jaque a la concesión de la papelera de pontevedra
"El cambio de criterio radical" de la Abogacía amenaza el 30% del negocio de Ence
El Gobierno de Rajoy dio 60 años de concesión a la polémica papelera cuando estaba en funciones. El del PSOE ordena un cambio de postura sin precedentes en los tribunales
La polémica papelera de Ence en Pontevedra está tocada de muerte. La Abogacía del Estado ha cambiado de criterio por orden del Ministerio de Transición Ecológica y ha decidido apoyar al Ayuntamiento de Pontevedra y a asociaciones como Greenpeace en su pretensión de que se anule la concesión por 75 años que concedió el propio ministerio con el PP en el poder. La empresa ha contestado que no hay nada que justifique "un cambio de criterio tan radical y arbitrario". La nueva postura, anunciada por la compañía en un hecho relevante, hizo caer a la empresa un 5% en bolsa, ya que un tercio de su facturación procede de esta papelera.
El Ministerio de Medio Ambiente se la dio y el Ministerio de Transición Ecológica se la quitó. La polémica celulosa de Ence en Pontevedra, atacada por ecologistas y vecinos durante lustros y defendida por los trabajadores, recibió en enero de 2016 lo que parecía el salvavidas definitivo. El Gobierno de Rajoy esperó a que pasaran las elecciones y, ya en funciones, le otorgó permiso para seguir 60 años más. La papelera ocupa dominio público junto a la ría y por lo tanto necesita una concesión de Costas para operar. A cambio, obligaban a la empresa a una serie de inversiones para reducir la contaminación y los olores, un caballo de batalla histórico en la provincia.
Después de años y miles de folios defendiendo a la Administración, la Abogacía del Estado se ha puesto de parte de los demandantes
La prórroga generó una serie de contenciosos. El Ayuntamiento de Pontevedra (BNG), Greenpeace y la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) recurrieron a la Audiencia Nacional para intentar revocar el permiso. Como es habitual, el Estado defendió su resolución. La Abogacía del Estado ha mantenido hasta ahora la legalidad de la prórroga de la concesión, como ha hecho la empresa. El primero de los recursos —hay hasta siete pleitos— fue desestimado en diciembre. Otro, el de Greenpeace, está visto para sentencia.
Pero el viernes pasado, con la precampaña electoral en marcha, algo cambió. Después de defender durante miles de folios la concesión, la Abogacía del Estado se allanó a tres de los recursos. Allanarse significa que apoya su tesis. Como si un defensa en el último minuto se cambiase de camiseta y pasase al equipo atacante. Así, la propia Administración demandanda, que desde hace tres años ha defendido la legalidad de la concesión, se pone de repente del lado de los demandantes.
La Abogacía no explica en la documentación aportada si ha descubierto algo nuevo que le haya llevado a cambiar de criterio. El documento en el que autoriza el allanamiento incluye una genérica autorización firmada por el subdirector de lo contencioso. Allí explica ahora que "en relación con el uso del dominio público marítimo-terrestre, de conformidad con la normativa de Costas, únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo terrestre con aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación".
"Dado que en la orden ministerial recurrida no queda justificado que la ubicación de la mercantil sobre el dominio público marítimo-terrestre no pueda tener otro emplazamiento, ello no sería conforme con el régimen normativo aplicable", añade. Esos son argumentos que los ecologistas llevan esgrimiendo desde hace años y la Abogacía del Estado los estaba replicando. Fuentes jurídicas no recuerdan un cambio de criterio así de la Abogacía del Estado. Aunque cambien los gobiernos, el servicio jurídico suele defender las actuaciones de la Administración. Desde el verano pasado, cientos de concesiones de Costas están en riesgo de extinción porque se cumplieron los 30 años previstos en la Ley de Costas de julio de 1988.
La Abogacía señala ahora que solo se podrá ocupar "el dominio público marítimo terrestre con aquellas actividades que no puedan tener otra ubicación"
El Gobierno del PSOE podía haber optado por revisar la concesión de oficio si consideraba que estaba mal dada, pero en su lugar se ha sumado a los recursos contra la Administración. En la justificación, apunta que el reglamento de costas contraviene la propia ley, aunque ese reglamento sigue vigente.
Ence cayó en bolsa el jueves un 5,33% por si los tribunales revocan la concesión, algo probable, dado que ya no la defiende ni la Administración que la otorgó. La celulosa supone un 70% del negocio frente a un tercio que es la energía. La fábrica de Pontevedra supone un 30% del ebidta de la empresa y su cierre sería un duro golpe. "Esta actuación solo puede ser explicada en clave electoral y supone una falta de respeto hacia los puestos de trabajo de miles de empleados, proveedores y del mundo rural, altamente dependiente de la actividad forestal de la empresa, ya que Ence es el destinatario de la mitad de la madera que se produce anualmente en Galicia. El 30% de las personas empleadas en el sector forestal de Galicia depende de la actividad de Ence", afirmó la empresa en un comunicado.
Ence considera que el cambio "es contrario a la buena fe procesal, constituye un fraude de ley y es lesivo para sus derechos consolidados"
Según la empresa, de la papelera "dependen de forma directa e indirecta más de 5.100 familias": 400 empleados fijos más "2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte [...] así como más de 2.100 empleos en el sector forestal de Galicia que dependen directamente de la actividad de Ence-Pontevedra". La ría de Pontevedra tiene un grave problema de contaminación que ha estado en el punto de mira de la Comisión Europea.
La empresa ha reaccionado también en la Audiencia Nacional. Allí ha presentado un escrito en el que señala que "no existe ninguna circunstancia conocida por Ence o que le haya sido comunicada a Ence por el ministerio demandado, de la que pueda inferirse que motive o justifique el allanamiento del ministerio en su condición de parte demandada del presente procedimiento". Considera que el cambio de criterio "es contrario a la buena fe procesal, constituye un fraude de ley y es lesivo para los derechos consolidados de esta parte", y destaca que Ence nunca tuvo noticia de que la Administración iba a cambiar de criterio. Es previsible que el caso derive en una compleja reclamación de indemnización a la Administración si finalmente la concesión es revocada.
La noticia fue recibida con alegría en el ayuntamiento y entre los ecologistas porque consideraron que "abre la puerta" al fin de la papelera. "Celebramos que el Estado reconozca el valor de este terreno público y las demandas que durante estos últimos años hemos realizado desde Greenpeace. Confiamos en que la Justicia y el Estado de derecho resuelvan en favor de la preservación del medio ambiente", señaló en un comunicado Pilar Marcos, responsable de la organización ecologista.