CASO BANCO POPULAR
Siete altos directivos de Popular pidieron préstamos antes de la ampliación de 2016
La financiación para la compra de acciones se ha convertido en uno de los ejes de la investigación de la Audiencia. Todo apunta a que se dieron préstamos también a la cúpula
La Audiencia Nacional da un paso más en la búsqueda de pruebas de falsedad contable en Banco Popular, con el foco puesto en la financiación de acciones de la polémica ampliación de 2016. El juez José Luis Calama ordenó la semana pasada una avalancha de pruebas para comprobar cuántos inversores acudieron a la operación con créditos del banco, lo que en el argot financiero se conoce como autofinanciación de capital. No es ilegal, siempre y cuando se reconozca ante el mercado y el supervisor, cosa que no ocurrió en Popular.
Estas presuntas prácticas irregulares podrían haberse llevado a cabo incluso en la cúpula del banco. Un escrito enviado por Santander al juzgado a finales de enero revela que siete altos directivos pidieron préstamos al banco días antes de la ampliación. Coincide que los siete banqueros obtuvieron la financiación en las mismas fechas: 30-31 de mayo de 2016 y el 6-7 de junio del mismo año. La ampliación se cerró el día 18.
Estos siete directivos pidieron los préstamos como anticipos de sueldo y se da la casualidad de que también casi todos invirtieron en acciones una cantidad equivalente al 50-60% del dinero obtenido de la financiación.
El que más dinero prestado pidió fue Rafael de Mena, director de Participadas, que solicitó un anticipo de 180.000 euros y días después invirtió 105.000 euros en la ampliación. El segundo fue Fernando Rodríguez Baquero, de Tecnología, que obtuvo un préstamo de 140.000 euros e invirtió casi 80.000. Los otros cinco fueron José María Sagardoy, de Riesgos, con 125.000 de crédito y 69.000 en acciones; Francisco Sancha, director financiero, que pidió 115.000 euros y compró 52.000 euros en títulos; Alberto Muñoz, de Medios, que solicitó casi 100.000 euros e invirtió casi 57.000; Antonio Pujol, de Banca Minorista, que obtuvo 86.000 euros en un préstamo y compró acciones por valor de 51.500 euros, y Susana de Medrano, de Participadas, que pidió 81.000 euros y adquirió títulos por casi 21.000 euros.
La clave para la investigación del juez Calama es averiguar si hubo órdenes para ofrecer financiación a clientes de cara a la ampliación y si, al margen de ello, la cúpula de Popular fue consciente de que esto ocurrió y no hizo nada para reflejar el impacto en las cifras de capital publicadas al mercado.
Sobre lo primero, los principales responsables de Popular —con el expresidente Ángel Ron a la cabeza— han señalado que no hacía falta dar créditos, ya que hubo sobredemanda en la ampliación. En su contra tienen el informe interno que elaboró el banco tras su salida, que expone que "se dieron instrucciones precisas de financiación", lo que acabó reflejándose en un expediente sancionador de la CNMV.
En cuanto a la transparencia con el mercado, Popular no reconoció la financiación de acciones hasta el año siguiente, tras una revisión liderada por el sucesor de Ron, Emilio Saracho, que cuantificó el posible impacto en 205 millones, un 8% de los 2.500 millones captados en la ampliación.
Tasaciones en el foco
La Audiencia quiere precisar ahora el importe exacto de la financiación que dio Popular para la compra de acciones. Por ello, ha pedido a Santander que detalle el nombre de todos los inversores que acudieron a la ampliación, si recibieron algún tipo de crédito y qué ocurrió con este dinero durante las fechas de la operación.
Junto a esta vía de investigación, el juez Calama está centrado en averiguar si el banco refinanció a grandes clientes de manera irregular a través de sociedades luxemburguesas, por lo que también ha pedido una oleada de pruebas a Santander y al Banco de España, y en si Popular manipuló sus tasaciones inmobiliarias, para lo que espera un informe pericial del Banco de España, para lo que ya ha nombrado a dos inspectores: Álvaro López y Teodoro Fernández.
Éxito del Popular holandés
Los inversores de Banco Popular tienen un referente en el que fijarse. El Gobierno holandés decidió el pasado viernes compensar con 804 millones a los antiguos bonistas de SNS Bank, una entidad intervenida en 2013. Tras casi ocho años de batalla legal, los dueños de la deuda de este banco han conseguido una victoria histórica. Los accionistas de momento no han tenido la misma suerte. En el caso de Popular, hay en juego cifras muy superiores. Por un lado, los antiguos accionistas, que solo en la ampliación invirtieron 2.500 millones, de los que unos 800 millones ya aceptaron un acuerdo amistoso de Santander. Y por otro lado hay 2.000 millones en manos de bonistas que perdieron su dinero en la resolución.