Dos providencias de este mismo mes de marzo han supuesto un auténtico varapalo para los intereses de los fondos oportunistas, que en los últimos meses se han hecho con el 80% de la deuda de las autopistas en quiebra. La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de dar la razón a Ciralsa, concesionaria de la Circunvalación de Alicante, y a Alazor Inversiones, cabecera de las radiales R-3 y R-5, impide iniciar la fase de liquidación y obliga a volver a valorar el convenio de acreedores propuesto por las dos sociedades.
Sendos fallos son firmes y no admiten recurso, según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, lo que confiere al Gobierno más tiempo para encontrar una solución a las autopistas quebradas y, sobre todo, le permite seguir adelante con su estrategia de dejar correr el tiempo, ya que cuanto más se retrase la solución, menor será la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) a la que deberán hacer frente las arcas públicas, ya que cada vez será menor el tiempo de concesión que quede por delante.
Con estas cartas sobre la mesa, los fondos oportunistas que han adquirido la deuda de estas autopistas ven esfumarse un negocio que prometía ser redondo, ya que ahora se encuentran entre la espada y la pared de intereses encontrados. Y es que ni los fondos son un bloque completamente unido, ya que cada uno ha comprado deuda de diferentes autopistas y con diferentes quitas, ni las empresas accionistas —Abertis, ACS, Sacyr y Globalvía en el caso de R-3/R-5 y Ciralsa— tienen los mismos intereses.
Por el lado de los fondos, la diferencia radica en que la RPA reconocida en cada concesión es de proporciones muy diferentes. Así, por ejemplo, mientras Ciralsa y R-3/R-5 figuran entre las que mayor cheque tienen reconocido, la R-2 apenas tiene. Por el lado de las empresas, la clave está en la reforma fiscal del pasado diciembre, que solo permite a las compañías aplicarse la deducibilidad de pérdidas en caso de concurso si la concesión entra en fase de liquidación, por tanto, solo podrán desgravarse el dinero invertido en las radiales liquidando estas sociedades.
Este escenario genera que mientras unas compañías están interesadas en lograr sacar adelante un convenio que impida llevar a sus autopistas a la definitiva bancarrota, otras pueden estar más interesadas en acelerar la liquidación para beneficiarse fiscalmente, sobre todo teniendo en cuenta que ya tienen provisionada toda la pérdida que les ha generado esta inversión.
Los fondos han valorado tanto una opción como la otra, ya que la principal amenaza para su negocio es, precisamente, que el tiempo pase sin ningún acuerdo, escenario en el que se encuentran actualmente y que ha ganado cuerpo con estos dos nuevos fallos.
El callejón en el que han quedado atrapados los fondos empezó a vislumbrarse ya a finales del año pasado, cuando estos se acercaron a las compañías para animarlas a retirar sus recursos para acelerar la liquidación y activar cuanto antes la RPA. Es decir, para jugar a la contra de la estrategia del Estado. Pero no se logró, y precisamente han sido los recursos de las concesionarias los que han permitido escapar de la liquidación a Ciralsa y R-3/R-5, al menos por el momento, y han dado oxígeno al Gobierno cuando se veía ya abocado a lo inevitable.
Según Seopan, el impacto en la contabilidad pública del rescate de todas las autopistas radiales sería de 4.032 millones por la RPA, además de 625 millones de préstamos participativos. A esta cantidad se debe añadir la parte todavía no satisfecha de los entre 1.000 y 1.200 millones por sobrecostes de las expropiaciones. Desde la patronal, se lanzó ayer un mensaje animando al Gobierno a sentarse a buscar una solución, incluso mediante la adopción de fórmulas individuales para cada autopista, que evite llevarlas a liquidación.
Actualmente, se encuentran en esta situación la AP-36 (Ocaña-La Roda) y la M-12 (Eje Aeropuerto). Si R-3/R-5 y Ciralsa hubieran corrido la misma suerte, el Ejecutivo se enfrentaba a un escenario de liquidaciones en cadena que ahora ha conseguido frenar y que, según las fuentes jurídicas consultadas, puede dilatar hasta más allá de 2019 cualquier activación de la RPA, la cual, además, todo apunta a que terminará fijándose vía tribunales ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo.
Las autopistas quebradas son un saco formado por las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la AP-36 Ocaña-La Roda, la M-12 Eje Aeropuerto, la circunvalación de Alicante (Ciralsa), la AP-41 Madrid-Toledo y Aucosta (Cartagena-Vera), que operan en conjunto 710 kilómetros, el 23% de la red.