El colegio invisible: denuncias de nepotismo en la Carlos III a la Juan March

Lo llaman “el colegio invisible”. Una creciente presencia de la Fundación Juan March en la Universidad Carlos III cuyo penúltimo capítulo ha sido la imputación de cinco catedráticos por prevaricación administrativa y nombramiento ilegal. La instrucción, llevada a cabo por un juzgado de Getafe, investiga la elección como catedrático de Roberto Garvía Soto, ligado a la Juan March, en detrimento de otro candidato que había logrado demostrar que el currículo de su oponente estaba falseado. La querella no va dirigida contra el profesor escogido, sino contra quienes formaban el tribunal.

No es un caso aislado, aunque sí el único que ha llegado hasta los tribunales de justicia ordinaria. Más allá de este caso concreto, las voces que claman por los casos de favoritismo y nepotismo en la Facultad de Sociología de la UC3M son constantes. Desde 2013 las denuncias, casi siempre anónimas por miedo a represalias, del trato de favor hacia la Juan March han sido continuas y salpican a nombres tan conocidos del mundo del análisis político como Lluis Orriols o Pablo Simón. En 2013 se firmó el convenio entre la fundación y la Universidad. Un acuerdo que a día de hoy sigue sin desvelarse y del que se desconocen sus verdaderos términos. Aunque sí algunas de sus consecuencias. Entre otras: "la creación de una carrera académica paralela a la Ley de Universidades". Pablo Simón declinó dar su versión de los hechos: "No voy a hacer ningún comentario, me remito a mis superiores".

El antiguo departamento de Sociología fue perdiendo peso y se declaró “en extinción” para ser sustituido por el de la Juan March

“Al principio, el acuerdo contemplaba que ellos pagaban a la universidad, pero cada año menos hasta llegar a un punto en el que ya el centro se ocupa de todos los gastos”, desvela uno de los afectados, que prefiere conservar el anonimato. La idea, según los detractores del proceso, era que la fundación sustituyese al antiguo departamento de Sociología de la universidad, que fue perdiendo peso y se declaró “en extinción” para ser sustituido completamente por el de la Juan March. Aún coexisten ambos departamentos.

“De esa manera, los gastos corren a cargo del erario público, pero la contratación del personal la deciden ellos para meter a su gente y todo queda opacado”, insisten. Por eso, sostienen, empezaron a llegar profesores visitantes en un número inusitado (más de 200 en estos años en las distintas facultades) y sin que se ajustasen en absoluto a los principios que regían la contratación de esta figura docente. Muchos de estos procesos han sido denunciados por los sindicatos CCOO y UGT y en algunos casos han conseguido que se invalidasen temporalmente. “Aunque después de arreglar las formalidades han vuelto a colocar a los mismos candidatos, a los suyos, claro”.

450.000 euros anuales

Los tentáculos de la fundación en la UC3M se empiezan a extender en 2013. Entonces se crea el Instituto Carlos III-Juan March de Ciencias Sociales. A partir de esa fecha, la fundación dotó con 450.000 euros anuales a la universidad. También donó una biblioteca con 60.000 volúmenes y más de 2.000 bases de datos en formato electrónico.

Teóricamente, el nuevo sistema, y de eso se ufanaba el rector, Juan Romo, acababa con la tradicional endogamia universitaria. Se evitaba que aquellos que hubiesen hecho el doctorado en la Carlos III luego fueran contratados por la misma universidad. “Pero a cambio se creó una endogamia aún mayor, la que privilegia a los miembros del colegio invisible, que tiene una gran capacidad de cooptación”, apostilla uno de los críticos. Así que aunque formalmente nada tenían que ver con la universidad aquellos que habían hecho el doctorado en Oxford o en la Autónoma de Madrid, todos tenían algo en común: un vínculo con la Juan March.

Se contrata discrecionalmente como IC3JM sin los controles y requisitos que prevé la ley, pero se paga con dinero público

Nadie, literalmente, nadie, conoce el convenio. Profesores, sindicatos, prensa, etc., lo han solicitado a rectorado y no lo ha querido facilitar. Se sospecha que el convenio contiene cláusulas relativas a la contratación de personal y costes y que, por este motivo, no se quiere difundir. Para ejemplarizar la importancia del convenio, si contiene compromisos de incorporación de la Fundación a la Universidad, hay que tener en cuenta que se contrata discrecionalmente como IC3JM, sin los controles y requisitos que prevé la ley, pero se paga con dinero público, pues al final, todo el personal será de la Universidad una vez finalizados los seis años de transición.

Es entonces, al rubricarse el acuerdo, cuando Ignacio Sánchez Cuenca, Profesor Titular de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, se incorpora, en comisión de servicios, a la UC3M como Director del IC3JM y profesor del Departamento de Ciencias Sociales. A la incorporación de Sánchez-Cuenca le siguen algunas otras, todas ellas del IC3JM, como Javier García Polavieja, becario del Banco Santander, o Andrew Richards.

Publicaciones duplicadas y triplicadas

El catedrático de Sociología Juan Díez Medrano, miembro de la comisión de selección que dio la plaza a Roberto Garvía y ahora uno de los investigados por el juez, ha preferido no declarar nada a este diario, que se puso en contacto con él. El profesor demandante, que interpuso la querella criminal, presentó por registro una queja formal dentro del plazo legal en la que advertía de la duplicidad y a veces triplicidad de algunas de las publicaciones que había presentado el candidato que finalmente obtuvo la plaza. No le hicieron caso en esta ocasión, aunque previamente sí había logrado frenar otras irregularidades en el mismo proceso. El denunciante se dio cuenta de que los artículos aportados por su oponente eran los mismos, pero traducidos. Al margen de algunas otras triquiñuelas, como publicar en extractos partes de un libro y presentarlo como algo nuevo y original. Los jueces dictarán sentencia.