117.000 será dinero público
El Gobierno movilizará 200.000 millones para amortiguar la crisis del coronavirus
El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de choque para garantizar la liquidez a las empresas, asumir los costes salariales que eviten los despidos y ayudar a las familias necesitadas
El Gobierno ha aprobado este martes el esperado plan de choque económico para luchar contra la crisis econóimica provocada por la pandemia del coronavirus y la declaración del estado de emergencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el paquete de medidas económicas movilizará 200.000 millones de euros en las próximas semanas, esto es, una cuantía ligeramente superior al 16% del PIB. La mayor parte serán recursos públicos, un total de 117.000 millones de euros, esto es, el 10% del PIB, y que se suman a los 18.000 millones aprobados el pasado jueves.
De esta forma, el Ejecutivo utiliza todo el margen fiscal concedido por el Eurogrupo en la tarde del lunes para los países miembros, y que asciende al 11% del PIB. El mensaje del presidente ha sido claro y contundente: "El estado va a asumir el 'shock' que supone el frenazo en seco de la economía", ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todo con el objetivo que esta crisis no destruya tejido productivo para que la recuperación pueda ser rápida cuando se consiga superar la pandemia.
La mayor parte del paquete de medidas no tendrá coste presupuestario, ya que se trata de líneas de liquidez a las empresas a través de avales y préstamos para evitar una crisis de crédito ('credit crunch'). En total, la línea de avales del Estado ascenderá a 100.000 millones de euros, lo que significa que será el Gobierno quien asuma el riesgo de morosidad para así aliviar a los bancos y garantizar que siguen prestando. Esta línea de avales debería permitir movilizar entre 150.000 y 200.000 millones de euros en préstamos si se incluye también la aportación del sector privado. "Se trata de la mayor movilización de recursos de nuestra democracia", ha indicado en rueda de prensa, "son medidas excecpcionales para momentos excepcionales", ha explicado Sánchez.
Además, el Gobierno habilitará una línea de avales adicional de 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras. Todos estos recursos se movilizarán en los próximos días para evitar que ninguna empresa tenga riesgo de liquidez. "Quiero enviar a nuestras empresas y al mercado un mensaje rotundo: el Estado español va a proporcionar a nuestro tejido empresarial toda la liquidez que necesite para mantenerse operativo", ha señalado Sánchez.
El Estado español va a proporcionar a nuestro tejido empresarial toda la liquidez que necesite para mantenerse operativo
El segundo paquete de medidas económicas incluye todos los estímulos fiscales que sí tendrán coste presupuestario y que ascenderán a unos 17.000 millones de euros, que sí contabilizará como deuda pública. Sirva como comparativa que esta cuantía equivale a todo el déficit anual de la Seguridad Social. Estas medidas van en una triple dirección: asumir una parte del coste salarial para las empresas con dificultades económicas, ayudar a los trabajadores afectados y garantizar una prestación a los autónomos. "No vamos a dejar a nadie atrás", ha remarcado Sánchez.
El primer objetivo es evitar que se dispare el desempleo, por lo que "se priorizará la suspensión de los contratos y la reducción de la jornadas", ha señalado Sánchez. El Gobierno va a flexibilizar los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTEs) para que las empresas ajusten sus plantillas sin recurrir al despido. El Gobierno asumirá el pago del 70% de la base reguladora a los trabajadores (medida por la cotización de los últimos 180 días) y, además, bonificará las cuotas a la Seguridad Social de los empleadores, para que no tengan que soportar ningún coste laboral extra. "El Gobierno va a estar de lado de las empresas que no despidan", ha indicado el presidente.
Todos los trabajadores afectados por ajustes de plantilla tendrán acceso a la prestación por desempleo sin excepción. Esto significa que también la cobrarán aquellos que no hayan cotizado lo suficiente para ser beneficiarios. Además, la prestación se mantendrá mientras duren los ERTEs y no consumirá desempleo. De esta forma, el Ejecutivo quiere garantizar que los expedientes temporales sean la vía que utilice el sector privado para evitar despidos masivos.
El estado va a asumir el 'shock' que supone el frenazo en seco de la economía
En el caso de los autónomos, el Consejo de Ministros ha aprobado facilitar el acceso de todos ellos al cese de actividad, prestación conocida como el 'paro de los autónomos'. Todos los cotizantes del RETA cuyo negocio se haya visto gravemente afectado por la pandemia y sus consecuencias económicas, tendrá acceso a esta prestación. Además, durante ese periodo tendrán bonificadas las cuotas a la Seguridad Social y, si tiene asalariados, podrá acogerse a los ERTEs.
El Gobierno también ha aprobado un paquete de ayudas de 600 millones de euros para mejorar la atención de los servicios sociales dedicados a las familias vulnerables. Estos fondos se destinarán a las comunidades autónomomas y corporaciones locales para reforzar sus líneas de asistencia social.
[El Gobierno establece una moratoria en las hipotecas]
Además del paquete de estímulos públicos, el Gobierno también ha aprobado diversas medidas para proteger a los hogares vulnerables y que serán financiadas con dinero del sector privado. En total, el Ejecutivo calcula que movilizará 83.000 millones de euros de las empresas, de los que una buena parte serán avales para acompañar a las garantías públicas de crédito. La mayor parte del esfuerzo de estas medidas será una moratoria de los principales recibos que abonan mensualmente las familias: hipotecas, luz, agua, gas y teléfono. Todas estas facturas tendrán una moratoria mientras dure la crisis del coronavirus, pero se aplicará únicamente a las familias vulnerables. En el caso de las hipotecas, se aplicará, además, a primeras viviendas. "Nadie será desahuciado por atravesar una situación económica difícil", ha señalado el presidente.
El Gobierno también ha aprobado una línea presupuestaria de 30 millones de euros para financiar la investigación médica para buscar una vacuna contra el virus del Covid-19. Esta línea de financiación irá destinada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Instituto de Salud Carlos III.