El sistema de pensiones chileno enseña sus costuras y pone a España como modelo

Los indignados toman las calles de Chile. Esta vez no es para mostrar su descontento ante la reforma educativa, sino para censurar la falta de acción del gobierno de Michelle Bachelet en otros menesteres como las pensiones. "Este tema quizá es más importante que la educación", ha llegado a decir el propio subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco. Las presiones llegan tanto desde las marchas ciudadanas -que piden un cambio de modelo y reunieron a 750.000 personas la semana pasada según los organizadores- como desde la política, donde diputados del Partido Demócrata Cristiano ya condicionan su apoyo al Ejecutivo en los presupuestos de 2017 si la presidenta no mueve ficha.

¿El trasfondo? Las pírricas pensiones que obligan a miles de ancianos chilenos a seguir en activo para salir adelante. La cuantía media asciende a 270 euros al mes, por debajo del salario mínimo (346 euros). Según una comisión asesora impulsada por Bachelet en 2014, el 79% de las retribuciones está por debajo del SMI y el 44% ni siquiera supera el umbral de la pobreza.

El sistema privado obligatorio de pensiones se remonta a la dictadura de Pinochet, en 1981. José Piñera, ideólogo y ministro de Trabajo de la época, prometía a todos los trabajadores que se jubilarían con la mayoría de su sueldo intacto. No ha sido así, pues la mitad de las personas que cotizaron entre 25 y 33 años se va a jubilar con una pensión inferior al 21% de su salario. Son estimaciones de la Fundación Sol, organización chilena especializada en temas de empleo. "No podemos tener a nuestros abuelos en esas condiciones. ¿Cómo vivir en el Chile de hoy con unas pensiones miserables?", plantea Marco Kremerman, economista de Sol.

Estos datos contrastan con la rentabilidad de los administradores de fondos de pensiones (AFP), que duplicaron beneficios entre 2010 y 2015 y los aumentaron un 71,4% en los primeros nueve meses de 2015 respecto al año anterior. BBVA y Banco Santander tenían dos de esas gestoras, pero las vendieron. Según el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), las AFP recaudaron 500.000 millones de pesos (683M de euros) en abril, pero solo repartieron 200.000 millones (273M) entre los pensionistas chilenos. Pagaron un millón de pensiones en total.

Chile fue precursor de la privatización de la Seguridad Social y su sistema fue un experimento que solo se pudo hacer en dictadura a ojos de la Fundación Sol. "Antes del golpe teníamos un modelo de reparto anómalo que no funcionaba porque había tantas cajas como oficios. Eso no era correcto en términos de solidaridad", explica Kremerman. Manifestantes, políticos y expertos piden un sistema público de previsión solidario o de reparto inspirado en otros países como España, pero otras voces cuestionan su viabilidad.

¿Y si España se fijara en Chile?

Paradojas de la vida, el Círculo de Empresarios ya pidió al padre de la privatización chilena en materia de pensiones (José Piñera) que evaluase si era posible aplicar un modelo similar en España. Ya han pasado más de veinte años desde ese momento, pero no hace falta remontarse al pasado para ver los guiños de esta entidad a otros sistemas alternativos al vigente en nuestro país. Basta con echar un vistazo al informe 'Pensiones: una reforma medular', elaborado por la Fundación de Estudios Financieros y el Círculo.

"Las comparaciones en el ámbito internacional nos indican que la importancia relativa del ahorro-previsión varía de un país a otro, correspondiéndoles los primeros lugares de la clasificación a las economías que se caracterizan por poseer un sistema eficiente y amplio de pensiones complementarias, como es el caso de Holanda, Reino Unido, Irlanda o Estados Unidos, o un sistema privatizado de Seguro Social, como es el caso de Chile".

La reforma de 1981 transformó el sistema público chileno de reparto en otro de gestión privada, obligatorio y basado en cuentas individuales de capitalización. Otros países de la zona siguieron su ejemplo, como Costa Rica, Colombia, México, Perú, República Dominicana o Uruguay. Tanto las aportaciones como la rentabilidad generada por las mismas son acumuladas en una cuenta de capitalización individual, cuya cuantía sirve para atender a las prestaciones que se generen. La Superintendencia de AFP es la encargada de supervisar a las entidades privadas que administran los fondos.

Los chilenos piden un sistema público de reparto inspirado en otros países como España, pero algunas voces cuestionan su viabilidad

La afiliación es obligatoria para los empleados que se incorporaron al mercado laboral a partir de 1983 y voluntaria para los que hubieran cotizado en el sistema anterior a la reforma. Para mejorar el importe de la pensión de vejez, cada contribuyente puede aumentar de manera voluntaria el capital de su cuenta de capitalización individual, deducible de impuestos y con un límite máximo.

"Pocos son los países avanzados cuyo sistema de pensiones se basa en un esquema de aportaciones definidas sustentado en un sistema de capitalización financiera. Entre ellos podemos señalar a Australia, Chile o Dinamarca. En cambio, son varios los países europeos que han optado por realizar reformas parciales de sus modelos introduciendo elementos propios de los sistemas de capitalización", señala el informe.

La respuesta de Gobierno español ante las propuestas de los expertos en este sentido no varía: el sistema de reparto no se toca y no se tocará a corto plazo pese a la insistencia de entidades como el Círculo de Empresarios. Estas abogan por poner en marcha una reforma que convierta el actual modelo en uno mixto de reparto, capitalización obligatoria y capitalización voluntaria. "Solo así se garantizarán prestaciones dignas a largo plazo. De continuar a este ritmo de trasvase, podemos prever el agotamiento del Fondo de Reserva en 2019".

Aunque las aguas están revueltas en Chile, nada hace pensar que la presidenta dará un paso adelante para meter mano al sistema de pensiones. Bachelet descarta cambios profundos durante su mandato, si bien ha diseñado una hoja de ruta y está avanzando en la creación de una AFP estatal. Mientras tanto, los partidos políticos se rebelan e incluso condicionan su respaldo al Ejecutivo mientras no se tomen cartas en el asunto, como recoge la prensa chilena.

En este sistema, el empresario retiene a los trabajadores un 12,4% del sueldo para financiar el fondo de pensiones (10%), el seguro de invalidez (1%) y los gastos y beneficios de las gestoras (AFP). La única reforma en esta materia se acometió en 2008, año en el que Michelle Bachelet introdujo una pensión básica solidaria para el 60% más pobre de la población y correcciones en los aportes de pensiones para compensar mujeres y jóvenes.

"Se está incubando un verdadero estallido social y el gobierno no quiere escuchar (...) La reformulación del sistema de pensiones debe ser una decisión ineludible", sostienen los diputados críticos. La secretaría técnica de Hacienda ya está analizando un modelo mixto que combine ahorro individual obligatorio y componente de seguro social, pero no pone fecha. Solo son directrices que podrán orientar las mejoras futuras... o no.