El Ibex paga un 70% más de impuestos sobre sus beneficios tras los decretos de Montoro

Hacienda ha cumplido su objetivo. Las modificaciones introducidas por la cartera que dirige Cristóbal Montoro en la recta final del pasado ejercicio han disparado casi un 70% el impuesto sobre beneficios, que las mayores compañías del país han tenido que reconocer en sus últimas cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas.

Las empresas del Ibex, que en las últimas semanas han presentado en bloque sus auditorías correspondientes al pasado ejercicio, saldaron el año 2016 con el reconocimiento de 11.219 millones de euros en tributos, frente a los 6.710 que se apuntaron un año antes, según puede comprobarse con la información remitida por estos grupos a la CNMV —Comisión Nacional del Mercado de Valores—.

Esta cifra todavía engordará más en las próximas semanas, cuando Inditex, el todopoderoso ‘holding’ dueño de Zara, presente los resultados de su ejercicio fiscal, que termina en marzo, lo que previsiblemente permitirá superar la barrera de los 12.000 millones, ya que el pasado año el grupo de Amancio Ortega se apuntó 861 millones en impuestos sobre sus beneficios.

En principio, los impuestos sobre los beneficios es donde se recoge cuánto pagan las compañías por sociedades, pero debe tenerse en cuenta que los impuestos devengados no suelen coincidir exactamente con los pagados, ya que existen diferencias temporales y otras reglas contables que obligan a contabilizar un gasto que no implica necesariamente su pago.

A pesar de estos matices, la mejor prueba de que los cambios introducidos han surtido efecto es que, mientras los beneficios antes de impuestos del conjunto del Ibex se han incrementado un 37,6%, los impuestos reconocidos se han disparado un 67,2%, con lo que la fuerte subida de estos no viene determinada solo por la mejora de los resultados empresariales. A esto se debe sumar la rebaja del impuesto de sociedades del 28% al 25%, que debería haber jugado en favor de las compañías, pero cuyo efecto ha quedado diluido por las reformas fiscales del pasado diciembre.

Los principales cambios que introdujo Hacienda fueron la limitación a la compensación de las bases imponibles negativas, que en el caso de las grandes compañías iba a ser del 70% y quedó cercenada al 25%; el establecimiento de un nuevo límite para la aplicación de deducciones por doble imposición, que se llevó al 50%, y el endurecimiento de la reversión de las deducciones por pérdidas en valores en cartera (filiales y participadas).

Los efectos prácticos de estas medidas han sido, básicamente, dos. Por una parte, se ha reducido la capacidad de las empresas para desgravarse pérdidas, lo que les permitía reducir la base del beneficio sobre la que Hacienda cobra los impuestos; y por otra, se les ha obligado a devolver el dinero que se dedujeron por la pérdida de valor de filiales.

Las compañías del Ibex que mayor porcentaje de sus ganancias han tenido que dirigir a saldar cuentas con el fisco han sido Acerinox, Indra y ACS, que han destinado un 47%, 43% y 40%, respectivamente, de su beneficio antes de impuestos. La otra cara de la moneda corresponde a Banco Popular que, al haber presentado un resultado bruto negativo de 4.888 millones de euros, ha visto como la cuenta con el fisco se saldaba a su favor.

La entidad ahora presidida por Emilio Saracho ha sido la única compañía del Ibex en haber arrojado números rojos en su beneficio antes de impuestos, frente a los tres grupos de un año antes: Abertis, Indra y Repsol. Sin embargo, el pasado ejercicio, hasta siete compañías pudieron inclinar a su favor las cuentas con Hacienda.

Se trata de Abertis, CaixaBank, Cellnex, DIA, Ferrovial, Indra y Repsol, y su caso es un ejemplo de cómo, hasta las reformas de diciembre, era más fácil no solo rebajar la factura con Hacienda sino tener ganancias brutas y no tributar. Estas prácticas, legales hasta los cambios introducidos hace tres meses, son las que ahora Montoro se ha propuesto eliminar.

Además, en el caso de las compañías del Ibex, el endurecimiento de la fiscalidad ha sido todavía más difícil de digerir que para las empresas no cotizadas, ya que al haber presentado las cuentas antes de marzo (el resto tiene hasta el próximo día 31 para hacerlo), han tenido que reconocer de golpe el dinero que se dedujeron en el pasado por la pérdida de valor de sus valores en cartera.

El ICAC ha terminado concediendo un plazo de cinco años para hacer esta digestión, prórroga que el organismo dependiente del Ministerio de Economía no desveló hasta la semana pasada, cuando las mayores compañías del país ya habían cerrado sus cuentas, lo que ha jugado en favor de la Hacienda pública en este ejercicio... y en contra de los intereses de las empresas.