios de comunicación social, aunque no es hasta las 17.22 horas cuando (el Ministerio) recibe el auto que ordena la detención, puesta a disposición judicial e ingreso en prisión de Alberto Plazaola". "Durante esas horas –aclaró el Ministerio– no existe posibilidad jurídica alguna de proceder a la detención".

Pero desde ese momento también había que cumplir los tiempos. Hasta las 20.44 horas, explicó el departamento de Fernández Díaz, la Policía y la Guardia Civil no recibieron la autorización judicial para entrar en el domicilio del etarra, situado en la localidad guipuzcoana de Oñate. Pero aún había que esperar a la secretaria judicial de Bergara, cuya presencia es imprescindible para efectuar un registro y que no apareció en la casa de Plazaola hasta las 23.05 horas, que fue cuando por fin accedieron ambos cuerpos a la vivienda.

El buscado, por supuesto, ya no estaba en el domicilio. Decenas de familiares, amigos y vecinos del etarra estaban apostados a las puertas de su casa desde hacía horas. De hecho, fuentes de la lucha antiterrorista aseguran que encontró cobijo en esta marea humana y que abandonó la zona poco después de conocer que iba a volver a ser detenido para cumplir los diez años de condena que le restan. Por el momento, según explican desde Interior, tanto la Policía como la Guardia Civil buscan al terrorista en territorio español, pues aún no existe constancia de que haya salido del país. De hecho, no se ha cursado ninguna orden internacional de busca y captura.

Pero Plazaola no ha sido el único etarra que ha huido por un error de coordinación judicial y policial. El exmiembro del sangriento comando Madrid de ETA José Ignacio de Juana Chaos, detenido en 1987, protagonizó constantes muestras de falta de arrepentimiento durante su estancia en prisión, con faltas de respeto a las víctimas del terrorismo después de algunos atentados, y trató de escaparse de la prisión de Herrera de La Mancha. Tras cumplir su pena, el 6 de noviembre de 2006, la Audiencia Nacional le condenó a 12 años más de prisión por dos cartas que había publicado en el diario Gara.

Después de una polémica huelga de hambre, el Supremo redujo la pena de 12 a 3 años para De Juana. Poco después, Interior permitió que fuera atendido en un hospital de San Sebastián. El 2 de agosto de 2008 fue puesto en libertad tras cumplir su última condena y se trasladó a vivir a un barrio donde residían otras víctimas. Dos días después, la Audiencia Nacional abrió otra investigación por una nueva carta que supuestamente suponía enaltecimiento del terrorismo y el 11 de noviembre decretó el ingreso en prisión de De Juana por no comparecer a una citación, pero el etarra ya había huido. A principios de año fue localizado en Venezuela por el diario El Mundo.

Otro que escapó a la justicia por un error de coordinación fue José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, que lleva 13 años huido. El Tribunal Supremo comenzó a investigarle en 2002 por su presunta vinculación con el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, donde murieron 11 personas, cinco de ellas niños. Un informe del instituto armado confirmó que era uno de los dirigentes de la banda cuando se cometió el crimen y que ordenó actuar al comando Argala. El Alto Tribunal le citó para declarar, pero el entonces parlamentario vasco anunció que no acudiría y huyó.

Desde entonces permanece en la clandestinidad. Su paradero es un misterio, aunque algunas fuentes aseguran que tuvo un relevante papel en la sombra. Durante las conversaciones del Gobierno socialista con ETA en Argel, los representantes de la banda terrorista solicitaron reiteradamente su excarcelación con el fin de que se incorporara a la negociación, pues era considerado el hombre que tomaba las decisiones.

También huyó por un fallo judicial el etarra Antonio Troitiño, aunque en este caso fue detenido un año después. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, liquidó la condena del terrorista el 13 de abril de 2011 haciendo una interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que computaba como prisión preventiva de una de sus causas el tiempo que el preso permanece en la cárcel cumpliendo condena por otro delito.

La polémica salida de prisión llevó a que, cinco días después, Guevara revocara su decisión y redactara un nuevo auto en el que descontaba ese tiempo de prisión preventiva de las penas totales acumuladas por Troitiño, basándose en este caso en una resolución del Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional ordenó entonces la detención del terrorista, pero Troitiño ya había huido. Más de un año después fue localizado en Londres por la Policía Metropolitana en una operación que contó con la colaboración de la Policía española.

Algo similar ocurrió con la etarra Maite Aranalde en 2009. El juez Eloy Velasco, que sustituía a Baltasar Garzón al frente del Juzgado número 5, decretó prisión para la terrorista, pero permitió eludir la cárcel con una fianza de 12.000 que la familia de la acusada abonó. Cuando Garzón regresó, ordenó volver a encerrar a Aranalde, pero esta ya había huido. Fue detenida meses después, el 20 de mayo de 2010. Incluso el padre de Aranalde, Jokin Aranalde, se benefició de un error judicial de Francia. Le detuvieron en junio de 2013, pero le dejaron en libertad provisional. Cuando acordaron extraditarlo, ya se había fugado. Fue detenido unos meses después. También los jueces galos dejaron en libertad provisional por falta de pruebas al miembro de la dirección de ETA David Pla, detenido en abril de 2010 en el marco de una operación de la Guardia Civil contra el entramado de abogados de la banda, quien se fugó de inmediato y sigue en paradero desconocido.

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