El Estado presta 10.193 millones a la Seguridad Social a tipo cero para pensiones

A grandes males, grandes remedios (al menos para salvar las cuentas de este año). El Tesoro Público prestará en 2017 a la Seguridad Social —para abonar las pagas extraordinarias de las pensiones— 10.193 millones de euros.

Es la primera vez que el Estado vuelve a prestar dinero al sistema público de protección social desde 1996, cuando el primer Gobierno Aznar tuvo que acudir a un crédito para pagar parte de las pensiones. Una disposición adicional establece que el nuevo préstamo no devengará intereses y su cancelación se producirá en un plazo máximo de 10 años a partir de 2018.

La Seguridad Social, de hecho, todavía no ha devuelto aquel préstamo dos décadas después. Y eso explica que el proyecto de ley autorice una ampliación del plazo de cancelación de los 935 millones que se concedieron en la Ley de Presupuestos de 1997. En concreto, se amplía en 10 años. Eso quiere decir que la Seguridad Social ya debe al Estado —sus contabilidades son distintas— algo más de 11.000 millones de euros, más de lo que queda aún en el Fondo de Reserva.

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Así lo recoge el proyecto de ley de Presupuestos entregado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. El texto revela que la cuantía del Fondo de Reserva, que llegó a ascender a 66.815 millones de euros en 2011, menguará este año hasta cerrar con una dotación equivalente a 8.748 millones. Es decir, ya muy lejos de los niveles alcanzados antes de la crisis.

Como se sabe, los ingresos de la Seguridad Social tienen un desfase de tres o cuatro años entre la pérdida de empleo y su incidencia en las cuentas del sistema público de protección social, toda vez que los parados, mientras tienen cobertura, cotizan a la caja única de la Seguridad Social (lo hace en su nombre el Estado).

El Gobierno, al final, ha optado por una estrategia mixta para salvar los problemas financieros del sistema. Habrá préstamo del Tesoro —el Ministerio de Economía prefería que se tirara en su totalidad del Fondo de Reserva—, pero también se acudirá al Fondo de Reserva —el Ministerio de Empleo apostaba por la emisión de títulos públicos para financiar las pensiones—.

Menos empleo, menos salarios, menos inflación

La necesidad de acudir a la hucha de las pensiones tiene que ver, sobre todo, con la caída del empleo. En 2008 —media anual—, la afiliación alcanzó los 19,3 millones de trabajadores, pero en marzo último esa cifra había caído hasta los 18,03 millones. Por lo tanto, y pese al fuerte aumento de la ocupación en los últimos años, faltan alrededor de 1,3 millones de afiliados para volver a los niveles de cotización previos a la crisis.

Existe, sin embargo, otro factor. Al irse reduciendo la dotación del Fondo de Reserva —cuya cuantía está invertida en renta fija española—, también desciende la rentabilidad de esa inversión, y eso explica que los ingresos patrimoniales hayan caído de 1.722 millones en 2016 a los 1.080 millones presupuestados en 2017. Es decir, se producirá un descenso de los ingresos patrimoniales de nada menos que el 37%. Lógicamente, el descenso de los tipos de interés también influye en la menor rentabilidad de las inversiones de la Seguridad Social, nacidas con los remanentes que aún obran en su poder.

Los problemas financieros de la Seguridad Social tienen que ver con los gastos, pero también con los ingresos, sesgados a la baja en los últimos años por la ausencia de inflación y por la moderación salarial. Algo que ha obligado al Gobierno a elevar las bases mínimas de cotización (en particular a los trabajadores autónomos) por encima del IPC. Y según la secretaría confederal de protección social de CCOO, el efecto acumulado de esas medidas entre 2013 y 2016 ha incrementado los ingresos por cotizaciones sociales en 5.300 millones de euros, “lo que ha contribuido a impedir un deterioro mayor en materia de déficit de Seguridad Social”, asegura su responsable, Carlos Bravo.

Según el proyecto de ley enviado al Parlamento, el Gobierno espera que las cotizaciones sociales crezcan un 6,7% respecto de la previsión de liquidación para 2016, en línea con las previsiones de mejora en el empleo, la negociación salarial y el incremento de las bases mínima y máxima, asegura el documento. No hay que olvidar que, según el proyecto de ley, el presupuesto de gastos de la Seguridad Social para el año 2017 asciende a 144.892 millones, cifra que representa un aumento de 6.798 millones sobre la previsión de liquidación del ejercicio 2016. Es decir, un 4,9% más.

Otra vía de financiación de la Seguridad Social tiene que ver con las transferencias del Estado para financiar políticas que deben pagarse con impuestos y no con cotizaciones. Y en este sentido, se incluye una partida de 13.073 millones de euros, lo que supone un incremento del 0,96% respecto a 2016.

El Estado, como se sabe, financia la asistencia sanitaria del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, el Imserso, incluidas las acciones de protección de la dependencia contenidas en su presupuesto, las prestaciones económicas familiares, la de maternidad no contributiva y las relativas al síndrome tóxico, la asistencia sanitaria no contributiva y los servicios sociales del Instituto Social de la Marina. Además de los complementos de mínimos, la cuantía de las pensiones que no alcanzan el nivel aprobado cada año por el Gobierno.