Racismo en el mercado del alquiler: "Lo siento, la dueña no quiere extranjeros"

“Lo siento, pero la dueña no quiere extranjeros”. Con estas palabras rehusaron en una inmobiliaria darle más datos sobre un piso en alquiler que se anunciaba en el escaparate a Moussa, un inmigrante senegalés que trabaja desde hace cinco años como ayudante de cocina en un restaurante madrileño. Acto seguido consultó si tenían más viviendas de las características que su familia –compuesta por él, su mujer y sus tres hijos– precisaban, a lo que amablemente le respondieron que no tenían en ese momento nada disponible.

La situación a la que se enfrentó Moussa ese día es solo un ejemplo de lo que tienen que sufrir muchos extranjeros en nuestro país cuando tratan de acceder a una vivienda. Se trata de una discriminación inmobiliaria que realizan particulares y agencias, que no atiende a la posición económica de los individuos, simplemente al origen del arrendatario en potencia.

El último ejemplo de estas prácticas viene de la mano de la exportavoz en español de Barack Obama en la Casa Blanca durante casi dos años, Katherine Vargas. La colombiana, que actualmente trabaja en Madrid para una gran empresa tecnológica, la semana pasada se enfrentó a una situación muy desagradable, según cuenta, al ser vetada por la casera de un piso situado en Trafalgar (en pleno corazón de Chamberí) por ser extranjera.

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Demostrar la existencia de la discriminación inmobiliaria puede ser difícil ya que, en la mayoría de ocasiones, no se expresa abiertamente. Para poder exponer esta xenofobia SOS Racismo elaboró un estudio empleando la técnica del testing. La asociación realizó 462 llamadas a 250 inmobiliarias de siete comunidades autónomas y pruebas presenciales en 20 agencias de cuatro ciudades: Donostia, Gasteiz, Madrid y Barcelona.

Para realizar el estudio se ponían en contacto con las inmobiliarias (de manera presencial o telefónica) ciudadanos de origen extranjero y a los pocos minutos personas de apariencia típica española. Los sujetos del experimento se coordinaban para contactar con las agencias mostrando el mismo perfil económico y pedían una vivienda de las mismas características. Pero el resultado era completamente distinto para los españoles que para los extranjeros.

Un estudio realizado con 270 inmobiliarias demostró que se ofrecen muchas menos viviendas para alquilar a extranjeros que a nacionales

Tanto en el testing telefónico como en el presencial es clara la diferencia de pisos ofertados a uno y otro colectivo. En el telefónico, de las personas a las que se les negó que existiesen pisos para ofrecerles, el 69,8% eran demandantes de origen extranjero, frente a un 30,2% de personas autóctonas. En el presencial, de las personas a las que se les negó que existiesen pisos para ofrecerles, el 86,7% eran demandantes de origen extranjero (el 42,9% de origen subsahariano, el 28,6% del Magreb y el 14,3% de origen latino). Aparecían igualmente diferencias en los requisitos para acreditar solvencia económica (nóminas o avales) y apenas hay diferencias en los previos de los pisos ofertados.

Mikel Mazkiaran, secretario de federación estatal de SOS Racismo, explica a El Confidencial que en la mayoría de agencias “esta discriminación no se produce por los agentes de la propiedad inmobiliaria, sino que muchas veces son indicaciones expresas de los dueños de esos inmuebles de no alquilarlos a extranjeros. Indicaciones que son contrarias a la ley”.

Mazkiaran relata que suele haber dos tipos de contestación en las agencias cuando se produce esta discriminación: “Una a través de una excusa de falta de disponibilidad de oferta en ese momento, como la forma más simple de esquivar la solicitud de vivienda; y otra que es más explícita. Algunos agentes dicen directamente que es el dueño del inmueble ha dicho que no se puede alquilar a extranjeros e, incluso, lo trasmiten con condescendencia señalando que a ellos eso no les parece bien”. Del mismo modo, aunque no tan común, relata que algunas inmobiliarias sin recibir ningún tipo de indicación no les ofrecen viviendas en alquiler.

En este sentido, el secretario de SOS Racismo estima que “no cabe plantear el debate de si se puede establecer estas condiciones cuando una vivienda se lleva a una inmobiliaria, ya que esta es prestadora de un servicio público”.

Primer expediente por discriminación inmobiliaria

Aunque, como indican las asociaciones, sea difícil de demostrar, en algunos casos es más que evidente. A finales del pasado año el Ayuntamiento de Barcelona abrió un expediente sancionador al portal Idealista y a la inmobiliaria The New House Barcelona por publicar como requisito en un anuncio de alquiler que la persona arrendataria debía ser española. El Consistorio consideró un caso de discriminación en el acceso a la vivienda por razón de origen y por primera vez abrió un expediente por este motivo.

El anuncio se publicó en junio, y un ciudadano lo comunicó a la Oficina per la No Discriminació del Ayuntamiento, que valoró que al exigir la nacionalidad española para arrendar un piso "excluía expresamente a otro colectivo, personas no españolas". "La privación a todo un colectivo, en este caso a las personas no españolas, en el acceso a un bien básico como la vivienda no queda amparado por el derecho de libertad de contratación", señaló en un comunicado el Consistorio.

Discriminación a los gitanos

La cara más visible de la discriminación inmobiliaria es la de los extranjeros, pero otros colectivos también se han visto afectados. Uno de los que más lo sufre es el pueblo gitano, según lleva denunciando años la Fundación Secretariado Gitano.

Pastora Filigrana, abogada, sindicalista y gitana de Triana, analiza en su ensayo ‘El pueblo gitano contra el sistema-mundo’ (Akal), la discriminación histórica hacia los gitanos desde hace cinco siglos por la ordenación económica y social del mundo. “Porque eso sí, para el flamenco, la feria, para el folclore sí, pero para alquilar un piso todavía no nos vale el gitano”, señalaba la abogada en una entrevista con El Confidencial.

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Desde muy joven se curtió en el activismo montando asociaciones como la de 'Mujeres gitanas universitarias de Sevilla'. “Queríamos cambiar los estereotipos porque todavía hacen mucho daño cuando se quiere conseguir un trabajo o alquilar una vivienda”, apuntaba.

Legislación imprecisa

En Estados Unidos, la legislación prohíbe expresamente hacer preguntas o comentarios sobre la raza y nacionalidad de origen a la hora de alquilar un apartamento. Y los caseros, aunque solo sea por miedo a las consecuencias, suelen ser cuidadosos al respecto.

Pero aquí en España, como tal, no existe una legislación específica. Aunque sí hay otros aspectos de nuestra ley que lo recogen, según explica a este periódico Esther Peña, abogada y responsable en la ONG Accem de los programas de asistencia a personas víctimas de discriminación por origen racial o étnico.

Según explica la bogada, el hecho de aludir al origen como si constituyera una categoría diferente de inquilinos es constitutivo de infracción por vulneración del artículo 14 de la Constitución de igualdad de trato y no discriminación. Asimismo señala que vulnera los propios sobre el derecho de obligaciones (contratos) vigente en el Código Civil vigente.

La legislación estadounidense prohíbe expresamente hacer preguntas o comentarios sobre la raza y nacionalidad a la hora de alquilar un piso

Además Peña señala –en la misma línea que el secretario de SOS racismo– que las inmobiliarias, como prestadoras de servicios públicos, no pueden no alquilar un piso a inmigrantes por ser inmigrantes y/o abusar en las condiciones contractuales del arrendamiento porque podrían incurrir en un delito de odio, tipificado en el artículo 512 del Código Penal (de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución).

Reclaman intervención institucional

Desde Accem, Peña señala que para atacar este problema de raíz “es realmente necesaria una ley de igualdad de trato, que se empezó a gestar, pero se quedó en el camino en 2011”. “Es muy importante que estos hechos, que son ilícitos, no queden impunes”, añade.

En este mismo sentido, el secretario de SOS racismo opina que “para que se modifiquen este tipo de malas prácticas de las inmobiliarias es imprescindible la intervención de las instituciones”.