La recuperación aflora cerca de 250.000 empleos que se sumergieron por la crisis

Una de las consecuencias más negativas de la crisis —al margen de la destrucción de puestos de trabajo— fue el aumento del empleo sumergido. Pero ese fenómeno comienza a darse la vuelta. En particular, desde el primer trimestre de 2016, que es cuando muchos ocupados irregulares vuelven a darse de alta como cotizantes a la Seguridad Social.

Así se refleja al cruzar los datos que ofrecen la Encuesta de Población Activa (EPA) y los propios ficheros del sistema público de protección social, que muestran cómo, desde hace algo más de un año, el número de afiliados crece mucho más rápidamente que el empleo observado por la encuesta.

En concreto, mientras que la ocupación en término EPA crece a un ritmo anual del 2,3% (primer trimestre de 2017), el número de nuevos cotizantes (en relación al mismo periodo) avanza un 3,4%. O, incluso, un 3,8% si se tiene en cuenta el pasado mes de abril. La contabilidad nacional, por su parte, que refleja la evolución de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, muestra un avance del 2,7%. En todo caso, muy por debajo de la afiliación.

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Esta discrepancia estadística —que no ha dejado de crecer en los últimos trimestres— es habitual tras periodos de profundas crisis económicas, y tiene su origen en que muchas empresas y trabajadores disponen con la llegada de la recuperación de suficiente renta para costear la pensión, lo cual, lógicamente, es mucho más difícil en periodos de recesión, algo que explica el afloramiento de empleo irregular.

La diferencia se expresa con claridad en términos absolutos. La EPA refleja que en los últimos 12 meses se han creado 408.700 puestos de trabajo. Sin embargo, el número de nuevos cotizantes ha aumentado en 658.387 afiliados. Eso supone una diferencia de nada menos que 249.687 empleos en favor de la Seguridad Social, lo que muestra la intensidad en la afloración de empleo sumergido. Es cierto que al tratarse de registros distintos los resultados no pueden ser idénticos, pero la realidad es que las discrepancias nunca fueron tan grandes en solo un año.

El fichero de afiliación, como se sabe, no incluye a los funcionarios afiliados a sus propias mutualidades que no realicen ninguna otra actividad que determine su inclusión en alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, lo que significa que la cifra de afiliados es, incluso, mayor.

Cotizar para la pensión

Hay que tener en cuenta que la EPA es una encuesta realizada con la información suministrada por los moradores de 65.000 viviendas, a cuyos miembros se les interroga por su situación laboral en la semana previa a la realización del trabajo de campo. Lo que se pregunta a los encuestados es si están ocupados o no, independientemente de si se trata empleo regular o irregular. Por el contrario, los registros de la Seguridad Social incorporan a todos aquellos trabajadores que cotizan para su pensión. Es decir, lo primero es una encuesta y lo segundo es un inventario.

Y lo que ha ocurrido es que desde 2014 —comienzo de la recuperación económica tras un quinquenio en recesión—, el número de cotizantes ha crecido de forma sistemática más que el de ocupados en términos EPA, lo que refleja este proceso de afloramiento de empleo que estaba al margen del sistema regular.

La diferencia ha sido especialmente significativa a partir del primer trimestre de 2016. En aquel periodo, y en términos anuales, tanto la afiliación como la EPA crecían de forma muy similar (un 3,2% en el primer caso frente al 3,3% en el segundo), pero actualmente la distancia es significativa. Un 3,7% frente al 2,3%, lo que indica una creciente discrepancia.

La evidencia de que en tiempos de crisis el empleo tiende a sumergirse —para evitar el pago de impuestos y de cotizaciones sociales— llevó al último Gobierno socialista (al comienzo de la segunda recesión de la economía española) a aprobar un real decreto destinado a combatir esa práctica. La norma, incluso, establecía la apertura de un proceso de regularización voluntaria del empleo irregular de trabajadores, que iba desde la fecha de entrada en vigor del decreto hasta el 31 de julio de 2011.

La inspección y el empleo irregular

La norma permitía a las empresas que decidieran acogerse voluntariamente a la 'amnistía' comunicar el alta de los trabajadores dentro del plazo señalado. Transcurrido el periodo de regularización voluntaria, la ley establecía un endurecimiento de las sanciones relacionadas con las conductas fraudulentas en sus distintas variantes o modalidades.

La existencia de puestos de trabajo irregulares no es, desde luego, un problema menor. El último informe anual de la inspección de trabajo muestra que en 2014 afloraron 82.393 empleos irregulares, mientras que en 2015, ascendieron a 86.114 puestos de trabajo no declarados que muy probablemente estarían observados por la EPA pero, en ningún caso, por los registros de la Seguridad Social. La elaboración de la encuesta está sometida, como se sabe, al secreto estadístico y, por lo tanto, los encuestados pueden hablar con libertad sobre su situación laboral sin miedo a ser denunciados.

La propia inspección del Ministerio de Empleo da cifras a esta realidad. Según sus datos, el número de trabajadores detectados por la propia inspección sin estar dados de alta creció casi todos los años del último quinquenio, y alcanzó en 2015 su mayor nivel. En concreto, de cada 100 inspecciones realizadas fueron detectados 15,49 trabajadores sin estar afiliados o en situación de alta, lo que supone un incremento del 31% respecto de 2011.

Si únicamente se tiene en cuenta el número de trabajadores detectados sin estar al corriente, se ha pasado de 65.794 trabajadores en 2011 a los 75.243 trabajadores detectados en 2015, lo que supone un crecimiento del 14,36% al final de este quinquenio. “Esta cifra”, sostiene la inspección, “es reveladora del crecimiento de la economía irregular en cuanto a fraude a la Seguridad Social”.