Nadal evita que sea el PSOE quien capitalice el cierre de la central nuclear de Garoña

La pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular ha obligado a Mariano Rajoy a tragarse uno de los sapos más indigestos. Garoña ha sido durante muchos años un reconocible campo de batalla político entre el PP, siempre afín a la energía nuclear, y el resto de la oposición, que trascendía a la cuestión puntual de esta pequeña central situada en un rincón de Burgos.

Por ello, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha elegido el 1 de agosto, fecha más proclive al disfrute de las vacaciones que a la lectura de periódicos, para dar una noticia que su partido siempre había rechazado. Pero lo ha hecho obligado por la arquitectura parlamentaria actual, que amenazó en febrero con atajar esta cuestión desde el rango legislativo. El PSOE registró entonces una proposición de ley que apoyaba toda la Cámara a excepción del Grupo Popular para conseguir el cierre de Garoña. Este ha sido el punto fundamental esgrimido por el ministro de Energía como clave de su decisión de hoy. Sólo desde ese punto de vista se entiende que el Gobierno haya preferido desdecirse de su posición histórica. "No ha habido el debate que nos hubiera gustado porque había posicionamientos ideológicos a priori que no lo han permitido", añadía este martes Nadal.

El Gobierno ha preferido ponerse colorado en un caluroso 1 de agosto, cuando el impacto mediático es más limitado, que sufrir un revolcón en el Congreso de los Diputados por esta cuestión, lo que le hubiera hecho mucho más daño. Un rejonazo que sin duda le hubiera gustado asestar a Pedro Sánchez, y mucho más a la antinuclear presidenta de los socialistas y ex consejera del CSN, Cristina Narbona. Así lo demuestra la comparecencia del ministro Nadal. Preguntado por qué hubiera hecho si hubiese tenido mayoría parlamentaria, el ministro ha señalado que "el proceso llevado a cabo hubiera sido totalmente diferente". No hace falta añadir nada más.

El PSOE ahora quiere más y ayer aprovechó para pedir la comparecencia del ministro en el Congreso con el propósito de que explique su planes en materia nuclear. Acusan al Gobierno del tiempo y los recursos perdidos con Garoña en todo este tiempo en que han dilatado el cierre. La asociación de técnicos del regulador nuclear ASTECSN señala que se han perdido más de 30.000 horas en el estudio de la viabilidad de la central para que finalmente se decrete el cierre del que la mayoría de la Cámara ya había votado a favor.

Además de diluir el impacto de la noticia con la fecha elegida, el ministro Nadal intentó minimizar su repercusión arguyendo la situación "única" de la central nuclear, parada desde 2012 y cuyo aporte al mix de generación es muy limitado, dado que se trata de una planta de 450MW de potencia que, además, no podría empezar a operar hasta dentro de dos años por las mejoras de seguridad que le exigía el CSN. Justificaciones que no han conseguido parar en las redes sociales los vídeos de campaña electoral de Mariano Rajoy en el año 2009: "Con este partido en el Gobierno, Garoña no se va a cerrar", decía entonces el líder de la oposición cuando Zapatero decretaba su clausura definitiva para 2013. Mucho más recientes son las declaraciones de Álberto Nadal. El hermano del actual ministro y a la sazón secretario de Estado de Energía dijo el año pasado que "mientras pueda seguir operando, no debe cerrarse una central nuclear".

Un favor a Iberdrola y Endesa

De paso, el Gobierno le ha hecho un regalo a las empresas propietarias de Nuclenor, Endesa e Iberdrola, que no tendrán que retratarse. Fuentes de estas compañías argumentan que si el Gobierno hubiera concedido la licencia de explotación les hubiera generado un problema, ya que hubieran quedado como las malas de la película al negarse a volver a la actividad, dada su intención de clausurar la planta por falta de viabilidad económica. Máxime después de que Iberdrola vetara la posibilidad de que Nuclenor hiciera alegaciones para el futuro de la planta. Sin embargo, las decisiones que tomaran las empresas podrían demorarse en el tiempo y la presión sobre el Ejecutivo hubiera seguido encima de la mesa.

Tras la decisión de denegar la reapertura de la central, se han producido reacciones desde todos los rincones. Los partidos de la oposición se felicitaban por esta decisión, sabedores de que han logrado llevar al Gobierno hasta el borde del precipicio. También las empresas se congratulaban. Sobre todo Iberdrola, que desde el año pasado aboga por el cierre nuclear. Una decisión que tiene lógica desde el punto de vista empresarial, señalan fuentes del sector, ya que muchos creen que lo que pretende es desechar las nucleares, donde está menos expuesto que otras compañías, para que revivan sus centrales de ciclo combinado, actualmente en el dique seco.

La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ha ganado esta batalla, pero el Ejecutivo no da por perdida esta guerra y sigue apostando por la energía nuclear con el resto de centrales. Nadal ya se ha posicionado a favor de que continúe funcionando Almaraz, que llegará a los 40 años de vida en 2020.

El cierre le ha costado al PP el amargo quejido de la Junta de Castilla y León, la única junto con los municipios afectados y los trabajadores de la central que han lamentado la decisión del Ejecutivo. También han sido las únicas que han hecho alegaciones a favor de reabrir. El resto de colectivos han pedido su cierre. En ellas ha tenido su peso específico el PNV. El Grupo vasco siempre ha buscado el cierre de la central, ubicada a pocos kilómetros de su territorio. La baza del cierre también entró en juego en las negociaciones de los Presupuestos que el PP ha sacado adelante gracias al apoyo de los jeltzales, con lo que aquí habría encontrado el PP otro motivo más para decretar el cierre.

"Fuenteovejuna de todos contra la central", dijo el vicepresidente de la Junta tras conocer la decisión de su partido. El Gobierno autonómico señaló que impondrá un gravamen sobre el almacenaje de combustible nuclear pues tras su cierre ya que, según explican, se convertirá en un depósito de residuos nucleares. Algo que el senador del PSOE por Burgos Ander Gil ha señalado que "es un auténtico despropósito en línea con la política energética errática que ha seguido en todos estos años Juan Vicente Herrera".

El secretario general de FICA-UGT, Pedro Hojas, han dicho que se trata de una decisión "cobarde" y pide un plan de reindustrialización de la zona. Además, el portavoz de este sindicato en el comité de empresa de Nuclenor, Pedro San Millán, señala que las recolocaciones y prejubilaciones de las que habló Nadal este martes están fuera de la agenda y no se está negociando actualmente nada.

Por delante se esperan 16 años de desmantelamiento en una zona amenazada por la despoblación y completamente dependiente de la planta nuclear. Se apaga definitivamente la central que más polémica política ha despertado en España.