Los sindicatos empiezan a tocar tambores de guerra contra el Gobierno

Lo dice de forma muy gráfica un veterano dirigente sindical: “Vienen curvas”. No se refiere al escenario económico de 2021, que apenas servirá para recuperar la mitad del PIB perdido este año, sino a que tras las elecciones catalanas, probablemente el 14 de febrero, se desatarán los viejos demonios familiares en la izquierda. O, lo que es lo mismo, la vuelta a la confrontación entre los sindicatos, respaldados por Unidas Podemos (UP), y la parte socialista del Gobierno. En particular, con el área económica.

Es decir, en la ecuación política, ahora limitada a la confrontación de UP con Calviño en asuntos como el salario mínimo o la reforma laboral, hay que introducir las consecuencias que tendrá una posición más exigente de los líderes sindicales, hasta ahora alineados sin fisuras con Sánchez. Por lo tanto, en el horizonte se pergeña una nueva política de alianzas.

Lo singular es que en la nueva ecuación hay que incorporar a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero no en la trinchera de los sindicatos o de UP, sino más cerca de Calviño y Escrivá, aunque no totalmente alineada, y, por supuesto, del presidente del Gobierno, que ha dado señales de que en 2021 emprenderá un viaje al centro político, lo que necesariamente le alejará de la parte de la izquierda sindical y política que lo aupó al poder, incluidas las primarias.

La batalla de la cuantía del salario mínimo, aunque puede parecer lo contrario por la importancia pública que se le da, no es más que un señuelo, por muy relevante que sea para los sindicatos y para UP. Lo relevante es la derogación de los puntos más adversos para los sindicatos de la reforma laboral del Partido Popular, y, en un futuro no tan lejano, la reforma del sistema de pensiones que diseña el ministro Escrivá, aunque todavía está en una fase embrionaria. Principalmente, en dos puntos clave para los sindicatos: el número de años para calcular la cuantía de la jubilación (a partir de 2022, los últimos 25 años cotizados, y se baraja la idea de avanzar hacia los 35) y el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas.

Los sindicatos entienden que el actual sistema ya penaliza de más a los trabajadores que se jubilan antes de los 65 años con una larga carrera laboral. Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, ha estimado que el coeficiente de equilibrio en las jubilaciones anticipadas se sitúa entre el 4,60% y el 4,75%, dependiendo de los años del afectado, mientras que la Seguridad Social aplica reducciones anuales situadas entre un 6,5% y un 8%. Es decir, en la práctica, penaliza más de lo que debería, lo que, según el dirigente de CCOO, no justifica el endurecimiento sugerido por Escrivá.

Huelga general

Es decir, los asuntos de toda la vida que históricamente han separado a los sindicatos y al Gobierno socialista de turno desde 1985, cuando CCOO convocó por primera vez una huelga general contra un Ejecutivo de izquierdas por la reforma de las pensiones, que elevó de dos a ocho años el periodo de cálculo. Desde entonces, ha habido muchas otras huelgas generales, pero, por el momento, Sánchez es el único presidente del Gobierno que no ha tenido que enfrentarse a un paro de estas características.

Al menos tres factores apuntan que la estrategia sindical camina en esa dirección. Por un lado, el deterioro de las expectativas de la recuperación económica, que será mucho más limitada de lo que se preveía hace unos meses, lo que hace que los sindicatos sean más exigentes en sus demandas; en segundo lugar, la progresiva retirada de las ayudas y el hecho de que muchos ERTE acabarán por convertirse en ERE, y, en tercer lugar, un asunto que no hay que desdeñar, como es que UGT celebrará su 43 Congreso en mayo de 2021, y eso siempre alimenta las tensiones con el Ejecutivo de turno.

Otro veterano dirigente sindical lo explica de una forma muy clara. Si durante el año 2020, a consecuencia de la pandemia, la estrategia de los sindicatos ha consistido en ampliar lo que se ha llamado el escudo social todo lo que se pudiera, ahora toca “retomar la agenda”. O, lo que es lo mismo, atacar aquellas cuestiones que se pactaron en el programa de gobierno del PSOE y de Unidas Podemos, como la retirada de la reforma laboral. En concreto, la negociación colectiva, y, más en particular, la prevalencia de los convenios de empresa frente a los sectoriales o de ámbito superior.

Planes de pensiones de empresa

Los sindicatos son conscientes de que en la práctica el cambio que se introdujo en su día está teniendo escasa influencia en las relaciones laborales, ya que las empresas prefieren convenios de mayo ámbito por distintas razones, pero están convencidos, también algún dirigente del propio PSOE, de que si no se vuelve a la situación anterior, no será posible poner en marcha los planes de pensiones de empresa que el Gobierno quiere sacar adelante para descargar de presiones financieras a la Seguridad Social. Y para eso es necesario fortalecer la negociación colectiva.

Las pymes no tienen musculatura financiera para financiar las pensiones de sus trabajadores ni tampoco los salarios dan suficiente de sí como para ahorrar una cantidad mínimamente representativa. Sin embargo, en Reino Unido, desde finales de 2012, las empresas deben inscribir automáticamente a sus trabajadores, el llamado 'auto-enrolment', en un plan de pensiones, y el resultado es que ya hay más de 12 millones de partícipes. El sistema es obligatorio para los empresarios, pero voluntario para el trabajador.

La decisión de ampliar el periodo de cálculo para la jubilación ha irritado a los sindicatos

Y es por eso que ha irritado de una forma intensa la intención del Ejecutivo de ampliar el periodo de cálculo de los 25 años a partir de 2022 a 35 años, lo cual, sostienen, “ni está entre las recomendaciones del Pacto de Toledo ni se encuentra en el programa de gobierno que firmaron hace un año Sánchez e Iglesias”.

Los sindicatos recuerdan que durante lo que va de pandemia, junto a los empresarios, han firmado numerosos acuerdos con el Gobierno en aras de no perjudicar más la economía, pero no olvidan algunas viejas reivindicaciones del PSOE cuando estaba en la oposición. Entonces, se comprometió a cambiar la actual legislación sobre subcontrataciones, que precariza el mercado de trabajo, o aprobar una ley de industria que está aparcada y no acaba de llegar, cuando el propio grupo socialista ha presentado una PNL (proposición no de ley) en el Parlamento. En definitiva, vuelven a sonar tambores de guerra.