El impuesto al perro llega a España: luces y sombras de una medida polémica

Quien tiene un perro, tiene un tesoro. Y, si vive en Zamora, nueve euros menos. Es el montante al que asciende la tasa anual que se habrá de pagar por cada can en la ciudad castellanoleonesa a partir del próximo año, y cuyo objetivo es, según el ayuntamiento de Izquierda Unida, aliviar la carga que supone para el contribuyente los gastos en bienestar animal.

Según sus cálculos, los entre 50.000 y 90.000 euros que se pretenden recaudar ni siquiera cubrirán los 200.000 euros de gastos directos e indirectos que produce la presencia de perros en la capital. “Sabemos que todo lo que sea pagar enfada, pero de lo que se trata es de cambiar la mentalidad de la gente”, señalaba el concejal de Recaudación y Rentas, Diego Bernardo. “Entendemos que en todos los servicios que ofrece el ayuntamiento participan los ciudadanos que los disfrutan, por lo que es natural que los propietarios de animales participen en la prestación de los servicios para animales”.

Es injusto, las familias ya soportan una gran carga económica por tener animales mientras la Administración se desentiende

“No tiene mucho sentido hacer pagar al propietario de un animal, que ya paga impuestos, porque es algo que debe asumir la Administración”, lamenta Laura Duarte, portavoz de PACMA, que además recuerda que España es uno de los países con un IVA veterinario más alto, una de las reivindicaciones del partido animalista. “Te gastas cientos y cientos de euros al año por tener animales, entendemos que si no pagamos por ser ciudadanos, tampoco lo deberíamos hacer por esto”.

Como ocurre con otros impuestos, muchos consideran que la clave se encuentra en qué se proporciona al contribuyente con perro a cambio. “Es un impuesto que se puede exigir cuando la Administración proporciona un buen servicio”, responde Carmen Méndez, presidenta de la Asociación Defensa Derechos Animal (ADDA). De lo contrario, puede tratarse de una medida recaudatoria, o incluso disuasoria. “¿Qué proporciona exactamente? ¿Hay áreas para perros adecuadas? ¿Facilidades? ¿Se hacen campañas para la adopción? ¿Se promueve la identificación de los animales?”. De la respuesta depende hacia dónde se incline la balanza.

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Duarte resalta, además, que en muchos casos las familias son las que soportan el coste económico al recoger a un animal abandonado, “porque la Administración no se hace cargo”. Cada año, se destinan millones de euros a los festejos taurinos, añade, una cantidad de dinero que podría destinarse al cuidado de los perros sin tener que repercutirlo económicamente en el usuario. “Las personas con animales soportan una gran carga, no hay ayudas a las familias con animales y sin recursos. Si le ocurre algo al animal, el coste es siempre privado”.

El del control y registro de los animales es uno de los puntos clave en el ayuntamiento zamorano, la primera capital de provincia que ha implantado una medida así. En este momento, hay 9.800 animales censados en la ciudad, pero la introducción de la tasa probablemente provocará que el número descienda y se obtenga una cifra mucho más acorde con la realidad que permita sufragar el censo telemático, los evacuatorios, los dispensadores de bolsas, las zonas de juego, la limpieza de jardines, campañas de celebración o el Día de la Mascota.

Es un impuesto que se puede exigir cuando la Administración proporciona un buen servicio. Si no, es una medida recaudatoria

Como recuerda Juan Ignacio Gorospe, profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad CEU San Pablo, es importante matizar que se trata de una tasa y no de un impuesto, es decir, que en este caso el ciudadano “paga por el servicio que está recibiendo”. Otra cuestión es que la relación coste-beneficio de esta medida impopular sea la indicada, ya que la recaudación ni siquiera servirá para costear ni la mitad del presupuesto.

“Puede tener una justificación respecto al coste”, explica. “Pero también habría que tener en cuenta otros factores”. Por ejemplo, posibles exenciones, como los perros que operan profesionalmente (los perros policía o los lazarillo, por ejemplo). O, como ha ocurrido en otros lugares, plantear distintos precios en función del tamaño o la raza del animal. No es lo mismo un caniche que un rottweiler, y ni sus necesidades ni la suciedad que generan son parecidas.

La discusión sobre quién debe pagar ese dinero está abierta en las redes. Desde el “¿para qué recogemos las cacas?” hasta el “ese dinerito rico que se recaude se destinará a los toritos de las fiestas”, pasando por el “otra razón más para abandonar perros” o el “¿pagarán una tasa también niños o jubilados?”, el perfil común es el del contribuyente indignado. Con llamativas excepciones: los vecinos de Países Bajos o Alemania, que se muestran contentos por el tratamiento que sus animales reciben de parte del ayuntamiento.

'Don't tread on my dog!'

La posibilidad de implantar un pequeño impuesto municipal por la posesión de animales se plantea cada vez con más frecuencia. Municipios pioneros fueron Mejorada del Campo, donde desde 2013 se recaudan 10 euros por perro (entre 90 y 180 euros de multa), o Fresnedillas de la Oliva, entre 15 y 40 dependiendo de la raza. En aquella época, la concejalía argumentaba que la carga económica de la limpieza de las calles no debía recaer en la población que no ensuciaba. Un coste insignificante pero justo.

La tasa contemplada en la ley valenciana tiene como objetivo sufragar los costes relacionados con la prohibición de los sacrificios de perros perdidos

Tímidamente, la propuesta ha aflorado con cierta frecuencia en el debate nacional, incluso en forma de inocentada popular. Inca, en Mallorca, es otra de esas localidades donde el propietario del animal abona 10 euros por la inscripción en el censo y cinco adicionales cada año, un montante que incluye también al agente rural que se ocupa del control de perros. La tasa de Zamora, de hecho, no es más que una recuperación de la que se extinguió en 1992.

Donde más predicamento ha tenido esta idea heredada de Alemania y Países Bajos —donde la cantidad es mucho más elevada, y puede llegar a rondar los 300 euros— es en la Comunidad Valenciana, donde la ley sobre bienestar y tenencia de los animales contemplaba una tasa para sufragar la prohibición del sacrificio de animales abandonados. Una vez más, hacía hincapié en la necesidad de la identificación a través del microchip. Como recuerda Gorospe, “en el momento en que se establece la obligatoriedad, ya hay un cierto control económico, ya que la multa por no tener chip es de 600 euros”.

Duarte, de PACMA, considera que el razonamiento valenciano es “perverso”. “Si es una contrapartida a cambio de mejoras, estoy de acuerdo, pero si es pagar para que no se mate a los perros o para financiar las perreras, que los tienen a veces en condiciones terribles, es injusto”. Otra cuestión sería si la tasa incluyese otros servicios como el veterinario.

Una tasa para dominarlos a todos

Lo que la tasa a los perros demuestra es que, cuando la necesidad aprieta, la inventiva de los ayuntamientos no conoce límites. “Cada municipio puede hacer lo que quiera, otros han perseguido a los que no limpiaban los excrementos, o a los que no tenían censados a los animales”, recuerda Méndez. Son tasas guadiana, que tan pronto aparecen como desaparecen, lo que dificulta realizar un seguimiento exacto de su aplicación.

Para valorar el éxito de la tasa, hay que garantizar que los dueños de los animales disfruten de los beneficios que se les han prometido

Gorospe, por ejemplo, recuerda la 'tasa Carmena' a los cajeros, que obligó a los bancos a abonar una tasa de entre 26 y 750 euros por la utilización del espacio público. Un pequeño fracaso —en 2017, se recaudaron 437.000 euros, en comparación con los 745.000 proyectados— que apunta a otro de los hándicaps de esta clase de ordenanzas: garantizar que se cumplan los fines para los que se plantean.

En eso están todos de acuerdo. Si la tasa sirve para ofrecer un buen servicio tanto para los dueños como para sus mascotas que alivie al resto de la población, es razonable, es aceptable. Si no, no se tratará más que de una medida recaudatoria. Y Gorospe recuerda una vez más la ley de tasas judiciales que “se aplicó pero no afectaron a la finalidad pretendida, que era la mejora de la justicia ”.