Tú también pagas la Vuelta: así gastan las diputaciones el dinero en la carrera ciclista

Hace 15 años, la Vuelta a España no podría haber celebrado un final de etapa en Los Machucos, el puerto cántabro que se estrenó en 2017 y que repetirá en la edición de 2019 que comienza mañana. La razón es muy simple: la carretera no existía. Se inauguró en 2007. "Se hizo para unir los valles del Asón y de Miera, porque antes los vecinos tardaban una hora y pico", explica Leoncio Carrascal, alcalde de Arredondo, el municipio donde está situada la subida. La llegada de la Vuelta ha supuesto una revolución para un municipio que no supera los 500 habitantes y que vive del campo y del turismo que genera el paisaje de las Montañas Pasiegas, en la zona oriental de Cantabria. "Ha habido un impacto… Bufff. Una repercusión impresionante. Ahora viene mucha gente a montar en bicicleta y a ver Los Machucos. El turismo ha subido si te digo que… un 60%... Igual me paso, ¿eh? Que yo soy muy exagerado, pero sí, ha subido mucho”. El puerto es ahora un lugar de peregrinaje cicloturista.

El Confidencial ha recopilado los contratos y convenios suscritos entre Unipublic y las administraciones publicados en las plataformas de contratación relativos a las cinco últimas ediciones la Vuelta a España, incluida la de este año. Como complemento a esta información, también ha enviado más de 200 solicitudes de acceso a la información pública en virtud de la Ley de Transparencia a comunidades autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos y otras entidades públicas, de las que han contestado 75 (36%). Todas las cantidades incluyen el IVA salvo que se indique lo contrario.

Javier Guillén, director general de Unipublic, empresa organizadora de la Vuelta, explica que la carrera no va gratis a ningún sitio por dos razones: necesita financiarse y hacerlo supondría un agravio para las sedes que sí pagan. Preguntado por cuánto, responde con evasivas: "Invitamos a la institución a que lo diga, porque lo tiene que decir ella. Nosotros no tenemos que dar nuestras cifras, es bueno que mantengamos la discreción".

El de Los Machucos es un buen ejemplo de cómo trabaja Unipublic. Se interesa por un posible final de etapa, mejor si es inédito, y negocia con las instituciones públicas, casi siempre supramunicipales: diputaciones en la mayoría de los casos y comunidades autónomas, especialmente si son uniprovinciales. También pasa al revés: un organismo público o privado que pide a la Vuelta que lleve allí la carrera, como ha sucedido con el puerto de La Cubilla, un destino habitual del cicloturismo que se estrenará este año en la ronda española. En ambos casos, la Vuelta siempre ingresa dinero. Este año, el final de etapa en Los Machucos y la salida al día siguiente le cuesta al gobierno cántabro 130.000 euros. Y por el tríptico asturiano (etapas 14, 15 y 16), que incluye el final en La Cubilla, el Principado pagará 200.000 euros.

Las tarifas: 10.000 euros a un millón

No hay un evento deportivo en España que tenga tanta relación con las administraciones públicas, a todos sus niveles, como la Vuelta. Los hay que ingresan más dinero público, pero ninguno alcanza la cantidad de gestiones de Unipublic, que en cada edición firma alrededor de 30 contratos con ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y otra clase de organismos. Eso sin contar los acuerdos con los cuerpos de seguridad o RTVE.

De las 42 salidas y llegadas de la Vuelta 2019, este medio ha podido rastrear contratos de 28 que suman un total de 2,37 millones de euros de gasto público. A eso hay que sumar los 756.250 euros que paga Loterías y Apuestas del Estado (LAE) por el patrocinio del jersey de la montaña. En total, unos 3,1 millones de euros, de los que Unipublic se quedará con casi 2,6 millones. Sumando el resto de etapas, algunas tan importantes como la de Andorra, y lo que paga RTVE por los derechos de televisión, la cantidad de dinero público que ingresa la organizadora de la carrera podría superar los cinco millones de euros en una sola edición.

La Vuelta tiene distintas tarifas. Las llegadas, que tienen más exposición en la retransmisión televisiva, son más caras que las salidas. No es lo mismo una etapa de montaña que una llana. Una contrarreloj cuesta más que una etapa en línea. Madrid, que acoge cada año el final de la prueba, paga el precio más alto por una sola llegada. Y el canon de la salida oficial, que normalmente incluye tres o cuatro etapas en una misma provincia o comunidad, ronda el millón de euros.

Expandir

Una salida puede costar desde los 10.000 euros que pagó el Ayuntamiento de Alcañiz (Teruel) en 2016, por ser la salida de la decimosexta etapa, a los 45.000 que ha pagado este año el de Fuenlabrada (Madrid), por ser la salida de la última etapa. Valls (Tarragona), inicio de la 8ª etapa de este año, paga 11.000 euros. Vila-Real y Benicàssim (Castellón) desembolsaron 22.000 en 2017.

Las cifras de las llegadas son más altas, como los 90.000 euros que pagó el Ayuntamiento de Murcia para acoger el final de la octava etapa de 2015, o los 200.000 que paga el consistorio madrileño cada año por la última llegada de cada edición. Hay diputaciones que negocian una etapa completa, con salida y llegada, como la de 2018 entre Getxo y el monte Oiz que le costó a la Diputación de Bizkaia 150.000 euros, o la penúltima de este año, que costará 100.000 euros a la Diputación de Ávila.

El contrato más pequeño localizado por El Confidencial es de 5.000 euros, pagados este año por la Comarca de Gúdar-Javalambre en concepto de promoción de la comarca en la carrera. El Observatorio Astrofísico de Javalambre acoge el final de la quinta etapa, pero la factura la paga la diputación provincial: 40.000 euros por ese final de etapa y la salida del día siguiente. De los 71 contratos analizados, 29 corresponden a diputaciones. El resto se reparten entre comunidades autónomas (11), ayuntamientos (29), comarcas (1) y LAE. Unipublic negocia más etapas con las diputaciones y comunidades que con los ayuntamientos.

Eso dificulta establecer el precio de cada una porque suelen ir agrupadas. Además, algunos contratos contemplan contrapartidas publicitarias que aumentan el precio. En la edición de este año, la carrera solo pasa por la provincia de Burgos en la 17ª etapa, con salida desde Aranda de Duero (también acoge la jornada de descanso). Sin embargo, la diputación paga 150.000 euros para que durante toda la carrera se promocione las marcas 'Provincia de Burgos, Origen y Destino' y 'Burgos Alimenta'. En 2018, las dos partes firmaron un acuerdo similar, aunque entonces la carrera no tuvo ni salidas ni llegadas en la provincia.

¿El retorno justifica la inversión?

La gran pregunta es: ¿vale la pena gastarse dinero para acoger la Vuelta? En algunos casos el retorno es bastante claro, mejorando de manera directa la economía de algunas localidades, mientras que en otros la rentabilidad no es tan visible. Entran en juego el tamaño del municipio y la importancia de la etapa. Cuanto más pequeña es la población y más relevante es el final que acoge, sobre todo si es un puerto de montaña que se convierte en una cita habitual de la carrera, más grande es el impacto económico.

"Es la mejor inversión que se puede hacer", afirma con rotundidad Leoncio Carrascal. "La Vuelta tiene mucha repercusión. La inversión está justificada al 100%. Sobre todo, para restaurantes y comercios". Hay otros ejemplos similares a Los Machucos, como el Mirador de Ézaro, en Dumbría (A Coruña), y el Puig de la Llorença, en El Poble Nou de Benitatxell (Alicante), en los últimos años, o el Angliru en su día. En todos esos casos no son los municipios los que afrontan el gasto, sino las diputaciones o las comunidades autónomas. Arredondo pone 4.000 euros, una cantidad importante para sus cuentas, pero muy lejos de lo que pide la Vuelta. "Ayudamos con cosas pequeñas en la logística: una grúa, un tractor, un generador, etc. Por si se queda algún coche en la subida o algún camión en el prado", dice Carrascal.

La Vuelta no va gratis a ningún territorio. Siempre acaba cobrando a las sedes, aunque no se hayan interesado antes por la carrera

La mayoría de los contratos que firma Unipublic con las instituciones públicas no exigen un informe posterior de impacto. Guillén explica que la Vuelta va con los datos por delante. "Los tenemos (los informes de impacto) porque los realizamos, no para las instituciones públicas que nos lo pidan, sino para todos nuestros patrocinadores. Cuando la Vuelta hace una oferta a las sedes, les lleva la capacidad de retorno que pueden tener. Se hace en términos de GRP, en pernoctaciones hoteleras y en afluencia de público", dice. Uno los contratos que sí exigen ese análisis posterior es el que firmó en 2018 con la Diputación de Málaga para la salida oficial de la Vuelta. Unipublic cifró el impacto directo en la provincia en 1,2 millones de euros solo en pernoctaciones, restauración y combustible. A eso sumó más de 10 horas de televisión en directo, el arco de 2 km a meta en todas las etapas y otros elementos promocionales.

"Cuando termina cualquier colaboración, no solo deportivas, se elabora un informe técnico por parte de la dirección del Patronato de la Costa Blanca, con el coste directo e indirecto y la rentabilidad, o lo que nosotros denominamos el ingreso directo e indirecto", explica Eduardo Dolón, actual alcalde de Torrevieja y vicepresidente y responsable de turismo de la Diputación de Alicante en la anterior legislatura. "En todas nuestras colaboraciones con la Vuelta hemos conseguido casi duplicar la inversión (en retorno directo)", añade el político popular.

"El objetivo que se ha marcado el patronato para las tres primeras etapas de la Vuelta este año es tener un retorno cercano a los tres millones de euros, de los que dos serían retorno directo", continúa Dolón, que considera "imprescindible" que Costa Blanca se anuncie a través del deporte. "Las cinco marcas turísticas más importantes de España tienen relación con eventos deportivos. En turismo, y en el mercado turístico internacional, hay que estar constantemente promocionando. Si dejas de promocionar un año, dejas de ser reconocido".

Los 1,8 millones de Alicante

El gasto de la Diputación de Alicante en las últimas cinco ediciones de la Vuelta destaca sobre el resto. Ha firmado cuatro contratos con Unipublic: en 2015 pagó 120.000 euros por la novena etapa, con salida en Torrevieja y llegada en el alto de Puig de la Llorença; un año después pagó 250.000 euros por la antepenúltima y penúltima etapas; en 2017 desembolsó 200.000 euros por la llegada de la octava etapa y la novena al completo; y este año paga 1,2 millones de euros por acoger la salida oficial de la carrera, que incluye las tres primeras etapas. En total, 1,77 millones de euros en cuatro años.

Dolón explica la apuesta de la institución por la Vuelta a través del Patronato de Turismo de la Costa Blanca. "El deporte más rentable para las marcas es el ciclismo. No hay ningún otro evento, en el que yo haya participado en la organización, que nos dé esta rentabilidad directa", dice.

La diputación, y no los ayuntamientos, es la encargada de negociar con Unipublic. "Como alcalde de Torrevieja no tengo capacidad económica para albergar una etapa de la Vuelta. El coste de la salida es de 1,2 millones y si lo divides entre los cinco municipios, tocamos a unos 200.000 euros. No tengo capacidad. La diputación sí, lo saca de la promoción. Los ciclistas están en la carretera, pero estamos mostrando un contenido turístico", dice Dolón. "Aparte, la mayoría de las carreteras por las que pasa la Vuelta es de la red de la Diputación. La Vuelta sabe que está hablando con la administración que pone las mejores condiciones para su deporte".

La Diputación de Alicante paga este año 1,2 millones por la salida oficial, que además de las tres primeras etapas incluye otros actos, como la presentación de los equipos. Hace un año, la Diputación de Málaga pagó 170.000 euros por el mismo concepto, aunque entonces fueron cuatro etapas y no tres. La diferencia está en que en 2018 el canon se repartió entre el organismo provincial y los ayuntamientos. Marbella y Alhaurín de la Torre, dos de los municipios por los que pasó la Vuelta, pagaron 60.000 euros. El grueso lo asumió el Ayuntamiento de Málaga, que no ha respondido a la solicitud de información realizada por este periódico.

"El deporte más rentable para las marcas es el ciclismo. Ningún otro evento nos da esta rentabilidad directa", dice el alcalde de Torrevieja

Precios históricos y estabilidad

"Hay sitios que pueden pagar 10.000 o 20.000 euros más. Y también hay precios históricos. La Vuelta cobra más o menos lo mismo en los territorios", dice Guillén. Con precios históricos, el director de la Vuelta se refiere a instituciones que tratan con asiduidad con la Vuelta y a las que les cobra más o menos lo mismo siempre. El mejor ejemplo es Asturias, que sumando las tres últimas ediciones ha pagado 360.000 euros (200.000 en 2019 y 130.000 en los dos años anteriores). "Necesitamos a Asturias porque los iconos del ciclismo español están ahí. La Vuelta tiene dos referentes: el Angliru y los Lagos de Covadonga", señala el director de la carrera, que no se imagina una Vuelta sin Asturias. También en el norte, Cantabria se está convirtiendo en un lugar de paso habitual de la carrera debido a la apuesta del gobierno regional, que por segundo año seguido pagará 130.000 euros para que la carrera pase por su territorio (en 2018 tuvo una contrarreloj y este año tendrá un final de etapa y una salida).

Otra tarifa recurrente de Madrid, que paga 200.000 euros. "En tarifas de evento profesional, creo que es un precio muy asequible comparativamente", afirma Guillén, que justifica la factura "en la trascendencia, el tiempo de promoción y el programa de actividades". La capital es un ejemplo de la estabilidad de la que presume Unipublic. El cambio de gobierno en 2015 no alteró el acuerdo con la Vuelta. "Es muy poco discutida. Su signo político es de extraordinaria neutralidad. Madrid tuvo un gobierno del PP durante muchos años y entró el gobierno de Manuela Carmena y trabajamos extraordinariamente bien", dice Guillén.

"Las sedes, hoy por hoy, no llegan al 10% de la facturación total de la empresa. Sumando el patrocinio de Loterías el porcentaje sube", continúa. Unipublic, que desde 2013 tiene como único accionista a ASO, la empresa propietaria del Tour y el Dakar, es una empresa rentable. Según las cuentas de 2017, las últimas que ha podido consultar este periódico, la sociedad tuvo una cifra de negocio de 20,7 millones de euros y unos beneficios después de impuestos de 4 millones de euros. Guillén afirma que la Vuelta sobreviviría sin el dinero público que recibe de las instituciones, "pero le costaría más".

Cómo se diseña el recorrido

La salida es uno de los tres pilares del recorrido, junto con la llegada a Madrid y la penúltima etapa, que desde hace unos años ha ganado importancia y tiene un precio más elevado. Hasta que no están cerrados esos tres elementos no se empieza con el resto del recorrido. "Esta carrera solo sabe una cosa: que va a acabar en Madrid [en los últimos 40 años, la Vuelta ha terminado cuatro veces fuera de Madrid, la última en 2014 en Santiago de Compostela]. Y a partir de ahí, lo que sabemos es cuándo salimos y cómo construimos el recorrido", explica Guillén. "La salida la negociamos con dos años de antelación. Ya sé de dónde va a salir la Vuelta en 2021 y tengo meridianamente claro de dónde va a salir en 2022".

El resto del recorrido se negocia en base a unos criterios deportivos. "Una vez tenemos el recorrido, nos preguntamos qué instituciones se han interesado por acoger la Vuelta (...) En los territorios con los que los que no hemos tenido ningún acercamiento, nos movemos nosotros. Lo hacemos primero desde un punto de vista logístico-deportivo: necesitamos que nos autoricen. Y luego porque evidentemente la Vuelta busca una financiación. Decimos: necesitamos este presupuesto, cómo lo vamos a alcanzar. Vamos a la diputación, que nos puede decir que llega hasta aquí y que tenemos que hablar con estos ayuntamientos. O nos sentarnos todos y vemos hasta dónde llegamos", explica Guillén, que presume de que la Vuelta tiene contactos con casi todas las instituciones públicas. "Ahora se habla mucho de la España vacía y vaciada. Si hay algo que vertebra territorios es la Vuelta", reivindica. Todos los territorios excepto las islas, Ceuta y Melilla, por razones logísticas, y Extremadura, que solo ha tenido dos visitas esta década.

El único nivel de la Administración que no aporta financiación a la Vuelta es la estatal, pero la carrera sí trata con el Estado para temas de seguridad. Sin el trabajo de la Guardia Civil y la Policía Nacional, la carrera no podría celebrarse. El director de Unipublic asegura que la carrera sufraga el coste de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante las tres semanas de competición. En total, más de 700.000 euros.

Qué da la Vuelta y qué pide

"Nos movemos por contraprestación", defiende Guillén. "Vamos a una ciudad y le pedimos un dinero a cambio de ofrecerle algo. No tenemos un concepto de subvención a fondo perdido". La Vuelta pide, además de una cantidad de dinero, otras cosas a las ciudades por las que pasa. Para las salidas exige un espacio de 12.000 m², tomas de electricidad y agua potable, una carretilla elevadora de 3.500 kg o 200 vallas de obra. Para la llegada, este año exige al Ayuntamiento de Bilbao una recta de al menos 500 metros de largo y 20 metros de ancho, un camión cisterna de 8.000 litros, espacios para las oficinas de la carrera y la sala de prensa, un aparcamiento para 150 vehículos, 250 vallas o una carretilla elevadora de 1.500 kg. Los servicios de limpieza, médicos y vigilancia corren a cargo de la sede, que también tiene que poner a disposición de la Vuelta efectivos policiales para vigilar todo el montaje. El contrato especifica cómo debe ser la sala de prensa (cada periodista debe tener al menos 1,5 metros de espacio) y la sala que utiliza Guillén.

A cambio, Unipublic, que se encarga del montaje de la estructura en la línea de meta, cede un espacio de 20 metros para publicidad institucional, un módulo contenedor para la recepción de invitados, publicidad en el libro de ruta y varias decenas de invitaciones. El número varía. El Ayuntamiento de Valls, municipio catalán desde donde sale la octava etapa de este año, dispondrá de 20. Y la Diputación Alicante contará con 480 para las tres primeras jornadas de esta edición. Suele estar entre 50 y 60 cuando se trata de una etapa completa o de un final y una salida. A eso hay que sumar la exposición mínima en televisión, en algunos casos estipulada por contrato. Eduardo Dolón explica que la Diputación de Alicante detalla incluso los mensajes que tienen que decir los comentaristas de TVE durante la retransmisión.