La macroampliación del Popular se enfrenta a posibles demandas y a precios de derribo

Huelen a sangre, y la sangre en el mundo de las finanzas significa negocio. La primera fila de la junta de accionistas del Banco Popular de este lunes estaba ocupada por algunos de los principales banqueros de inversión y abogados corporativos de España: Enrique Casanueva (JP Morgan), Luis Isasi (Morgan Stanley), Luis de Carlos (Uría y Menéndez), Fernando Torrente (Allen & Overy), etc. Todos ellos prestos a llevarse su bocado de la nueva ampliación de capital anunciada por Emilio Saracho, el presidente del banco. O bien de su subasta, si la operación no funciona.

Según fuentes cercanas a la entidad, Saracho quería evitar por todos los medios tener que volver a ampliar capital por las enormes dificultades que tendrá una operación de estas características, entre ellas la amenaza de demandas judiciales. Pero, para eso, necesitaba que el BCE le concediera tiempo, mucho tiempo, para poder ir saneando poco a poco el balance con la venta de activos y la generación de beneficios. Y Danièle Nouy, la jefa del supervisor, no se lo ha dado. Así que a la fuerza ahorcan: tendrá que intentar la ampliación.

Y ya puestos, más vale que sobre que no que falte. El presidente dijo: "Mi preferencia es que apelemos al mercado no solo para cumplir los mínimos regulatorios, sino para alcanzar un volumen de recursos suficiente que permita ejecutar nuestra estrategia y competir en el mercado en igualdad de condiciones". Es decir, está hablando de irse a las cantidades que estiman los analistas, unos 3.000 millones. Es verdad que podría reducirlo con lo que pueda obtener de la venta de activos como Wizink, TotalBank o incluso el Pastor. Pero las fuentes citadas aseguran que la ampliación tendrá ese importe y los ingresos de la venta de activos serán adicionales, para obtener en total entre 4.000 y 4.500 millones. Una cifra que permitiría situar su ratio de capital en el 12% desde el 7,2% actual.

Y ahora va a ser mucho más difícil conseguirlo que entonces. La acción ha entrado en barrena (ayer, cerró en un nuevo mínimo histórico de 0,734 euros tras desplomarse el 9,61%) y los inversores no se fían de la capacidad del banco para salir adelante en solitario. Además, si tiene que pedir tanto dinero y no puede volver a apelar a los minoristas tras el desastre del año pasado, no le quedará más remedio que 'tirar' los precios. En el mercado, hay quien habla incluso de que podría hacerla a cinco céntimos y pone el ejemplo de BCP, que cotizaba a 0,92 euros e hizo su aumento a 9 céntimos. Aunque no se llegue a tanto, tendrá un efecto dilutivo terrorífico sobre los actuales accionistas —forzados a elegir entre poner más dinero o abandonar el barco— y, 'de facto', supondrá que quienes no acudan a la ampliación perderán el control del banco.

[La crisis del Banco Popular: de la ampliación de capital a los mínimos en Bolsa]

La ampliación de 2016 no avisaba del peligro

Pero no se trata solo del precio. Ampliar capital de nuevo puede interpretarse como un reconocimiento de que la anterior ampliación fue una operación ruinosa, y se ocultó a los inversores que existía un elevado riesgo de que así fuera, o que la verdadera situación del banco era mucho más grave de lo que decía el folleto de la operación. Lo cual servirá de base a demandas de los minoritarios contra el banco. En la junta de ayer, no solo estaban los grandes despachos buscando negocio con la cúpula del banco: también había pequeños bufetes y diversas asociaciones de accionistas buscando reclutar clientes entre la tropa de accionistas para montar estas demandas.

No está claro que estos argumentos tengan un sustento firme, ya que había un amplio capítulo de riesgos en dicho folleto. Pero también es verdad que las previsiones que contenía no se cumplieron: por ejemplo, decía que, después de los saneamientos para los que pedía el dinero el banco, daría unas pérdidas de 2.000 millones y en realidad fueron de 3.485,3 millones, las mayores de su historia. Y encima, la semana pasada afloraron nuevos agujeros; aunque Saracho se ha cuidado mucho de reformular las cuentas de 2016 (llevará el impacto contra las de 2017), varios despachos norteamericanos preparan demandas colectivas en ese país.

"Los jueces no nos van a dar la razón nunca"

Al final, da un poco lo mismo. Se ha creado un nuevo sector económico, el de los abogados que viven de demandar a los bancos, y este sector necesita negocio. Y para eso, el Popular es una perita en dulce. No solo por el lado de los accionistas que acudieron a la ampliación de 2016, sino por los que se convirtieron en accionistas a través de los ruinosos bonos convertibles del banco. El propio Saracho se mostraba ayer desanimado por esta situación: "Aprendamos la lección como bancos: los jueces no nos van a dar la razón nunca, la tengamos o no".

En resumen, el BCE ha torcido el brazo de Saracho. Junto a sus nuevos fichajes del antiguo BBV anunciados ayer (Ignacio Sánchez-Asiaín y Vitalino Nafría), no tendrá más remedio que acometer una macroampliación de capital a precios de derribo y con la amenaza de una avalancha de demandas judiciales. Es posible que no lo consiga y que, al final, tenga que vender el banco, como él mismo reconoció. Los accionistas seguirán pagando el pato de los desmanes del pasado. Pero los bancos de inversión y los abogados se llevarán su parte del botín pase lo que pase.