Hacienda pone el foco en las criptomonedas: obligará a declarar todas las operaciones
El Consejo de Ministros quiere controlar las operaciones con monedas digitales, también las realizadas en el extranjero. La medida afectaría a la financiación con bitcoins de Puigdemont
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Consejo de Ministros (Efe)
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un ateproyecto de ley de lucha contra el fraude que pone especial énfasis en la lucha contra la opacidad de las criptomonedas. Estas divisas se han empleado en numerosas ocasiones para esquivar a la Agencia Tributaria gracias a su opacidad, por lo que Hacienda obligará a los residentes fiscales a informar sobre la tenencia de criptomonedas así como las operaciones realizadas con las mismas.
Hacienda obligará a informar de todas las operaciones de los residentes fiscales, ya se realicen en España o en el extranjero. Esta medida no solo tiene un gran impacto en la lucha contra el fraude, también servirá para controlar la financiación de operaciones vinculadas al independentismo catalán que se han realizado de espaldas a la Agencia Tributaria. Tal y como adelantó El Confidencial, el expresident de la Generalitat habría solicitado donaciones en bitcoins para que no se puedan rastrear. Con esta medida, el Gobierno se asegura que estas operaciones sí serán trazables, ya que el donante tendrá que informar a la Agencia Tributaria de esta operación. De este modo, la Agencia Tributaria controlará los envíos de dinero al expresident.
Si finalmente se aprueba el anteproyecto de ley, los ahorradores tendrán que informar al fisco de todas las operaciones y los saldos de criptodivisas en España y el extranjero. Una medida con la que se pretende evitar la elusión de impuestos ocultando patrimonio a la Agencia Tributaria. Este anteproyecto se completa con otras medidas de lucha contra el fraude. Entre otras, se limitarán los pagos en efectivo entre profesionales a 1.000 euros y a 10.000 euros para los particulares con residencia fiscal fuera de España.
Hacienda también prohibirá el uso y la producción de los llamados 'software de doble uso' que permiten a las empresas realizar una doble contabilidad para ocultar una parte de su facturación. A partir de la aprobación de este anteproyecto de ley, cualquier software de contabilidad tendrá que contar con la aprobación de la Agencia Tributaria. Las multas que contempla el Gobierno a la producción de este tipo de software ascenderá a 150.000 euros anuales por cada ejercicio que se haya comercializado.
El Gobierno prevé recaudar un total de 828 millones de euros gracias a este paquete de medidas contra el fraude. Una medida que hoy ha aplaudido el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón. En su opinión, todas estas medidas tienen "un potencial recaudatorio elevadísimo", ya que cuando se aprueban, los contribuyentes aceleran las declaraciones voluntarias para evitar sanciones.
1.200 millones de 'tasa Google'
El Consejo de Ministros también ha aprobado los anteproyectos de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales ('tasa Google') y del impuesto sobre transacciones financieras ('tasa Tobin'). Con estas dos medidas Hacienda prevé recaudar más de 2.000 millones de euros: 1.200 millones y 850 millones respectivamente. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado su confianza en las estimaciones que ha realizado, en especial en el caso de la 'tasa Google', que varios expertos habían puesto en entredicho.
Montero ha explicado que su previsión es prudente, ya que el Gobierno de Mariano Rajoy había comunicado a Bruselas que estimaba una recaudación de 1.500 millones. En cuanto al impuesto sobre transferencias digitales, Montero ha explicado que gravará las operaciones de compraventa de acciones de cotizadas españolas con un tipo del 0,2%. Esta medida recaerá sólo sobre grandes empresas, cuya capitalización bursátil supere los 1.000 millones de euros.
La recaudación de este tributo se liquidará anualmente y recaerá sobre los operadores de mercado, no sobre los inversores. Hacienda destinará todos los ingresos de este tributo, estimados en 850 millones de euros, a financiar la subida de las pensiones.