La megaampliación del puerto de Valencia, en el aire por un contrato irregular a Boluda

El consejo de la Autoridad Portuaria de Valencia debate este martes un procedimiento de "lesividad" contra una concesión otorgada al naviero Vicente Boluda. La decisión viene forzada por dos informes, uno de la Intervención General y otro de la Abogacía del Estado, que han detectado posibles irregularidades en el procedimiento de rescate de suelos portuarios a una compañía del empresario, Unión Naval de Valencia, acordado por el mismo órgano de administración presidido por Aurelio Martínez en octubre de 2018.

En aquel momento, tras haber declarado en junio de aquel año de "interés general" portuario el traslado de la terminal de pasajeros y cruceros que figuraba en el proyecto original de la millonaria ampliación norte, el puerto de Valencia decidió rescatar una concesión de astilleros y reparación de barcos de la empresa de Boluda para ubicar allí el nuevo embarcadero. A cambio, acordó como compensación ceder a otra de las empresas del naviero, Boluda Corporación Marítima, más de 10.000 metros de edificabilidad valorados en casi cuatro millones de euros situados en otra parcela durante un periodo de 35 años para la construcción de un edificio de oficinas, con la posibilidad de arrendar espacios a terceros.

La operación, denunciada ante el Tribunal de Cuentas por la plataforma ciudadana Comissió Ciutat-Port, fue revisada por la Intervención General del Estado en su auditoría de cuentas del ejercicio 2019. Su informe demoledor, que ha sido refrendado por la Abogacía, ha obligado a la dirección del puerto a dar marcha atrás con la decisión para evitar una posible responsabilidad patrimonial de los consejeros y a la vez tratar de hacer encaje de bolillos con la finalidad de que no afecte al procedimiento de la ampliación del enclave comercial, pendiente todavía de adjudicar a TIL, una filial de Mediterranean Shipping Company.

La Intervención concluye que la Autoridad que preside Martínez debió de haber convocado un concurso público para garantizar la concurrencia pública en la concesión del edificio de oficinas y cuestiona las valoraciones económicas que se hicieron para compensar al también presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE). "Una concesión de estas características hubiese exigido un procedimiento público y competitivo", señala el escrito, al que tuvo acceso El Confidencial.

Boluda debió salir de uno de los consejos que afectaba a su concesión por "conflicto de interés"

De Boluda sostiene, además, que debió de haberse ausentado en el consejo de administración de junio de 2018 que decidió trasladar la terminal de pasajeros a los terrenos que ocupaba Unión Naval por una cuestión de "conflicto de interés", y que encima nadie le pidió que lo hiciera. El fiscalizador añade entre las posibles irregularidades que el puerto no agotó las opciones para tratar de recuperar la concesión original de la empresa del naviero por caducidad, pues no estaba cumpliendo con las condiciones del contrato, reparación y construcción de grandes buques. Para colmo, añade que la nueva concesión a Boluda Corporación Marítima podría vulnerar la ley al constituir "una situación de dominio público, que podría afectar a la competencia" al ser el único edificio de oficinas en alquiler del recinto portuario.

La Abogacía entiende que las decisiones del consejo de administración "fueron lesivas para el interés público". Para tratar de evitar un toque de atención del Tribunal de Cuentas, dar marcha atrás y evitar una situación que provocaría el atasco del proceso de ampliación, el consejo aprobará este martes anular parcialmente el procedimiento de rescate de Unión Naval, declarar la caducidad de esta concesión y dejar a Boluda sin compensación vía permuta, es decir, sin los derechos para edificar un nuevo edificio de oficinas. Boluda tendrá que mantener su cuartel general en otro edificio más envejecido y perderá las parcelas de los astilleros en desuso.

La solución planteada a los consejeros permite además mantener el procedimiento para la construcción de una nueva terminal de pasajeros adjudicada a Balearia y Global Ports Holding. Esta terminal, que ocupará una parte de los terrenos que tenía Unión Naval, figuraba en el proyecto original de la ampliación en parte de las láminas de agua que ahora deberían recaer en MSC. Fue decisión de Aurelio Martínez modificar esa planificación, en un movimiento que ha servido como argumento a los colectivos antiampliación para reclamar una nueva declaración de impacto ambiental (DIA), que el puerto se ha negado a tramitar, ni siquiera simplificada.

La cuestión es si Boluda aceptará una solución que le deja sin su primera concesión y sin compensación económica. El trámite de "lesividad", que supone reconocer que se había adoptado un acto administrativo contrario al interés público, es el paso a la solicitud de la anulación ante un tribunal contencioso-administrativo, que debe ratificarla. El contratista, Boluda Corporación Marítima, puede recurrir, lo que abocaría todo el procedimiento en una situación de incertidumbre. ¿Explica esto el retraso en la adjudicación a MSC de la ampliación portuaria, con una inversión prevista de mil millones de euros? De momento, el puerto de Valencia, que lleva meses argumentando que tramitar una nueva DIA supondría un retraso inasumible, ya no contempla debatir la contratación de la ampliación hasta octubre de este año. Y todo por el charco en el que se ha metido con una concesión a Boluda que podría acabar en la Fiscalía y que el Tribunal de Cuentas está revisando con lupa.