El juez pone contra las cuerdas a Mutua Universal con un aval de 195 millones

El juez que instruye el caso del macrofraude de 200 millones de euros de la Seguridad Social ha puesto contra las cuerdas a Mutua Universal, al imponerle una fianza de 195 millones para cubrir la posible responsabilidad civil. La mutua, que administra dinero de las cotizaciones sociales, ha contestado que no puede formalizar tanta cantidad en un aval y busca recursos de última hora con el que solventarlo. El caso se encamina al banquillo, sin que ni las empresas que se lucraron ni la mutua hayan de momento respondido por lo defraudado.

En 2007, la policía irrumpió en las oficinas de Mutua Universal en Barcelona. Con la intervención policial, se acabó con una etapa en la gestión del dinero de las cotizaciones sociales en las mutuas. Estas son entidades tuteladas por Empleo y colaboran con la Seguridad Social. Manejan cotizaciones de los trabajadores -dinero público- y no tienen ánimo de lucro, pero entonces devolvían a las empresas dinero de las cotizaciones de los trabajadores para ganar cuota de mercado. La que más forzó la máquina fue Mutua Universal, y la Seguridad Social zanjó el asunto con una denuncia a la fiscalía.

Casi 10 años después están acusados los antiguos directivos de Mutua Universal, que se sentarán en el banquillo. Pero el titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona intenta afianzar el dinero defraudado. Primero ha comenzado a ir a por las empresas que se beneficiaron del fraude y que están como partícipes a título lucrativo del delito. Hay multinacionales como La Caixa, Citröen, gobiernos como el de La Rioja y universidades. Estas empresas y organismos recibían de vuelta parte del dinero de las cotizaciones de sus trabajadores. Son 2.289 empresas que deben avalar cada una lo que les correspondía. Pero ese proceso es lento y poco productivo. Muchas empresas están descubriendo ahora el problema y se niegan a pagar o se hacen las remolonas. Otras han desaparecido y es directamente imposible localizarlas.

La entidad admite ante el juez que esa fianza "generaría problemas con relación al desarrollo normal de la actividad económica de Mutua Universal"

Así que el juez decidió el pasado 15 de diciembre que Mutua Universal, que es responsable civil subsidiaria, debía prestar una fianza de 195,08 millones de euros. Mutua Universal recurrió convencida de que podría rebajar esa cantidad. Su argumento es que el juez debía exigir primero el dinero a las empresas y solo entonces pedirle lo que faltase. El pasado 18 de mayo, la mutua recibió la decisión del juez de desestimar su recurso y exigirle la fianza. Esto ha puesto contra las cuerdas a la mutua, que desde el 19 de mayo "no puede realizar ningún acto de disposición sobre los bienes de su patrimonio ni contraer obligaciones de ninguna clase sin la previa autorización de la dirección general de la Seguridad Social", según un escrito que la mutua ha enviado al juzgado, al que ha tenido acceso El Confidencial.

La mutua ha presentado recurso de reforma ante el propio magistrado en el que señala que la ejecución de una fianza de más de 195 millones "es imposible para Mutua Universal y, además, aunque no afectaría a la gestión normal encomendada y propia derivada de la colaboración con la Seguridad Social, generaría problemas con relación al desarrollo normal de la actividad económica de Mutua Universal". Por todo, la mutua reclama que se suspenda la fianza hasta que no depositen el dinero todas las empresas beneficiadas del fraude.

Además, la junta directiva de la mutua -que desde hace años está sin representante de los trabajadores- se reunió al recibir la orden de prestar la fianza y adoptó el acuerdo de comunicar al juzgado cualquier acto que afecte al patrimonio de la mutua. Lo hace como cautela "para no incurrir en un hipotético alzamiento de bienes".

Los edificios de la mutua en Barcelona son valiosos pero no cubren ni de lejos la cantidad a afianzar

El caso tiene a la mutua contra las cuerdas. En otro escrito al juzgado, la entidad admite que "aunque se trate de una medida de carácter provisional, los efectos de la prestación de fianza y el posible embargo de bienes provocan efectos materiales y económicos reales y muy perjudiciales". Y considera que es innecesario avalar ya. Fuentes conocedoras del caso explican que el patrimonio histórico de la mutua no alcanza a cubrir ni de lejos esa fianza, y que han sondeado la posibilidad de hipotecar sus valiosos inmuebles en el centro de Barcelona. Pero en las conversaciones, la cifra que se ha manejado como valor de tasación es de 50 millones, con lo que no solucionaría el problema.

El caso ha generado reuniones de urgencia en el Ministerio de Empleo, y según fuentes del sector se llegó a plantear la posibilidad de que la Seguridad Social tutelase la mutua con una gestora, algo que niega una portavoz de la Seguridad Social.

Un portavoz de Mutua Universal destaca que "ya fue eximida de prestar fianza con anterioridad en dos procedimientos seguidos ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal de Cuentas respectivamente". Este niega que las empresas se estén dando de baja por la obligación de prestar fianzas. Según este, en el primer cuatrimestre de 2016, el negocio creció un 5,82% respecto del mismo periodo del año anterior.

Mutua Universal presta servicios a 158.851 empresas y a 1,34 millones de personas. Da cobertura a un 7,95% de los trabajadores en régimen general y a un 7,38% de los trabajadores autónomos en España. Tiene 1.802 empleados y dispone de 137 centros de trabajo.

Durante años, la mutua concedió a las empresas lo que en el sector se conocía como 'extornos', devoluciones de parte de las cuotas a la Seguridad Social. A veces era en metálico y a veces en otros conceptos, como ordenadores o prebendas a directivos. El informe pericial clave en la causa cita un acuerdo entre Mutua Universal y La Caixa según el cual la mutua pagaba un médico a jornada parcial y un ATS a jornada completa (algo no previsto). Además, incluye "dotación de fisioterapia dedicada a la rehabilitación funcional de personal directivo" y “reconocimiento médico del personal vip”. La Caixa recibió en estos extornos 3,168 millones. La principal beneficiada fue Citröen, con más de 11 millones.

El fiscal pidió en noviembre 15 años y medio de cárcel para el exdirector general de Mutua Universal Juan Aicart y penas de hasta seis años y 10 meses para una decena de exdirectivos de la entidad.