Una imputación a Galán por el caso Villarejo deja en manos del consejo su futuro en Iberdrola

La petición de la Fiscalía Anticorrupción de imputar al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y al número dos de la eléctrica, Francisco Martínez Córcoles, por su presunta participación en el caso Villarejo obliga a afrontar decisiones a la cúpula de la multinacional cotizada.

Si finalmente el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón llama a declarar a los dos primeros ejecutivos de la empresa en calidad de investigados, su futuro dependerá de las decisiones que tome el consejo de administración, sobre la base de la normativa interna de la sociedad.

El reglamento del consejo de administración de Iberdrola señala en el punto 3 del artículo 21 ("Dimisión, separación y cese") que "los consejeros deberán poner su cargo a disposición del consejo de administración" en determinados supuestos.

Entre los mismos, el código interno que regula el funcionamiento del máximo órgano de decisión de la compañía, segunda empresa más grande del Ibex por capitalización bursátil, señala que tendrán que poner su cargo a disposición del consejo "cuando por hechos o conductas imputables al consejero se hubiere ocasionado un daño grave al patrimonio social o a la reputación de la sociedad o surgiera riesgo de responsabilidad penal para la sociedad o alguna de las sociedades del grupo".

También cuando "se den situaciones que les afecten, relacionadas o no con su actuación en la propia sociedad, que puedan perjudicar al crédito y reputación de esta", "cuando perdieran la honorabilidad, idoneidad, solvencia, competencia, disponibilidad o el compromiso con su función necesarios para ser consejero de la sociedad" o "cuando por circunstancias sobrevenidas se vean incursos en alguno de los supuestos de incompatibilidad o prohibición previstos en la ley o en el sistema de gobernanza y sostenibilidad", entre otros supuestos.

Este mismo martes, poco antes de que se desvelara que la Fiscalía pediría la imputación de Galán y Córcoles, Iberdrola, a través de su secretario, Julián Martínez Simancas, aseguraba que la corporación "con el caso Villarejo, cuya investigación judicial ya se prolonga varios años, lleva sufriendo, concretamente desde 2018, un significativo desgaste reputacional", admitiendo que "ha tenido que tomar acciones legales en defensa de su honor y de su reputación".

A lo anterior, añadía que "las constantes filtraciones e insinuaciones sobre la posible responsabilidad de la compañía o algunos de sus directivos no hacen más que perjudicar sus legítimos intereses, los de sus accionistas, empleados y grupos de interés e, incluso, los del propio mercado".

En el reglamento del consejo de administración, Iberdrola señala que en el punto 4 del artículo 21 anteriormente citado, "en cualquiera de los supuestos indicados en el apartado 3 anterior, el consejo de administración requerirá al consejero para que dimita de su cargo y, en su caso, propondrá su separación a la junta general de accionistas". Este año, la junta se celebrará el próximo 18 de junio. En el orden del día de la misma se tendrá que votar la reelección de Martínez Córcoles.

Fulminante con otros consejeros

Iberdrola ha actuado con determinación en anteriores casos, cuando alguno de sus consejeros de las distintas sociedades se ha visto envuelto en un caso de corrupción. La firma energética sacó del consejo al exministro Ángel Acebes tras su imputación en el caso Bankia, aunque le restituyó en su cargo cuando fue absuelto en sentencia firme.

También puso en cuarentena a Ignacio López del Hierro. El marido de la exmandataria del PP María Dolores de Cospedal se vio salpicado por otra pieza de Villarejo (caso Kitchen) y las donaciones del PP. Este ejecutivo finalizó su relación con Iberdrola con el desmantelamiento de su filial de ingeniería Iberinco en 2018 donde era consejero.

Iberdrola, contra el cohecho

Además de lo anterior, Iberdrola actualizó a finales de abril de este año su política contra la corrupción y el fraude. En el primero de los principios básicos de actuación, la eléctrica determina que el grupo "no tolera, permite o se involucra en ningún tipo de corrupción, incluidos la extorsión y el cohecho, en el desempeño de su actividad empresarial, ni en el sector público ni en el privado".

Según detallan fuentes jurídicas, la Fiscalía Anticorrupción pedirá la imputación para Galán y Córcoles por cohecho, entre otros cargos. Otros primeros espadas de grandes firmas como Brufau (Repsol), Fainé (Caixa) o Francisco González (BBVA) han sido imputados por cohecho en diversas piezas separadas por contratar a Villarejo.

La política contra la corrupción y el fraude de Iberdrola asegura que "la sociedad impulsa una cultura preventiva basada en el principio de 'tolerancia cero' hacia la corrupción en los negocios, en todas sus formas, así como hacia la comisión de otros actos ilícitos y situaciones de fraude, y promueve la aplicación de los principios de ética y comportamiento responsable de todos los profesionales del grupo, con independencia de su nivel jerárquico".