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la modificación de enero

El 'TC catalán' frena la norma de Torra que ampara la okupación judicializada

El Consejo de Garantías Estatutarias, órgano que vela por que las normas se ajusten al estatuto catalán, asegura que es irracional y arbitrario amparar la okupación ilegal

'Skyline' de Barcelona.

Jarro de agua fría del Consejo de Garantías Estatutarias al Gobierno de Joaquim Torra. Este órgano, que sería comparable al Constitucional catalán, se ha pronunciado este lunes en contra del decreto de Vivienda que acaba de aprobar la Generalitat y que permite llegar a legalizar hasta los casos de okupación que ya han sido judicializados.

Este pronunciamiento obliga a Torra, que este martes tiene Consejo Ejecutivo, a tener que decidir a las puertas de unas nuevas elecciones si modifica esta normativa, que era una de sus medidas estrella, desiste o busca otro camino para conseguir sacar adelante estas polémicas medidas.

El Consejo de Garantías se ha pronunciado después de que Ciudadanos le pidiera un dictamen el pasado mes de enero. Para poder acudir a este órgano, se requiere contar con un número mínimo de representantes en el Parlamento de Cataluña, al que no llegaba el PP, mientras que el PSC, que sí podría haberlo hecho, no intentó impugnarlo.

Según señalan desde la formación naranja, el "dictamen asegura que es irracional y arbitrario amparar la okupación ilegal", pronunciamiento que, a la espera de conocer la reacción del Ejecutivo de Torra, pone la alfombra roja al sector para poder llevar a los tribunales cualquier decisión en este sentido.

El pasado 21 de enero, en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, se publicó la modificación del artículo 2.1 del Decreto Ley 17/2019, que permite considerar vacía una vivienda cuando no está legalmente habitada, no porque su dueño no quiera sino porque ha sido okupada, hecho evidente al haberse denunciado.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. (EFE)

El Gobierno de Torra introdujo esta modificación a instancias de Podemos a principios de año. Ahora, con el pronunciamiento en contra, el sector cuenta con una potente arma legal para, si la Generalitat decide seguir avanzando en esta dirección, acudir a los tribunales, como ocurrió con el decreto de las VTC.

No obstante, en contra de los intereses de los empresarios del sector inmobiliario juega que este pronunciamiento se ciñe a la modificación de principios de año, no al resto del real decreto, que fue refrendado hace dos semanas.

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