El mayor sindicato mundial censura a España por vulnerar derechos laborales

España vulnera determinados derechos laborales. Esta es una de las principales conclusiones del último informe de la mayor organización sindical del mundo —la Confederación Sindical Internacional (CSI)—, que incluye a España entre los países del mundo (el 81%) que han vulnerado de una forma u otra derechos de los trabajadores. Como señala el informe, Europa, “tradicionalmente soporte de los derechos de negociación colectiva”, ha visto cómo en los últimos años ha renunciado a muchos de esos principios, y se menciona expresamente a compañías de España, Estonia, Noruega y los Países Bajos que “intentaron socavar o eludir los derechos de los trabajadores”.

El Índice Global de los Derechos 2019, en concreto, precisa que las empresas de esos países “a menudo soslayan la negociación colectiva con los sindicatos impulsando la negociación de convenios directamente con los trabajadores”. Es decir, individualizan sus relaciones laborales, lo que debilita la posición de los empleados a la hora de negociar sus condiciones laborales, ya sean relacionadas con los salarios o con la jornada de trabajo.

Según la organización que reúne a los sindicatos de todo el planeta, la “ruptura del contrato social entre trabajadores, gobiernos y empresas” ha provocado que el número de países que excluyen a trabajadores del derecho a formar o afiliarse a un sindicato haya aumentado de forma significativa, pasando de 92 en 2018 a 107 en 2019. No es menos singular que ese incremento se haya producido en todas las regiones del mundo pero, principalmente, en Europa, tradicionalmente la zona más protectora de los derechos de los trabajadores, donde el 50% de los países ahora excluye a grupos de trabajadores de la legislación, frente al 20% en 2018.

El informe denuncia que la vulneración de los derechos laborales tiene que ver, en muchos casos, con la utilización de las nuevas tecnologías, que han permitido a los empleadores “recurrir a diversos mecanismos para eludir el pago de prestaciones mínimas y excluir a ciertos trabajadores de la cobertura de la legislación laboral”. Se pone como ejemplo el uso de plataformas tecnológicas o la excusa de la flexibilidad para incumplir la legislación. Es por eso que la Internacional del sindicalismo mundial asegura que son muchos los “gobiernos cómplices” que facilitan la explotación laboral o que permiten que se eluda la legalidad de manera que los trabajadores se ven obligados a trabajar en la economía informal.

Recortes salariales

En relación con España, y en este sentido, se pone el ejemplo de la huelga de trabajadores de Amazon contra el nuevo convenio colectivo propuesto por la empresa, que implicó la eliminación de la garantía de incremento salarial, recortes salariales y reducción del precio de las horas extraordinarias, del trabajo en festivos y en turno de noche.

Amazon, sostiene el informe, tiene un “largo historial” de supresión de la libertad sindical: contratación de despachos de abogados con elevada capacidad de influencia, despido de representantes sindicales e incluso el cierre de un centro de llamadas, todo ello para frenar los esfuerzos de organización. A consecuencia de ello, los trabajadores de la multinacional emprendieron acciones para reivindicar mejores condiciones de trabajo y derechos de negociación colectiva, instando a los clientes a boicotear el Prime Day de ofertas de la marca, en julio de 2018.

Como respuesta, los trabajadores de centros logísticos en Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España y Portugal organizaron acciones de huelga. Las preocupaciones varían de un país a otro, asegura el informe, incluyendo el aumento de los horarios de trabajo, no contar con prestaciones de salud y dificultades para firmar convenios colectivos.

También en relación con España, se recuerda que el derecho de huelga se ha visto gravemente restringido en los últimos años, amparándose en el artículo 315.3 del Código Penal, que data de la época franquista y que penaliza el ejercicio del derecho de huelga con penas de hasta siete años de prisión. La legislación estuvo a punto de cambiar en la última legislatura, pero finalmente su derogación fue bloqueada en el Senado.

97 indicadores

El Índice Global de los Derechos recoge información de 139 países a los que se integra en una escala que va del 1 al 5 basada en el respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Para ello, la CSI elabora una lista de 97 indicadores correspondientes a las violaciones registradas en su informe. Un país recibe un punto por cada violación que corresponde con uno de los indicadores.

Una vez procesados todos los datos y hecho el recuento de las puntuaciones finales, los países son clasificados en dicha escala. Una puntuación elevada significa que se ha cometido un gran número de violaciones, lo que a su vez da como resultado una clasificación baja. A España se le incluye en el grupo 3 bajo el epígrafe 'violaciones regulares de los derechos', en el que están Australia, Canadá, Hungría o Reino Unido, pero también El Salvador, Ghana, Liberia, Marruecos, Ruanda o la Federación Rusa.

En el grupo 1, en el que se sitúan los países que solo de una forma esporádica violan los derechos, se encuentran Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Suecia o Países Bajos. Es decir, los países del norte de Europa, en los que los niveles de sindicación son más elevados y se fomenta la negociación colectiva centralizada para todos los trabajadores. Por el contrario, las peores regiones del mundo para trabajar son Oriente Medio y el norte de África, con una clasificación media de 4,47 sobre 5.

En este sentido, se pone especial énfasis en Arabia Saudí, donde los trabajadores migrantes “están atrapados en condiciones de explotación y trabajo forzoso”. Para la Internacional sindical, la exclusión de los trabajadores migrantes de la cobertura de la legislación laboral implica que prácticamente el 90% de la mano de obra ve denegado su derecho a formar o afiliarse a sindicatos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha estimado que 164 millones de personas son trabajadores migrantes, de los que el 13,9% se encuentra en los países árabes. Se pone como ejemplo que en octubre de 2018 una trabajadora indonesia fue ejecutada en secreto por las autoridades saudíes por haber matado a golpes a su empleador, pese a que alegó haber actuado en defensa propia cuando intentó violarla.

Otro caso llamativo —y trágico— se produjo en Filipinas, donde la violencia contra los trabajadores se incrementó, registrándose 10 asesinatos en 2018. El 20 de octubre del año pasado, se recuerda, nueve trabajadores de la caña de azúcar en huelga, miembros de la National Federation of Sugar Workers (Namasufa), murieron a consecuencia de los disparos efectuados por un grupo de individuos no identificados, cuando ocupaban terrenos privados en protesta por la reforma agraria y reclamando mejoras en sus condiciones de vida y de trabajo.