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debía pronunciarse antes del 8 de junio

Energía atiende el ruego de Iberdrola: da más tiempo para decidir sobre las nucleares

El Consejo de Seguridad Nuclear acepta la modificación administrativa propuesta por el Gobierno que permitirá a las centrales tener más tiempo para decidir su futuro nuclear

Central de Almaraz.

El Gobierno recoge el guante de Iberdrola. El Consejo de Seguridad Nuclear ha dado el visot bueno a la propuesta del Ejecutivo por la que las centrales nucleares podrán esperar a que se clarifique el plan energético del país. De esta manera, podrán aplazar su decisión sobre si quieren solicitar una prórroga de explotación de sus reactores más allá de los 40 años de vida útil.

Esta tramitación llega a pocos días de que los propietarios de Almaraz -Iberdrola, Endesa y Gas Natural- tengan que decidir si quieren, o no, continuar explotando la central dentro de tres años, cuando llegue el fin de su vida útil. La fecha límite era el 8 de junio. Ante la cercanía de esta meta volante, el presidente de Ibedrola aprovechó la presentación de resultados de la eléctrica el pasado 26 de abril para solicitar públicamente más tiempo para decidir respecto a sus nucleares.

Poco tiempo antes, durante la junta de accionistas, Ignacio Sánchez-Galán señaló que su negocio nuclear en España estaba en pérdidas y que Garoña (cuya propiedad comparte con Endesa al 50%) es inviable. El presidente de la compañía clamó contra la fiscalidad que tiene que soportar. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda descarta cualquier modificación en este sentido.

En cualquier caso, las palabras de Iberdrola no cayeron en saco roto. El Ministerio de Energía elevó de urgencia el pasado viernes 26 de mayo un borrador al regulador para que se pronunciase sobre esta modificación administrativa, cuya resolución ha sido favorable. El pleno del CSN ha dado el plácet con cuatro votos a favor y un voto en contra, el de la consejera Cristina Narbona.

Tal y como sostiene el CSN, se mantiene la obligación de los titulares de las centrales nucleares de enviar con tres años de antelación toda la documentación que permita a los técnicos de la institución estudiar las cuestiones técnicas a revisar, tanto para la apertura como para el cierre.

Pero las compañías eléctricas no tendrán que pronunciarse hasta dos meses después de que el Gobierno tenga listo su Plan Integral de Energía y Clima, que permitirá a los titulares de las centrales tomar una decisión con más información sobre la dirección de la política energética para los próximos años. La fecha límite para definir este plan será marzo de 2018, fecha prevista para enviar a la Comisión Europea la propuesta con el 'mix' energético pensado para España.

La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTCSN) considera que la decisión se ha tomado "de forma precipitada, basándose en un informe realizado y aprobado el día anterior a publicarse el orden del día del pleno". Creen que "no es aceptable trabajar sobre cuestiones de seguridad sin conocer de antemano la finalidad a la que se destinan los recursos" y sostiene que "la decisión se fundamenta en la petición de una entidad privada".

Iberdrola, que no ha hecho comentarios públicamente, ha recibido la noticia con satisfacción, según fuentes próximas a la dirección de la eléctrica. Sobre todo, por las dudas que suscita para la compañía el negocio nuclear. Con esta prórroga, consigue ganar tiempo y poder tomar una decisión con más información encima de la mesa. El pasado jueves, el Gobierno empezó a escuchar a diferentes colectivos de la sociedad civil para elaborar la futura ley de cambio climático y transición energética.

Esta decisión 'in extremis' llega justo antes de que se abra el melón nuclear más allá de Garoña. Además de Almaraz, Vandellós, cuyo máximo accionista es Endesa, tendría que haberse pronunciado sobre su futuro antes del 26 de julio.

Las novedades nucleares no terminan aquí. Este verano, el Gobierno deberá decidir sobre la reapertura de Garoña, la única central nuclear de España cuya vida ya ha superado los 40 años y que lleva cerrada desde 2012. en este caso, los propietarios tienen intereses encontrados: mientras Iberdrola aboga por su cierre, Endesa prefiere esperar al dictamen del Ejecutivo para pronunciarse.

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