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Gran enfado de algunos directivos

Desconcierto empresarial con el Gobierno tras incautar test de detección del Covid

Grandes firmas muestran temor y malestar por no poder ejecutar sus protocolos de seguridad sanitaria tras retenerse pruebas diagnósticas. El Gobierno ha dictado una orden para controlar los test

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Adelantado en

Pánico en el Ibex por la toma de control del Gobierno de las pruebas de diagnóstico del coronavirus. Varias multinacionales consultadas por El Confidencial han mostrado su temor por no poder llevar a cabo los planes de seguridad sanitaria que habían diseñado para sus plantillas con el objetivo de retomar cuanto antes la actividad y frenar la sangría de negocio que se les viene encima.

Estas empresas se muestran perplejas ante la orden dictada por el Ministerio de Sanidad este martes, que 'de facto' toma el control sobre todo el material sanitario —aunque sea de entidades privadas— destinado a realizar pruebas de diagnóstico del Covid-19, el protocolo más destacado por la OMS para poder trabajar con el menor riesgo de contagio.

Varias de las empresas expresan que no saben muy bien cómo actuar en este momento, sobre todo después de que el Gobierno haya requisado más de 2.000 test de detección rápida que Siemens Gamesa había encargado a un proveedor, para que este lo distribuyera entre sus mutuas médicas para que sus empleados se hicieran la prueba antes de volver al trabajo en sus fábricas.

La situación denunciada por Siemens Gamesa, adelantada por El Confidencial este martes, ha provocado malestar en Alemania, lugar donde Siemens tiene su sede mundial, según detallan fuentes al tanto de la incautación. Un deterioro diplomático con el país que lidera 'de facto' la Unión Europea, en un momento en que la solidaridad de los socios comunitarios será clave para garantizar la sostenibilidad de la deuda española. Este mismo martes, el FMI advirtió de que España se aboca a la recesión más profunda desde la Guerra Civil de 1936.

La situación está forzando que empresas ya estén repensando sus planes sanitarios, explican diversas fuentes de los sector financiero, de seguros, consultoría, industria o energía. Una de estas compañías señala que ya habían contactado con varios proveedores de los test de detección con el objetivo de proveer a sus plantillas de las pruebas en su regreso a sus puestos de trabajo. De hecho, tenían ya sobre la mesa distintos precios y tipos de test diagnósticos de diversas entidades médicas privadas que realizan las pruebas.

"Es una vergüenza... El famoso exprópiese está aquí. Hemos normalizado colas en supermercados, confinamiento, errores y errores, y ahora confiscaciones por el 'bien común'... Y a las empresas se les exige (permisos remunerados, pruebas...), no se les pregunta, y encima se las penaliza", se queja otro directivo destacado del Ibex 35.

Esta situación, si cabe, está deteriorándose aún más tras la publicación de la orden ministerial de este martes. En la misma, firmada por Salvador Illa, el Gobierno señala que "las comunidades autónomas tendrán a su disposición los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada ubicados en su comunidad autónoma que no estén prestando servicio en el Sistema Nacional de Salud, así como su personal".

"Asimismo, cualquier entidad de naturaleza pública o privada que, en relación con las pruebas diagnósticas para la detección del Covid-19, adquiera hisopos para toma de muestras, medio de transporte de virus, reactivos de inactivación, kits de extracción de ácidos nucleicos o reacciones de PCR, o test rápidos diagnósticos, deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma en la que se encuentre ubicada y/o preste sus servicios, con indicación expresa del tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de uso", prosigue la instrucción del Gobierno.

Además, "el Ministerio de Sanidad podrá adoptar, en su caso, las medidas oportunas en atención a criterios de necesidad y urgencia, con el objetivo de garantizar los principios de equidad y cohesión". Este es el punto más inquietante para las empresas, que 'de facto' creen que el Gobierno ha llevado al BOE la capacidad de tomar el control sobre los test de detección y usarlos como estime oportuno justo cuando muchas de estas compañías buscaban aprovisionarse de los mismos. Como adelantó este lunes El Confidencial, ya estaban trabajando para lograr pasaportes sanitarios contra el virus que les permitan agilizar su reinicio de actividad.

"Sanidad podrá adoptar las medidas oportunas en atención a criterios de necesidad y urgencia", dice el Gobierno sobre los test de entidades privadas

Este mismo martes, tanto el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, como el ministro de Sanidad, Salvador Illa, han explicado que las pruebas deben estar bajo el mando de las autoridades para que se usen de la manera que sea más efectiva. Según destacaban, si las pruebas no se realizan a los colectivos que se debe, pueden perder eficacia en la lucha contra la pandemia.

Esta orden se activa después de que fuera el propio Gobierno el que levantara el fin de la hibernación inquiriendo, además, que todas las empresas que volvieran a la normalidad lo hicieran con las mayores garantías de sanidad. Por eso, durante este tiempo, las firmas han creado comités de preparación, que ahora ven cómo sus planes se pueden ir al traste por la acción del Ejecutivo, de ahí su mezcla de temor por la incertidumbre y de enfado.

Fotograma del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el ministro de Sanidad, Salvador Illa (i). (EFE)

La interpretación que están haciendo las empresas es que el Gobierno trata de aprovisionarse de la mayor cantidad de test posibles para utilizarlos en hospitales y residencias, donde han declarado en reiteradas ocasiones que estas pruebas son críticas. Además, es de dominio público que los test escasean, tal y como admitió uno de los miembros del comité científico de expertos que asesora al Gobierno, Antoni Trilla, jefe de epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona.

El malestar del sector privado va en aumento. La requisación de test denunciada por Siemens Gamesa no es la primera que se produce desde que está en vigor el estado de alarma, que habilita legalmente al Gobierno, aunque cada vez haya más expertos que dudan del encaje constitucional de algunas medidas. También las propias CCAA se quejaron en los primeros días de la falta de llegada de productos sanitarios. Ya antes se requisaron mascarillas y otros materiales a diferentes agentes, que optaron por dejar de buscar material en el exterior.

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