El nuevo modelo de financiación no garantiza la ordinalidad, pero sí lo hace para Cataluña

El nuevo modelo de financiación autonómica que propone el Gobierno de España no garantiza la ordinalidad para todas las comunidades autónomas, pero sí lo hace para Cataluña. Así lo ha precisado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "El modelo tiende a la ordinalidad", ha precisado, pero no ocurre así para todas las comunidades autónomas. Por ejemplo, Madrid es la comunidad que más aporta pero no va a ser la que más reciba con este nuevo sistema, sino que será la segunda.

Uno de los motivos por los que no ocurre esto, ha explicado Montero, es que, para respetar que ninguna comunidad autónoma pierde financiación, Cantabria y Extremadura se sitúan en el vagón de cabeza, aunque su aportación sea próxima a la media. Este criterio, el de statu quo, sólo se aplica para estas dos CCAA.

El motivo por el que el modelo "tiende a la ordinalidad" es porque reduce la solidaridad entre territorios. El motivo es que las dos comunidades más ricas, Madrid y Cataluña, reducen significativamente su aportación al reparto interterritorial. De esta forma, las comunidades ricas pasan de estar en la media de financiación a ocupar los primeros puestos.

Montero ha dado algunos detalles de la propuesta que ha pactado con ERC y con el Govern de Cataluña. Se trata de un cambio integral que modifica tanto el cálculo de la población ajustada como los mecanismos de nivelación horizontal y vertical. En total, el Estado pondrá 21.000 millones de euros para el nuevo sistema y pretende que entre en vigor en el año 2027.

Más recursos

La propuesta de Hacienda eleva los recursos del sistema en 21.000 millones de euros. De esta cuantía, 16.000 millones proceden de una mayor cesión de impuestos, al elevar del 50% al 55% la cesión del IRPF y del 50% al 55,6% del IVA. Cuantía que, hasta ahora, se quedaba el Estado.

Además, el Estado transferirá 5.000 millones de euros adicionales para hacer una nivelación entre las CCAA.

Hay otro cambio adicional, y es que impuestos que hoy están transferidos a las CCAA, pasan a incorporarse al sistema de financiación. Se trata de los impuestos de patrimonio, depósitos bancarios, actividades sobre el juego, y el impuesto sobre los residuos. Estos tributos pasarán a formar parte de la solidaridad territorial, de modo que las CCAA más ricas perderán una parte de esta recaudación.

El reparto

El Gobierno propone algunos pequeños retoques en el reparto de los recursos por población ajustada. Entre ellos, se incorpora un criterio adicional de costes fijos para las CCAA con menor población que tienen dificultades para alcanzar economías de escala.

A partir de ahí se realiza el reparto. En primer lugar, hay una nivelación horizontal (entre CCAA) llamada por el Gobierno mecanismo de solidaridad interterritorial. El criterio es que se reparten los recursos de las CCAA que tengan una capacidad tributaria superior a la media nacional, repartirán recursos entre las que estén por debajo hasta que todas las CCAA alcancen un mínimo del 75% sobre la media nacional.

En segundo lugar, se hace una nivelación vertical, según la cual el Estado aportará un total de 19.000 millones de euros. Estos recursos irán íntegramente a las CCAA que están por debajo de la media de financiación. Lo que se propone es que el Estado cubra dos tercios de la distancia de financiación que tengan esas comunidades respecto de la media nacional. Por ejemplo, para las CCAA que se quedan en el 75% de la media nacional, recibirían del Estado dos terceras partes de la distancia que les resta hasta la media nacional, esto es, casi unos 17 puntos.

Expandir

Además, se crean tres nuevos mecanismos adicionales de redistribución. El primero es la adhesión voluntaria a la recaudación del IVA de las pymes en cada territorio. Una decisión que beneficia específicamente a Cataluña, que es la que tiene más recaudación por esta vía. Este mecanismo consiste en que las CCAA podrían renunciar a una parte de la recaudación que reciben según el índice de consumo que se realiza en cada territorio por el IVA que generan sus pymes. Se trata de una decisión voluntaria que se tendría que mantener durante los cinco años que dure el modelo.

El segundo es la creación de un fondo climático dotado con 1.000 millones de euros. Se repartirá siguiendo el criterio de población ajustada, pero dos terceras partes se destinarán a las comunidades del Mediterráneo, mientras que el tercio restante se repartirá entre todas las CCAA. El argumento es que los episodios extremos derivados del cambio climático afectan especialmente a la franja mediterránea.

Por último, se garantiza el statu quo para todas las CCAA. Esto significa que ninguna región recibirá menos recursos de los que hubiese recibido con el sistema de financiación actual. Esto afecta exclusivamente a Cantabria y Extremadura. Eso significa que estas dos comunidades son las únicas que no recibirán más recursos con el cambio del modelo de financiación. El statu quo sólo se mantendrá durante el primer año de vigencia del modelo. A partir de entonces, Hacienda propone que estos territorios no puedan perder financiación para volver al puesto que les correspondería. Eso significa que, previsiblemente, su financiación se mantendrá congelada a futuro o crecerá muy poco.

Otros cambios

El Ministerio de Hacienda plantea además la renovación del Fondo de Compensación Interterritorial. Esta reforma no se incluye dentro del sistema de financiación autonómica, pero se dedicará específicamente a las comunidades que queden por debajo de la media nacional en financiación por habitante ajustado. El Estado aportará 3.300 millones de euros adicionales que se destinarán a inversiones en estas comunidades.

Este fondo existe actualmente y se aprueba anualmente en la Ley de Presupuestos. El Gobierno pretende cambiar su normativa para que no tenga un carácter tan discrecional, sino que se destine específicamente a los territorios que estén por debajo de la media en financiación.

Montero ha explicado que los recursos que va a ceder el Estado a las comunidades autónomas procederán del "dinamismo económico". Según la vicepresidenta, el crecimiento económico y la elasticidad de los impuestos (crecen por encima del PIB y la inflación) garantizará que el Estado tiene recursos para cederlos a las CCAA sin hacer ajustes. Eso sí, ha reconocido que el Estado tendrá que limitar su capacidad para desplegar políticas públicas. "El Gobierno decide que el mayor beneficio de ese dinamismo económico vaya casi en su totalidad a las CCAA", ha explicado Montero. No ha hecho referencia a las necesidades de gasto que afronta el Estado por las pensiones o el gasto en Defensa.