Blackstone pacta comprar el 51% de todo el ladrillo tóxico de Banco Popular

La gran operación inmobiliaria del momento ya tiene un virtual ganador. El fondo estadounidense Blackstone ha sido el elegido para hacerse con el 51% de los 30.000 millones en activos tóxicos (inmuebles adjudicados y créditos fallidos) de Banco Popular que su nuevo dueño, Banco Santander, ha decidido poner a la venta.

El pasado viernes por la mañana, la firma dirigida en España por Diego San José pactó una serie de preacuerdos que, si nada se tuerce hasta que Competencia europea dé todas las bendiciones a la compra de Popular por parte de Santander, permitirán a la entidad cántabra anunciarlo como ganador, una noticia que inicialmente se esperaba para este lunes, pero que la entidad presidida por Ana Botín ha preferido retrasar hasta que Bruselas se pronuncie. Ninguna de las partes implicadas ha querido hacer comentarios.

El fondo estadounidense competía en este proceso con otros dos gigantes internacionales, Lone Star y Apollo, que hace una semana presentaron ofertas por esta cartera, puja en la que también estuvo intentando entrar Cerberus hasta el último momento.

Tanto Blackstone como Lone Star y Apollo han jugado a encontrar un equilibrio entre el precio al que están dispuestos a comprar el 51% de todo el ladrillo y el plan de negocio que proponen para gestionar la cartera.

Para Santander, esta segunda parte es casi más importante que la propuesta exclusivamente económica, ya que al quedarse como socio al 49%, su verdadera ganancia llegará con la gestión a medio plazo de estos activos y su posterior venta.

A la espera de Competencia

José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, aprovechó la presentación de resultados semestrales del pasado viernes para señalar que espera recibir el beneplácito de Competencia en las próximas semanas, momento a partir del cual se empezarán a tomar decisiones de calado en el Popular, como es la venta de esta cartera inmobiliaria.

Formalmente, hasta que no reciba esta última luz verde, Santander no es dueño al 100% del banco y, por tanto, si firmara operaciones de gran trascendencia para el patrimonio del Popular antes de tener su absoluto control, los anteriores accionistas podrían ejercer acciones legales en su contra, una nueva ofensiva que se sumaría a la ola de reclamaciones a la que ya se enfrenta.

Precisamente, este decalaje entre la adjudicación de Popular por un euro y el beneplácito de Competencia ha permitido a Santander liberarse del compromiso que asumió con Apollo cuando le vendió Altamira, por el cual el fondo tiene una especie de derecho preferente ante la venta de cualquier activo inmobiliario del banco.

Hasta que Bruselas no estampe su firma, formalmente es Popular quien está sacando al mercado estos 30.000 millones en activos inmobiliarios, traspaso en el que se incluye la totalidad de Aliseda, lo que no es óbice para que la entidad haya seleccionado ya a su favorito, Blackstone, aunque formalmente la operación no se cierre hasta que se pronuncie Bruselas.

De esta forma, Santander puede seguir avanzando en su objetivo de dejar cerrada la operación antes de concluir este ejercicio, movimiento dirigido a hacer ver a los inversores que la entidad reconoce las pérdidas y las corrige rápidamente.

Rápido saneamiento

La primera decisión que tomó Santander tras la resolución y compra de Popular fue lanzar una ampliación de capital de 7.000 millones, dinero dirigido en su inmensa mayoría a elevar las provisiones de los activos inmobiliarios del banco filial hasta el 65%.

En concreto, en el caso de los 17.500 millones brutos de adjudicados, el saneamiento asciende al 63%, lo que ha permitido sacarlos al mercado por 6.500 millones; mientras que los 12.100 millones en créditos han sido cubiertos al 75%, facilitando así que su valoración neta se haya aproximado a los 3.000 millones.

Con este saneamiento sobre la mesa, la compra del 51% podría rondar los 5.000 millones de euros, ya que en el mercado se especula con que las tres ofertas han ido muy en línea con las provisiones, lo que significa haber valorado la totalidad del ladrillo puesto en venta en 9.500 millones.