El Gobierno cierra definitivamente Garoña por el rechazo de la oposición e Iberdrola
No obstante, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha señalado que esta es una decisión muy singular y apoya que Almaraz continúe funcionando más allá de 2020, cuando cumple 40 años
Central nuclear de Santa María de Garoña. (Antonia Gutiérrez)
El Gobierno ha decidido no alargar la vida de la central nuclear de Garoña. El ministro de Energía ha argumentado que toma esta decisión por el carácter singular de esta central, que lleva cerrada desde 2012 y su aportación al sistema de generación eléctrica es muy limitada. Álvaro Nadal ha señalado que el Ejecutivo decreta el cierre definitivo después de que toda la oposición se haya situado, a priori y sin el debate que hubiera deseado el PP, en contra de la reapertura de la central nuclear.
El no definitivo a Garoña
Por otro lado, Nadal ha señalado que una de las empresas que componen Nuclenor, en alusión a Iberdrola, ha utilizado el cierre de Garoña como elemento de presión tras imponer en 2012 una tasa a las residuos radiactivos. La decisión del Gobierno, señala Nadal, trata de dar certidumbre económica y por ello transmite esta decisión para que tomen sus propias decisiones. La compañía de generación eléctrica pidió en 2014 la reapertura de la centra hasta el año 2031. Sin embargo, este año cambió de opinión por decisión de Iberdrola. Nadal ha recordado que el cierre en 2012 de Garoña le supuso una sanción a Nuclenor (18 millones de euros de la CNE). El titular de Energía sostiene que la reapertura implicaría una serie de mejoras e inversiones en la planta que retrasaría su puesta en marcha dos años más.
En otro orden de cosas, Nadal ha señalado que para los trabajadores de la central hay un plan de prejubilaciones y recolocaciones y ha pedido la colaboración de Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola, para que se dé impulso económico a la zona de la central, situada en el este de Burgos, en la comarca de Las Merindades. Durante el desmantelamiento, Enresa, la compañía pública encargada del desmantelamiento, seguirá realizando aportaciones a los municipios afectados por el cierre. En total, son dos millones y medio de euros anuales durante los próximos trece años. Actualmente, Garoña tiene 230 trabajadores directos y otros 150 que operan a través de subcontratas.
Pese a la decisión, el ministro de Energía ha subrayado en varias ocasiones en una rueda de prensa ante los medios que se trata de un dictamen singular dada la situación de la central de Garoña, que lleva cerrada desde 2012 y su aportación al sistema de generación eléctrica es muy limitada. De hecho, el ministro ha dicho que el Gobierno es partidario de que la central nuclear de Almaraz, que produce con una potencia cinco veces mayor a la central burgalesa (2.200MW, frente a 450MW), siga funcionando.
Los trabajadores serán prejubilados y recolocados y Enresa mantendrá aportaciones a los municipios de la zona por dos millones y medio más de 13 años
En este sentido, Nadal ha argumentado que el cierre de todo el parque nuclear que solicitaba Podemos y fue rechazado no se contempla porque una medida así supondría una subida de la luz del 25%. El ministro ha explicado que se trata de una tecnología que pese a los residuos no emite CO2. También ha dicho que la vida útil hasta los 40 años es un término mediático que no se sustenta desde el punto de vista jurídico, ya que la vida de cada central responde a ciclos de uso que deben pasar por la aprobación del Consejo de Seguridad Nuclear en cada caso.
La decisión llega una semana antes de que expirara el plazo que el Gobierno se había dado para tomar una decisión, seis meses después de que el Consejo de Seguridad Nuclear decretara que su reapertura estaba condicionada a la decisión del Ejecutivo y a la implementación de una serie de medidas de seguridad. El Gobierno abrió un periodo de alegaciones que se ha saldado con 17 peticiones de diferentes colectivos (todas favorables al cierre excepto los municipios de la zona y la Junta de Castilla y León). Entre las mismas, no estaba la de la propietaria de la central Nuclenor. La compañía participada por Iberdrola y Endesa al 50% rechazó esta posibilidad después de que el último consejo de administración celebrado el 19 de julio terminara sin acuerdo entre las dos accionistas. Iberdrola mantuvo su negativa a pedir la reapertura mientras Endesa prefería esperar a que se pronunciara el Ejecutivo.
Para el futuro, el Gobierno apela al grupo de expertos nombrado la pasada semana, que tendrá que dictaminar cómo debe ser el sistema energético del país. La ley de Transición Energética y Cambio Climático empezará a tomar forma a partir del próximo año. Entonces se podrá vislumbrar mejor qué le depara al uranio.