A INSTANCIAS DEL BCE
Banco de España investiga a 41 altos cargos de Popular por "ocultar" un agujero contable
El regulador abre expediente sancionador a Ron, el consejo de Popular y algunos directivos por dar créditos para comprar acciones y "ocultar" su agujero inmobiliario desde 2014
Nuevo frente legal para los exconsejeros y exdirectivos de Banco Popular. El Banco de España ha decidido abrir un expediente sancionador a 41 antiguos altos cargos liderados por Ángel Ron por presuntas infracciones contables entre 2009 y 2016, según ha podido confirmar El Confidencial. La institución cree que los responsables de la entidad inflaron las cifras de capital y "ocultaron" el agujero inmobiliario con una operativa opaca de sociedades en Luxemburgo.
"Banco Popular habría ocultado el control [de sociedades con exposición inmobiliaria] bajo la apariencia de que habían sido adquiridas por un inversor ajeno que operaba a través de sociedades radicadas en Luxemburgo (el grupo Thesan), a las que Banco Popular facilitó la financiación necesaria para realizar las adquisiciones", expone el expediente, al que ha tenido acceso este medio. "El periodo temporal de este posible incumplimiento abarca, al menos, desde diciembre de 2014 hasta febrero de 2017", añade, por lo que incluiría a la ampliación de 2016.
El regulador español ha actuado a instancias del Banco Central Europeo (BCE), que le pidió en noviembre que investigara diversas presuntas irregularidades administrativas en Popular. Tras un análisis de varios meses, el Banco de España ha decidido que hay indicios de infracción y abrió expediente en su comisión ejecutiva del pasado 22 de marzo. El proceso sancionador queda suspendido temporalmente, al haber un proceso penal en marcha en la Audiencia Nacional. Desde el Banco de España declinaron hacer comentarios sobre entidades supervisadas.
El regulador detecta cuatro infracciones que asigna a distinto nivel a los 40 expedientados. Contra Ron dirige las cuatro. También se dirige contra el expresidente Emilio Saracho (una infracción, como heredero de decisiones del equipo anterior); consejeros como Roberto Higuera (cuatro), Helena Revoredo (cuatro), Luis Herrando, Antonio del Valle (tres), José María Arias (cuatro) y Reyes Calderón (cuatro); los consejeros representantes de Allianz (dos) y Crédit Mutuel (cuatro); los ex consejeros delegados Francisco Gómez (cuatro) y Pedro Larena (tres), y exdirectivos como Javier Moreno (tres) y Francisco Sancha (cuatro).
También hay exejecutivos de Popular que permanecen en la entidad tras la venta por un euro a Santander: Rafael Muñoz, Susana de Medrano, Isabel Moreno y Carmen Riveras, la mayoría con solo una posible infracción.
Cuatro infracciones
El Banco de España ha ido comunicando la apertura del expediente en las últimas semanas y diciendo a cada uno cuántas presuntas infracciones les asigna dentro de las cuatro investigadas.
Las dos primeras giran en torno a la financiación por parte del banco para la adquisición de sus propias acciones. No es algo irregular, pero sí lo es que compute como capital, ya que aunque las acciones las compre un particular, el riesgo lo asume la entidad. El Banco de España detecta dos posibles infracciones a este respecto: por la financiación al núcleo duro entre 2009 y 2016 y por los créditos para comprar acciones en la polémica ampliación de 2016.
Así, Popular y sus filiales habrían financiado durante años (desde 2009) a la Sociedad General Financiera y Fiduciaria y la Unión Europea de Inversiones. Estos dos accionistas, que tenían silla en el consejo, habrían recibido unos 145 millones sin que Popular dedujera los créditos de su cifra de capital.
El Banco de España destapa irregularidades en las contabilidades de sociedades ligadas a Thesan
Junto a esta contabilización, el Banco de España también investiga los créditos a clientes para comprar acciones en mayo y junio de 2016. El equipo de Saracho detectó que Popular financió a través de su red en torno a 220 millones de su propia ampliación. Un importe que tendría que haber restado de sus fondos propios, recortando la tasa de solvencia.
La tercera de las presuntas infracciones es por la adquisición de 525 millones en títulos propios —autocartera— sin autorización del regulador; y la cuarta por "ocultar" en sus cuentas su exposición a cinco grandes sociedades inmobiliarias en problemas: Gestión de Activos Castellana 40 (GAC 40), Platja Amplaries, Marina Golf, Taler Real Estate y Corporación Financiera Issos.
Se trata de empresas que, según documentación en el sumario de la Audiencia Nacional, Popular habría financiado irregularmente a través de una tercera sociedad en Luxemburgo, Thesan, para evitar que quebraran. Así habría evitado tener que quedarse estas sociedades y asumir su agujero.
Otros frentes
Junto a esta investigación del Banco de España, la contabilidad de Banco Popular ya ha provocado expedientes de la CNMV contra Ron y otros exconsejeros y exdirectivos; y dos del ICAC contra PwC, como adelantó este medio. Todos están paralizados a la espera de que avance la causa penal.
La Audiencia Nacional dio un acelerón la semana pasada con la publicación del informe pericial de dos inspectores del Banco de España. Estos subrayan algunos presuntos fallos contables y de previsiones en la ampliación, como la financiación de acciones, que critican abiertamente, pero no concluyen que las cuentas no reflejaran una imagen fiel.