Moncloa dice no a Fainé y le obliga a elegir entre La Caixa y CaixaBank

Isidré Fainé, presidente de La Caixa y la Confederación de Cajas (CECA), ha recibido una negativa de Moncloa a sus pretensiones de que los presidentes de las antiguas cajas pudieran mantener su cargo en ésta y en el banco a través del que ejercen su negocio financiero. La versión definitiva del proyecto de Ley de Cajas, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, mantiene esta incompatibilidad, por lo que Fainé tendrá que elegir entre la presidencia de La Caixa y la de CaixaBank. A cambio de esta medida, el Gobierno ha suavizado dos requisitos que imponía en el primer borrador: por un lado, las cajas no tendrán que reducir su participación por debajo del 50% en sus bancos aunque éstos requieran ampliar capital por problemas de solvencia (un punto que parece chocar con el Memorándum de Entendimiento. MoU, con la UE); por otro, se reduce el procentaje necesario para aprobar el pago de dividendo de estos bancos, desde el 75% hasta el 66%.

El último intento de Fainé para conseguir su objetivo consistía en proponer que la incompatibilidad afectara sólo a los cargos ejecutivos, no a los dominicales (representantes de los accionistas), pero fue rechazada la semana pasada por Economía, según fuentes conocedoras de la situación. "Era lógico que se permitiera a las cajas nombrar a quien quieran como representante suyo en calidad de accionista, lo contrario sería vulnerar los derechos de propiedad", aseguran en otra caja afectada por esta norma. En la misma situación que Fainé en La Caixa y CaixaBank se encuentran Braulio Medel en Unicaja, Amado Franco en Ibercaja, Mario Fernández en KutxaBank y Manuel Menéndez en Liberbank.

Aquí el Gobierno sí ha seguido a pies juntillas la recomendación del MoU, cuyo punto 23 establece que "las autoridades propondrán medidas para reforzar las normas de idoneidad de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros y para adoptar requisitos de incompatibilidad para los órganos de gobierno de las antiguas cajas de ahorros y los bancos comerciales bajo su control". Ahora bien, el Ejecutivo concedió a Fainé un período transitorio de un año, lo que, sumado a que la norma no verá la luz hasta finales del ejercicio, le permitirá simultanear la presidencia de la caja y del banco hasta finales de 2014 o principios de 2015.

A cambio de la incompatibilidad establecida por la nueva Ley, se otorgan dos concesiones a estas entidades. La más importante es que se refuerza la capacidad de las antiguas cajas para mantener una participación de control en sus bancos. Ya en el primer borrador de la norma, Fainé consiguió una victoria al no incluirse en el mismo la obligación de desprenderse de ningún porcentaje (actualmente, La Caixa posee el 62% de CaixaBank). Pero entonces se establecía que, si los bancos necesitaban ampliar capital por un deterioro adicional de su situación, las cajas no podían acudir, con lo que no tenían más remedio que diluir su participación en esos casos.

No perderán el control si hay que ampliar capital

Según ha anunciado el ministro de Economía, Luis de Guindos, tras el Consejo de Ministros, finalmente sí podrán acudir a estas ampliaciones, aunque no podrán ejercer sus derechos políticos por encima del 50%. Pero lo importante es que no se diluirán por debajo de ese porcentaje. El mismo punto 23 del MoU dice que "las autoridades españolas prepararán para finales de noviembre de 2012 normas que aclaren la función de las cajas de ahorro en su calidad de accionistas de entidades de crédito, para, en último término, reducir su participación en las mismas hasta un nivel no mayoritario".

El informe del FMI sobre la evolución del rescate financiero de España, publicado esta semana, insiste en ese punto al solicitar que la nueva Ley "establezca incentivos eficaces para que las antiguas cajas de ahorros deinviertan gradualmente sus participaciones de control en los bancos comerciales". El único incentivo que se incluye es la obligación para las fundaciones de dotar un fondo de reserva ante posibles insolvencias del banco filial, pero no se ha determinado aún la cuantía de ese fondo.

En segundo lugar, Guindos ha hecho otra concesión a las cajas al rebajas la exigencia del primer borrador de contar con la aprobación del 75% del capital del banco para poder cobrar dividendos, como adelantó El Confidencial. En el texto definitivo, este porcentaje se rebaja hasta dos tercios del capital, más fácil de alcanzar por las nuevas fundaciones (y coincidente con el porcentaje necesario para cambiar la sede social). La queja de las cajas era que van a tener mucho más difícil atraer inversores si no pueden garantizarles un pago de dividendo al exigirse un quórum tan alto.