Linde arropa a MAFO por su actuación en la crisis, pese a las pérdidas de 60.600 millones

Criticar a MAFO (Miguel Ángel Fernández Ordóñez) "no es cuestionar a una persona concreta, sino a la institución y este país no se puede permitir que se cuestione al Banco de España". Esta sorprendente afirmación fue hecha por el entonces subgobernador del BdE, Fernando Restoy, en el verano de 2014, y este principio es el que preside el llamado 'Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014': ni la más mínima crítica a la actuación del anterior gobernador, pese a que el BdE por fin reconoce que la inyección de capital en la banca ha sido de 77.000 millones, de los que se perderán 60.600.

El BdE se escuda en que no tenía instrumentos supervisores suficientes para atajar la crisis, y echa la culpa de lo ocurrido a un cúmulo de causas ajenas a sus responsabilidades: "El agravamiento de la crisis, tras el rápido deterioro de los mercados financieros internacionales, y el afloramiento, en un entorno recesivo, de los desequilibrios acumulados en España en el periodo de expansión previo" a partir de 2009. Y, por supuesto, la segunda recesión de 2011, "que ningún organismo internacional supo prever y que desembocó en una crisis impredecible", sin la cual la banca habría salido adelante.

El único atisbo de crítica se refiere más a la época de Jaime Caruana, predecesor de MAFO: "Durante la fase expansiva, el elevado crecimiento del crédito concedido al sector privado, su concentración en el sector inmobiliario y el creciente recurso a la financiación mayorista frente a los depósitos para financiar el crecimiento del crédito colocaron al sector bancario y a la economía española en una posición muy vulnerable".

El BdE hasta se pone medallas

Pero no contento con despejar balones a córner, el antiguo supervisor (la supervisión de las principales entidades españolas se traspasó al BCE precisamente a causa del desastre de nuestro sector financiero) incluso se pone algunas medallas. Por ejemplo, "la práctica supervisora española que exigía que los vehículos estructurados de inversión se incluyeran en el balance de las entidades" en vez de venderse a terceros como en EEUU, que fue lo que provocó la crisis 'subprime', antesala de la crisis financiera mundial. O las provisiones contracícilicas (la famosa genérica), "que contribuyeron a reducir el coste del ajuste", si bien admite que "resultaron insuficientes".

Otro mérito polémico que se atribuye se refiere a las fusiones de cajas que acabaron nacionalizadas y con ingentes cantidades de dinero público. A este respecto, el informe las considera "necesarias", aunque reconoce que la fórmula elegida inicialmente, los SIP o 'fusiones frías', no sirvió nada más que para vencer las resistencias de los gobiernos autonómicos.

Pero el punto más discutible es la justificación de la decisión de rescatar a las cajas en vez de dejarlas caer: "La liquidación de las entidades con dificultades a través de procedimientos concursales habría supuesto la asunción de gran parte de las pérdidas por parte de los depositantes, o por parte de los contribuyentes, en la medida en que el Estado hubiera tenido que cubrir los depósitos, ya que, previsiblemente, el FGD no habría podido hacer frente sin ayuda pública a una situación de esas características. Ello habría tenido, además, un efecto demoledor sobre la estabilidad del resto del sistema financiero, sobre la economía real y sobre el empleo". Estas afirmaciones no están sustentadas en ningún estudio más allá de los cálculos teóricos que se hicieron en su día de lo que habría costado liquidar cada entidad nacionalizada.

Pérdidas calculadas con criterios europeos

Hasta ahora, las cifras oficiales del Banco de España limitaban la cuantificación de las ayudas a 61.495 millones y no estimaban las pérdidas. En este libro blanco adopta por fin el criterio de la Comisión Europea de que las ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos también son ayudas de Estado (porque si este fondo, dotado por las propias entidades, no tiene suficiente dinero, lo pondrá el Estado). El Gobierno socialista y el BdE utilizaron al FGD en vez de al FROB para dar varios esquemas de protección de activos (garantías contra pérdidas futuras) y que no computaran como déficit público. El más grande fue el concedido al Sabadell para comprar la CAM, cuya quiebra se juzga estos días en la Audiencia Nacional.

Sin embargo, al final se ha rendido a la evidencia y ha adoptado la aproximación que ha realizado el Tribunal de Cuentas, según la cual "la estimación de estos recursos debe incorporar, además de las aportaciones de capital, los fondos provisionados para hacer frente a los costes que puedan derivarse de garantías concedidas en los procesos de integración y venta". Bruselas también incluye otras ayudas como el traspaso de los inmuebles de las entidades rescatadas a Sareb por un precio muy superior al de mercado; si se incluyeran, las ayudas públicas superarían los 100.000 millones.

Y estas ayudas no han acabado, sino que el rescate de las cajas sigue costando dinero al erario público todavía hoy (el informe del Banco de España se detiene en 2014). Como informó El Confidencial, en 2016 el Estado dio por perdidos –y computó como déficit– otros 2.400 millones derivados de la devolución de la salida a bolsa de Bankia a los inversores minoristas y de la recapitalización de Sareb tras sus fuertes pérdidas.