El gigante canario de la seguridad 'pirata' se retira y deja a 3.700 trabajadores en vilo

Seguridad Integral Canaria cesa su actividad. Así se lo ha comunicado este martes la compañía propiedad del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, al comité de empresa, según unos audios de la reunión a los que ha tenido acceso este periódico. "Esta empresa se retira, se acaba, se terminó, no seguimos. Hasta aquí hemos llegado", informa el director general, Héctor de Armas, a los representantes de los trabajadores. "La decisión del accionista es la que es. No pongo un duro más y me voy del sector de la seguridad. Punto".

No obstante, se compromete a cumplir hasta el último momento tanto con los empleados —que denuncian impagos constantes y retrasos en las nóminas— como "con los bancos, con Hacienda y con la Seguridad Social". Lo mismo indica el comunicado interno del comité de empresa, que solicita “calma y tranquilidad” a la plantilla tras remarcar el “compromiso de pagar a los trabajadores, proveedores y bancos” por parte de la empresa. “El administrador único Héctor de Armas comunica el cese de actividad. El 1 de septiembre serán liquidados (vendidos o cedidos) los servicios privados”, añade el documento. La empresa hará lo propio con los servicios públicos a partir del 1 de octubre. La firma, nacida en Canarias —donde acapara la mayoría del mercado de seguridad privada—, cuenta con 3.700 empleados en toda España y tiene tres líneas de negocio: vigilancia —al que pondrá fin—, transporte de fondos y sistemas de alarma.

Según los sindicatos, Seguridad Integral Canaria garantiza que la nueva empresa subrogará a los trabajadores actuales. No obstante, y a pesar de los audios, fuentes de la compañía aseguran que aún no hay ninguna decisión tomada y descartan el cierre. Sí se estaría barajando el "cese de actividad para una serie de servicios concretos, aunque por ahora no sabemos a cuántos empleados podría afectar".

Su caso es un claro ejemplo de empresa ‘pirata’ que ha intentado tirar los precios para hacerse con adjudicaciones a la baja, como indican fuentes sindicales. “En los últimos años, han proliferado las compañías que, amparadas en la reforma laboral, han irrumpido en el mercado de la seguridad privada con convenios de empresa para abaratar costes y aumentar así su cartera de clientes”, explica el responsable de seguridad privada estatal de UGT a este periódico. Diego Giráldez recuerda que tampoco es la primera vez que estas mismas firmas cesan su actividad “y ponen en riesgo miles de puestos de trabajo”.

Otro ejemplo reciente es Segur Ibérica, que acabó vendiendo sus unidades productivas tras efectuar un ERE que afectó a unos 2.000 trabajadores. Los otros 7.500 fueron reubicados en la nueva empresa, I-SEC International Security. Eso sí, existe una diferencia sustancial entre esta última y Seguridad Integral Canaria, pues la primera se acogía al convenio estatal de seguridad y la segunda creó su propio convenio en Las Palmas, con salarios inferiores para los empleados.

"Los impagos y los retrasos en las nóminas son habituales", denuncian los sindicatos

No obstante, el Tribunal Supremo ratificó la nulidad del convenio en Las Palmas el verano pasado por no considerar legítima la representación laboral que lo firmó. “Además, son habituales los impagos o los retrasos en la nóminas”, apostillan fuentes sindicales. Sobre el papel, la firma se acogió desde ese momento al convenio estatal de seguridad —con mejores condiciones para los trabajadores—, pero lo incumplía sistemáticamente, según estas mismas fuentes.

¿Por qué abandona el sector?

La empresa de Miguel Ángel Ramírez dio el salto a la Península con contratos públicos en Metro de Madrid, entre otros muchos. En la reunión con el comité de empresa aludió a la mala situación económica que atraviesa para justificar su cese de actividad, como informa el sindicato USO. También ha cuantificado su deuda en 7,2 millones de euros. “Esta decisión viene motivada por una demanda penal que interpusimos por evasión de cotizaciones sociales”, hilvana el secretario general de la Federación de Seguridad Privada de USO, Basilio Febles, que mantiene varios procedimientos judiciales contra la empresa dirigidos por el letrado Ismael Franco, de ADR Abogados. El presunto fraude a la Seguridad Social asciende a "21 millones de euros”.

"Las administraciones públicas nos deben 25 millones de euros", protestan fuentes de la empresa

Seguridad Integral Canaria culpa a la demora de pago por parte de las administraciones públicas, a las que considera el origen de todos sus problemas. "Nos deben 25 millones de euros. Eso genera tensiones de tesorería e impagos a los trabajadores", precisan fuentes de la compañía a El Confidencial.

Fuentes del sector especulan con la posibilidad de que Seguridad Integral Canaria traspase el negocio a Sinergias de Seguridad y Marsegur, ambas con convenio propio y esta última conocida por pagar poco más de “700 euros al mes” a sus empleados. “Son claras muestras de empresas que recurren a políticas desleales —basadas en abaratar costes— para acaparar el mercado” y llevarse las adjudicaciones, sostiene el portavoz de UGT tras pedir un cambio en el modelo de contratación pública.

"Hay que estar vigilantes ante una posible nueva estrategia tramposa de esta empresa por su intención de desviar su cartera de clientes a otras compañías (...) con el fin de aplicarles condiciones salariales muy inferiores y para enmascarar el impago de sueldos que mantienen desde hace meses", añade el Sindicato Libre de Seguridad (SLS).

Los sindicatos vigilarán de cerca que el traspaso o venta se realiza de forma transparente y conforme a la legalidad. “Exigiremos que los trabajadores sean subrogados por empresas que cumplan escrupulosamente el convenio estatal”, zanja Giráldez.