Greta se sienta en el Eurogrupo: la UE piensa en verde su economía del futuro

Una de las palabras de 2019 y en 2020 en la Unión Europea será un color: verde. La revolución iniciada por Greta Thunberg, faltando a clase los viernes para protestar contra la inacción para luchar contra el cambio climático, ha acabado sacando cada semana a miles de estudiantes a las calles de Europa, ha empujado hacia el mejor resultado electoral de su historia a Los Verdes en unas elecciones europeas y ha reforzado un discurso bien asentado en Bruselas sobre la necesidad de abordar el cambio climático desde una perspectiva económica.

El clima ha sido algo de lo que, de repente, nadie puede dejar de hablar en la capital comunitaria. En las instituciones y en los pubs irlandeses que las rodean. Ni siquiera en uno de los lugares en los que menos se podría esperar hace algún tiempo: en el Eurogrupo, la reunión de ministros de Finanzas de la zona euro.

A nadie le cabe duda de que los próximos cinco años estarán marcados, entre otras cosas, por la lucha contra el cambio climático y cómo abordarlo, cómo mitigar los efectos económicos y el rol que la Unión Europea tiene en ella. De hecho es ya uno de los elementos centrales de la discusión. La transición ecológica ya no es una nebulosa teórica sin una forma exacta, no se habla de ella más en futuro: hay que ponerse con ello ya, con urgencia. Ese es el tono de la conversación. Y es eminentemente económica.

Por ello Ursula von der Leyen, próxima presidenta de la Comisión Europea, ha hecho un paquete de propuestas que, según la alemana, concretará en los 100 primeros días de su mandato. Entre ellas se encuentra un “fondo para la transición justa”, una manera de equilibrar la balanza y de ayudar a las economías que más sufren con un cambio tan radical. Y hay más medidas en la agenda: revisar la ya anticuada directiva de fiscalidad de la energía, reformar el sistema de comercio de emisiones de la UE o atender a la petición de algunos Estados miembros de imponer más gravámenes al tráfico aéreo, una medida a la que se opone España.

Es el llamado “Pacto Verde Europeo”, un plan basado en una normativa europea climática que quiere convertir en ley el cumplimiento del objetivo de la neutralidad de carbono en 2050. Este plan se basa, según el think tank económico Bruegel, en cuatro pilares: fijación de precios del carbono, inversión sostenible, política industrial y una transición justa.

Luis Garicano, eurodiputado de Ciudadanos, defiende que hay dos visiones respecto a cómo abordar la crisis climática. “Una, en la línea por ejemplo de Greta Thunberg, que es pesimista, y contraria al crecimiento económico. Piensa que no debemos tener coches, ni volar, ni poner la calefacción, tiene un aspecto quasi religioso. Hay otra, que defendemos los liberales, que es optimista, que cree en soluciones prácticas y en la innovación, que ve en las energías limpias una oportunidad también de inversión y creación de empleo”, señala el eurodiputado. La realidad, es que sin el pesimismo de una de las corrientes nunca se habría acelerado tanto el paso en la necesidad de trabajar soluciones prácticas.

Garicano cree que, aquí también, habrá un choque con la derecha radical. “Al otro lado, capitaneando el escepticismo, la extrema derecha populista crecerá negando el cambio climático y ofreciendo a los ciudadanos mantener sin cambios su estilo de vida frente a lo que llamarán fanáticos del clima”.

Neutralidad climática, un tema político

La neutralidad climática se ha convertido en uno de los principales debates políticos de altura a nivel europeo, con el bloque occidental defendiendo endurecer los objetivos para garantizar la neutralidad en 2050, mientras que los países del este, con una economía todavía más dependiente de energías fósiles, como Polonia, están en contra de apretar el acelerador por el coste económico que podría acarrear.

Sin sus promesas sobre el clima, Von der Leyen no habría logrado recibir el aprobado del Parlamento Europeo para ser la próxima presidenta de la Comisión Europea. No fueron pocas: a las ya mencionadas hay que añadir su compromiso a convertir el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en un banco climático como una de las patas para poner en marcha un Pacto Verde para Europa.

La próxima década será clave para saber si la UE cumplirá con su objetivo de alcanzar en 2050 una reducción emisiones del 80% respecto a 1990. El debate, lejos de ser técnico y oscuro, está siendo más apasionado de lo esperado, con el Parlamento Europeo y un grupo de países, entre los que se encuentra España, pidiendo que se endurezcan los objetivos de 2030 (medio plazo), para lograr alcanzar la meta dentro de treinta años (largo plazo). Defienden que al ritmo actual será imposible lograrlo.

Pero Polonia, Hungría o Rumanía se quejan de que si les obligan a apretar el acelerador sus economías, muy dependientes de las energías fósiles, sufrirán en exceso. El cambio, defienden, no puede ser tan radical. No se le puede pedir lo mismo a Madrid que a Varsovia.

Está previsto que el debate vuelva a coger velocidad en la UE durante las próximas semanas, coincidiendo con la cumbre del clima en Madrid, y que se vuelva a abordar el asunto en el Consejo Europeo que se celebra el 12 y 13 de diciembre en Bruselas. Por lo pronto varios Estados miembros, como Suecia, Reino Unido o Francia, han convertido ya en ley el objetivo de lograr la neutralidad climática en 2050.

“Brecha de inversión verde”

El debate económico sobre la transición ecológica es muy amplio. Uno de los puntos clave, por ejemplo, será el de cómo fijar precios a las emisiones dependiendo de sectores y de Estados miembros para permitir cierta flexibilidad pero sin distorsionar el Mercado Interior. Los estudios calculan que se podrían recaudar unos 180.000 millones de euros con esta tasa, bastante más de los 25.000 millones que genera el sistema de comercio de emisiones europeas actualmente.

La nueva política industrial será otro de los asuntos clave, y para lograr los objetivos será fundamental aumentar el gasto en innovación. Según datos de Eurostat publicados este año, en 2015 solo el 2,04% del PIB europeo era dedicado a I+D en comparación con el 2,07 chino, el 2,79% americano o el 4,2% coreano. Hace casi una década, la UE se comprometió a alcanzar el 3% de inversión en innovación en 2020, un objetivo ya imposible de alcanzar. Para Europa la transición ecológica será traumática sin inversión que la convierta en oportunidad.

Pero incluso en el oeste de Europa, los objetivos de 2030 son difíciles de alcanzar y requerirán de mucho dinero. La diferencia entre lo que se invierte en transición ecológica y lo que sería necesario invertir para alcanzar los objetivos es lo que se llama “brecha de inversión verde”. Actualmente la Comisión Europea considera que esa brecha, sumando inversión pública y privada, es de nada más y nada menos que 260.000 millones de euros al año. La horquilla de estimaciones es de entre los 175.000 y 290.000 millones de euros anuales.

Por sectores, los cálculos de la Comisión Europea indican que al año faltan 125.000 millones de euros en el sector residencial, 71.000 millones para servicios, 21.000 millones anuales en transporte, unos 21.000 millones en energía, 13.000 millones para la red eléctrica y unos 2.000 millones de euros para la adaptación de calderas. Y todas estas estimaciones siempre son optimistas y observan el mejor de los escenarios.

En su último estudio sobre el “Green Deal”, el think tank económico Bruegel recomienda “sobreinvertir” en I+D ecológico en el corto plazo para guardar fondos en el largo plazo “contra eventos potencialmente catastróficos en el futuro”. El estudio indica que lo más probable es que la “brecha verde” se sitúe en los 250.000-300.000 millones de euros al año. El plan mencionado por Von der Leyen en su discurso ante la Eurocámara en julio prevé unos 100.000 millones de euros anuales.

“El coste económico de la inacción climática sería de unos 190.000 millones de euros anuales, es decir, una cuantía igual o superior a la de la transformación ecológica”, defiende el eurodiputado Ernest Urtasun, de En Comú Podem, integrado en la familia de Los Verdes. “Lo realmente relevante es que son inversiones muy cuantiosas, muy urgentes y que no tenemos alternativa ya que los costes ambientales, económicos y sociales de la inacción son inasumibles”, señala, a la vez que apunta que “los fondos para financiar este cambio de modelo de negocio están ahí”.

Hay otras propuestas sobre la mesa, como es el impuesto fronterizo al carbono. La idea es imponer aranceles a aquellos productos que no cumplen con los estándares europeos de la lucha contra el cambio climático. Von der Leyen defiende que de esta manera las empresas europeas estarían peleando en igualdad de condiciones con las compañías de Estados Unidos o China: evitar que los consumidores busquen productos más baratos donde no se debe pagar impuestos al carbono o donde los bienes no estén encarecidos por la propia transformación ecológica.

El problema es que esta medida podría tener muchos efectos secundarios. El principal es que en un ambiente cada vez más tenso en el comercio global, este movimiento puede ser considerado agresivo por parte de Washington y Pekín y desencadenar una nueva oleada de medidas proteccionistas como las que ya lastran el crecimiento de la economía europea.

Este impuesto no llegará pronto, porque, de hecho, nadie sabe bien cuáles son las implicaciones. Y en estos tiempos hay que pisar siempre sobre seguro. Por eso se espera que el debate vaya a ser largo aunque el asunto ya esté más que planteado y sobre la mesa.

Futuro de la PAC

Pero más allá de los planes de futuro de la UE, estas mismas semanas los ministros y técnicos de los Veintiocho pelean con uñas y dientes una de las batallas cruciales que se libran en Bruselas: el reparto de cada céntimo y cada euro del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), que abarca del 2021 al 2027.

Y en ese marco hay una batalla especial por el futuro de la Política Agraria Común (PAC), la principal partida de los presupuestos y señalada en muchas ocasiones como una de las políticas europeas menos sostenibles. Además, ese debate se enmarca en la discusión más amplia por las cuales unos Estados miembros defienden su adelgazamiento, señalando que ocupa demasiado espacio presupuestario, y otras capitales lo defienden como un programa clave.

España es uno de los países que más tiene que perder potencialmente en el debate sobre el futuro de la PAC. Varios grupos de la Eurocámara acusan a la Comisión Europea de haber puesto sobre la mesa una propuesta que es regresiva en esta materia. Por ahora solo el 20% de los fondos de la PAC van a los denominados “eco-esquemas”, y la exigencia de buena parte del Parlamento Europeo es que se destine entre el 30% y el 50% y piden la reducción del uso de pesticidas.

Casi todos los Estados miembros coinciden en que la PAC post-2020 tiene que tener objetivos más exigentes en materia climática, pero les resulta muy difícil decidir cuáles deben ser esos objetivos.

El BEI como instrumento

Hay otros sectores más allá del MFP donde se está viendo ya el impacto de este nuevo enfoque “verde”. El BEI da pasos hacia ese banco climático que se comprometió a poner en marcha Von der Leyen. La semana pasada tomó una decisión que se estaba empezando a hacer bola: cortar el grifo de la financiación a los proyectos que incluyan energías fósiles a partir de finales de 2021. Los proyecto de energía que quieran financiación del BEI tendrán que emitir menos de 250 gramos de dióxido de carbono por kilovatio/hora de energía producida. Y eso deja fuera a las centrales eléctricas tradicionales de gas natural.

Fue una pelea larga y difícil, con un primer objetivo situado a finales de 2020, pero ante la oposición de Polonia, Hungría y Rumanía se retrasó un año. España se situó, como suele hacer, en el núcleo duro de los Estados miembros más ambiciosos, junto a Países Bajos, Suecia o Dinamarca.

El BEI, que en el último lustro ha regado con 9.000 millones de euros distintos proyectos de construcción de gaseoductos e infraestructuras de distribución, tiene el objetivo de que en 2025 la mitad de su financiación vaya a parar a manos de proyectos relacionados con la sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos climáticos.

Urtasun defiende que el Banco Central Europeo (BCE) está también en la dirección de cumplir con criterios climáticos en su programa de compras. “La lista de empresas beneficiarias del programa de compra de valores corporativos del Banco Central Europeo es escandalosa, ya que en España de las 63 emisiones adquiridas por programa, destacan las empresas del sector de la energía como Gas Natural Fenosa que lidera la lista con 11 compras, Iberdrola con 10, Repsol con 6 o Enagás con 5. Es dinero muy barato para empresas que contaminan mucho. El BCE ya se ha comprometido a aplicar el acuerdo de París en su política monetaria, cosa que deberán hacer de forma urgente”, señala.

¿Qué esperar?

Las mencionadas son solo algunas de las propuestas que durante los últimos años y meses han estado circulando por Bruselas. La Comisión Europea da una especial importancia a la agenda climática porque es un punto de conexión con la ciudadanía, que cree que la UE tiene que jugar un rol clave en la lucha contra el deterioro del planeta.

Pero en esto, como en todo, sirven de poco las buenas intenciones. Aunque Bruselas quiera apretar el acelerador, todo dependerá de hasta dónde están dispuestas a llegar las capitales, cuáles son los riesgos que están dispuestas a asumir y hasta qué punto se puede avanzar en ello.

Aunque la UE ha hecho esfuerzos para reducir las emisiones, según Urtasun los 10 últimos años han sido de estancamiento. “Es inaceptable y debe haber una acción decidida”, señala el eurodiputado catalán, que pide “acciones concretas, como, por ejemplo, el aumento del objetivo de reducción de emisiones en la UE hasta el 55% en 2030”, la reforma de la PAC o el fin a la financiación de combustibles fósiles.

“Eso sí, se debe reconocer el rol de liderazgo internacional de la Comisión, ya que en la COP de París jugó un papel fundamental para conseguir un acuerdo ambicioso. Creemos que la sensibilidad ambiental de esta Comisión va a ser superior a la de la Comisión anterior”, celebra Urtasun.

Lo más recomendable, cuando se habla de Europa, es estar preparado para que la realidad se asimile a la parte más baja de la horquilla de posibilidades. Es lo más prudente y lo más realista. Lo que es seguro es que, cumpliendo o no con las expectativas, el debate climático será uno de los principales durante el próximo lustro de vida de la Unión Europea.