El Gobierno plantea un duro recorte de las concesiones costeras para las empresas

Alerta roja entre diversas empresas y patronales gallegas, que ven peligrar su actividad en las zonas de costa tras la nueva propuesta realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Representantes del área que dirige Teresa Ribera plantearon recientemente una serie de nuevas medidas para modificar el artículo 135 del Reglamento General de Costas, correspondiente al "Otorgamiento y duración de concesiones y sus prórrogas". La iniciativa se puso encima de la mesa hace pocas semanas en el Grupo de Trabajo del Litoral, dependiente del Consejo Asesor del Medioambiente.

En el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, la redacción del artículo 135 añade una serie de nuevos criterios. Según fuentes del ministerio, para "objetivar y poner criterios de plazos y prórrogas de las concesiones". En el documento de trabajo, el ministerio señala en su primer párrafo: "En marzo de 2019 se sometió a consulta pública el proyecto de reforma del Reglamento General de Costas. Como resultado de las alegaciones recibidas, se consideró que era necesario realizar una propuesta más concreta y desarrollada del artículo 135 respecto a los criterios de modulación de los plazos de las concesiones y sus prórrogas".

No obstante lo anterior, fuentes de Transición Ecológica advierten de que se trata de una propuesta "muy preliminar" a la que los interesados y afectados por la misma podrán hacer sus alegaciones. Posteriormente, se incorporaría la propuesta de modificación de este artículo, que pretende llevar a cabo desde principios de año el Gobierno.

Para los empresarios afectados por el mismo, hay una serie de artículos que ponen en riesgo su actual actividad en la ribera del mar. Dos de los puntos que más preocupan son el seis y el siete, ya que suponen una drástica reducción de los plazos de concesión a las actividades industriales que actualmente se desarrollan a pie de playa, muy presentes en Galicia.

En este sentido, Transición Ecológica detalla que las concesiones para este tipo de actividades no podrán exceder los 15 años, y si existe "impacto paisajístico negativo, producir efectos negativos sobre la protección ecológica de la interacción tierra-mar, impedir significativamente la capacidad de la costa para adaptarse a los efectos del cambio climático o generar impactos sobre la dinámica litoral, la concesión solo se otorgará o prorrogará si concurren razones de interés público debidamente acreditadas que lo hagan necesario. Se fijará un plazo inicial de duración máximo de tres años y solo se podrá prorrogar el título si la solicitud se acompaña de propuesta de actuación para evitar, reducir o mitigar esos impactos y efectos".

Movilizaciones a nivel local

La situación ha activado todas las alarmas entre los empresarios afectados, ya que la propuesta es radicalmente diferente de la situación actual, que aunque tiene carácter potestativo (la Administración decide), goza de concesiones de hasta 75 años para cualquier tipo de actividad (chalés, hoteles, empresas) y posibilidad de solicitar prórrogas más allá de ese periodo. De esta manera, asociaciones patronales, empresas y administraciones locales de Galicia están movilizándose para tratar de revertir esta situación.

La situación ha activado todas las alarmas entre los empresarios afectados, ya que la propuesta es radicalmente diferente de la situación actual

El secretario general de la Anfaco, José Manuel Vieites, portavoz de la asociación que representa a la industria conservera de alimentación en Galicia, señala que la situación es muy preocupante y están explorando qué posibilidades tienen con sus servicios jurídicos. Según explica, hay muchas actividades que tradicionalmente en Galicia se realizaban en la ribera del mar que, si se tienen que trasladar a otros lugares, supondrán un esfuerzo inversor que para muchos es inviable, lo que complicaría mucho la situación de las empresas afectadas.

En este sentido, desde Transición Ecológica matizan que aquellas actividades que obligatoriamente se deban realizar en el mar y en el litoral seguirán como hasta ahora. Sin embargo, lo que se busca es sacar de la costa aquellos procesos industriales que puedan desarrollarse en otro lugar más adecuado y menos dañino desde el punto de vista medioambiental.

Antes de las elecciones gallegas de 2020

Con este panorama, varias poblaciones están mostrando su desaprobación con la normativa que diseña el Gobierno de Pedro Sánchez. En 'concellos' como el de A Illa y Cambados debaten mociones para salir en apoyo del sector industrial gallego. La cuestión no es menor y el ruido va en aumento en un momento crítico desde el punto de vista político, ya que en 2020 se celebrarán elecciones a la Xunta de Galicia, gobernada por el popular Alberto Núñez Feijóo.

El secretario general de Anfaco asegura que el secretario general del PSOE en Galicia, Gonzalo Caballero, les ha trasladado un mensaje de calma y les ha emplazado al día 21 de noviembre, momento en que el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada de Azpiazu, se pronunciará sobre esta cuestión. Mientras tanto, fuentes al tanto de esta situación aseguran que la CEOE estuvo presente en la reunión donde Transición Ecológica lanzó la propuesta con las nuevas restricciones y está tratando de encauzar la situación para los potenciales empresarios afectados.

Golpe para Ence

Por otro lado, el potencial Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y PSOE no ha rebajado los ánimos en este sector. Otro de los grandes afectados por las intenciones del Gobierno es Ence, ya que un tercio de sus ingresos proviene de la factoría ubicada en la ría de Pontevedra. La compañía cotizada en el Ibex 35 sufrió duras caídas esta última semana, tras la victoria del PSOE en las elecciones generales.

La planta pontevedresa sufrió un duro revés a principios de año en el contencioso que mantiene por la denuncia del Ayuntamiento de Pontevedra y los ecologistas. La Abogacía del Estado, que hasta entonces defendía la vigencia de su concesión y la prórroga para poder operar en las próximas décadas, decidió allanarse (dejar de defender su postura) ante la interpretación que se hace de la Ley de Costas de que toda concesión no puede prorrogarse de su periodo máximo, en este caso 60 años, lo que llevaría a Ence a tener que cerrar en 2023.

También a principios de año el Gobierno elaboró un borrador de real decreto para modificar el reglamento general de costas y hacerlo más restrictivo, ya que el anterior Gobierno del PP había sido más laxo y permitido prórrogas a diferentes actividades. No obstante, dicho borrador de proyecto de ley fue retirado tras percatarse de que el Consejo de Estado podía realizar un duro informe jurídico sobre el mismo, tal y como adelantó El Confidencial.

Sin embargo, el departamento dirigido por Teresa Ribera no ceja en sus planes, de ahí la nueva propuesta preliminar puesta en circulación en las últimas semanas. Ahora bien, para modificar este reglamento, tendrá que lograr el apoyo de partidos como el BNG, Coalición Canaria, el PRC, el PNV o ERC, todos ellos afectados por la normativa. Es más, las fuentes consultadas sostienen que Foment del Treball, la patronal catalana, también está al tanto de este asunto por la afectación que puede tener para empresas catalanas del litoral mediterráneo.