LOS MUROS QUE SEPARABAN DOS ESPAÑAS

Por un manojo de llaves: el prólogo olvidado de la Guerra Civil

Se han estudiado a menudo las batallas que se libraron entre partidarios y detractores de la República pero hay un aspecto ignorado que tuvo una gran importancia

Foto: Foto: iStock.
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Todos los que eran alguien en la política catalana de la época estaban presentes cuando se derribó el muro del Cementerio de Montjuic de Barcelona, que separaba la parte católica de la civil. Los concejales llegaron en coche oficial. Había representantes de varios partidos políticos, masones y otras organizaciones. El alcalde, Jaume Aiguader i Miró, de ERC, cogió la maza y asestó el primer golpe ante los aplausos de los presentes, una imagen inmortalizada en 'ABC'. La respuesta no se hizo esperar. El obispo declaró que la decisión era ilegal y amenazó a la camarilla con que la furia divina caería sobre ellos.

No fue ni mucho menos el único municipio donde, a lo largo de 1931, cayeron los muros de los cementerios, que hasta entonces habían separado dos Españas: la católica, enterrada dentro de sus muros, y la civil, generalmente condenada a mantenerse fuera. Una decisión que se remontaba a 1871, cuando después de un breve periodo en el que se permitieron introducir zonas de entierro para no católicos dentro de los cementerios católicos, el gobierno decidió crear cementerios civiles. En la práctica, eran meros anexos de los camposantos tradicionales. El párroco decidía dónde se enterraba a cada cual, una fuente constante de conflicto.

Lejos de ser intolerantes, las autoridades lidiaron con las presiones recibidas, al mismo tiempo que intentaban respetar el sentimiento católico

Se han estudiado con frecuencia los encontronazos culturales que se produjeron en las escuelas o iglesias españolas durante el largo preludio de la Guerra Civil que fue la República, pero apenas de cómo los enfrentamientos entre dos formas de entender la sociedad tomaron forma en los cementerios y funerales españoles. Lo lamenta Matthew Kerry, de la Universidad de Leeds, que acaba de publicar una investigación sobre dicho episodio de nuestra historia en 'European History Quarterly'. Con una tesis: “Lejos de ser intolerantes, las autoridades republicanas locales jugaron un rol clave a la hora de lidiar con las presiones recibidas, al mismo tiempo que intentaban respetar el sentimiento católico”.

La secularización del país pasaba en muchos casos por devolver los ritos al espacio privado y la recuperación del espacio público, recuerda el autor, y era uno de los aspectos en los que se podía legislar que afectaban directamente a las vidas diarias de los ciudadanos. Un enfrentamiento simbólico que “hizo poco para mitigar los problemas económicos”, pero que “eliminó una barrera física que representaba la injusticia histórica percibida y la victimización de la Iglesia, representada por la habilidad del sacerdote para separar para siempre a amigos y familia en la muerte”. A menudo, este enfrentamiento se centraba en el combate por unas llaves. Las que guardaba el párroco, y que le conferían el poder de abrir (física y figuradamente) las puertas del cementerio.

Un hombre observa los nombres de los republicanos asesinados durante la Guerra Civil en el cementerio de Oviedo. (Reuters)
Un hombre observa los nombres de los republicanos asesinados durante la Guerra Civil en el cementerio de Oviedo. (Reuters)

Este enfrentamiento pasaría por diversas fases. El 9 julio de 1931, un decreto provisional promovió la libre elección de lugar de entierro y sustrajo el control de las llaves de los párrocos, lo que provocó una ola prematura de euforia que llevó al derribo de los muros que dividían los cementerios. En 1932, una nueva ley dictaminó que todos los entierros serían civiles por defecto, permitiendo la expropiación de los cementerios, que pasarían a manos de los ayuntamientos. El último decreto de 1935 apremiaba a terminar los procesos de expropiación o devolver los cementerios a sus dueños originales. Una estrategia de los conservadores para que estos terrenos volviesen a las manos de los religiosos.

Entierros improcedentes

No hay categoría que defina mejor la naturaleza revanchista de los enfrentamientos en los camposantos que lo que el inglés denomina “entierros improcedentes” ('wrongful burials') y que consistía, básicamente, en enterrar a los muertos donde no les correspondía. Por ejemplo, en San Pedro de los Arcos, a las afueras de Oviedo, se enterró al socialista Santiago Álvarez dentro del cementerio en una ceremonia a la que acudieron miembros de varias organizaciones asturianas de izquierdas. Cerca, en Olloniego, tres individuos asaltaron el cementerio para enterrar a María Fernández. En otros casos, la situación fue la opuesta, y se acusó a los sacerdotes de robar cadáveres y enterrarlos según el rito católico en contra de los deseos de la familia.

El objetivo no era prohibir la celebración de ritos religiosos, sino mantenerlos fuera de las calles, garantizando que estas fuesen un espacio público

¿Quiénes estaban en medio de dicho embrollo? Los alcaldes, que eran los responsables del orden público y tenían la capacidad de prohibir determinados actos. El historiador da la razón al cardenal Vidal i Barrraquer, que envió en marzo de 1932 una carta a Manuel Azaña en la que le advertía de que, debido a que la legislación implantada por la coalición de republicanos y socialistas debía ser aplicada por cada municipio, era inevitable que surgiesen “serios conflictos que inevitablemente tendrán efectos en las capitales de provincia y las diócesis”.

Un caso canónico: Langreo

Según el investigador, nada mejor que Asturias, una de las regiones donde la militancia activa de la izquierda se hizo más patente, para observar cómo estas disputas por los cementerios pusieron de manifiesto la división de la sociedad. Y nada mejor que el concejo minero de Langreo y aledaños para trazar un resumen del tira y afloja por el control de un manojo de llaves, casi tan simbólicas como las de San Pedro.

Panorámica aérea de Langreo y el valle del Nalón. (CC/Astur1)
Panorámica aérea de Langreo y el valle del Nalón. (CC/Astur1)

Todo comenzó en octubre de 1931, cuando, a pesar de las dudas legales, se decidió derribar el muro divisorio del cementerio. El acto provocó un efecto llamada y, pronto, otros municipios de la cuenca minera lo imitaron. Aunque la derecha aún no se había reorganizado y, por lo tanto, no opuso gran resistencia, algunas voces se alzaron ante lo prematuro de la medida. Pero eran los meses de optimismo tras la victoria electoral, y la caída del muro, un importante símbolo que mostraba que la secularización de un país anclado en el pasado era posible. El concejal Cabezas dijo, no obstante, que arrebatar el cementerio llevaría más tiempo que, simplemente, construir uno nuevo.

En Sama de Langreo vivía Prada Morán, un joven sacerdote muy querido por la prensa local afín a la derecha católica. Su florida oratoria le serviría para enfrentarse a las autoridades que habían decidido imponer la secularización del concejo por las bravas. Langreo fue, también, uno de los primeros municipios de Asturias que impusieron restricciones en los funerales. Fue en junio de 1932 cuando, basándose en la Constitución, el alcalde pidió que los ritos católicos se ciñesen al cementerio y que los sacerdotes dejasen de acompañar los féretros por las calles. El objetivo no era prohibir la celebración de ritos religiosos, sino mantenerlos fuera de las calles, garantizando que estas fuesen un espacio público.

Las autoridades fijaron el 22 de agosto de 1933 como la fecha en que, siguiendo las leyes recién aprobadas, el párroco debía entregar las llaves

El día inmediatamente después de la aprobación, y mediante la providencia divina que le proporcionó un mártir que ni pintado, Prada Morán se enfrentó a la orden liderando una procesión funeraria, al parecer, en contra de las peticiones de la familia del finado. La policía municipal lo arrestó, se produjo una pelea y el clérigo fue encarcelado, junto a los dos hombres que le acompañaban. En unas horas habían sido puestos en libertad, y el alcalde fue felicitado en la prensa simpatizante por su “gesto viril”. Aunque cada cual, el religioso y el alcalde, contó la historia a su manera, lo que parecía claro es que Prada Morán deseaba poner a prueba la autoridad municipal.

Las autoridades fijaron el 22 de agosto de 1933 como la fecha en que, siguiendo las leyes recién aprobadas, el párroco debía entregar las llaves del cementerio de Ciaño. Aunque así lo hizo, era el principio de una larga guerra. El 9 de septiembre, el párroco envió una carta al ayuntamiento defendiendo que el cementerio era propiedad de la Iglesia y solicitando su retorno, un proceso que se alargaría un año. Kerry pone énfasis en que, como ocurrió en otros lugares, las autoridades locales decidieron respetar la legalidad vigente y consultar a abogados. Algo en principio sorprendente en un contexto, el de otoño de 1934, en que la represión de la revolución de Asturias había provocado entre 1.500 y 2.000 muertos.

Finalmente, durante la etapa radical-cedista, el cementerio de Ciaño fue devuelto al párroco, porque se le consideraba el propietario legítimo. La ley de 1933 que había permitido la expropiación no aludía a cuestiones de propiedad, lo que provocó que volviese a las manos de la Iglesia. En febrero de 1935, se levantó la prohibición sobre las procesiones funerarias. Como recuerda el autor, “había una inmediatez en los funerales que afectaba más profundamente a la expresión de las identidades colectivas que a quién pertenecían las llaves”. Apenas año y medio después, estallaría una guerra cuyas raíces se remontaban a mucho antes de la proclamación de la República, y que se había estado fraguando día tras día en pequeñas batallas simbólicas que terminarían derivando en el derramamiento de la sangre de miles de españoles.

Alma, Corazón, Vida

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