“UNA GUERRA QUE NO SE PUEDE GANAR”

El impuesto Amazon para bajar el precio de los pisos y pagar pensiones: el caso Seattle

Son cada vez más los que, como Montoro, piensan en introducir una tasa adicional a las grandes tecnológicas para aliviar algunos de los problemas que generan. Pero ¿es posible?

Foto: La sede de Amazon en Seattle. (iStock)
La sede de Amazon en Seattle. (iStock)

El mes pasado, los dirigentes de Seattle, una de las ciudades más progresistas de EEUU, se las prometían felices. Fue entonces cuando fue aprobado un nuevo impuesto a las grandes tecnológicas cuyo objeto era combatir la subida del precio de la vivienda y el aumento del número de mendigos, que iba a entrar en vigor en enero del próximo año. Según los cálculos del ayuntamiento, la aportación (un impuesto per cápita de 275 dólares anuales por empleado) permitiría recaudar solo de Amazon, que tiene 45.000 empleados en la zona, unos 12.375.000 dólares. Una cifra que ascendía a 47 millones si se incluía al resto de grandes empresas que facturasen más de 20 millones de dólares al año.

El pasado martes 12 de junio la decisión se vino abajo, después de que el pleno del ayuntamiento decidiese dar marcha atrás apenas un mes después de la aprobación unánime del impuesto. Desde entonces, la presión de Amazon había sido tremenda, como han reconocido los siete legisladores que cambiaron su voto, mientras que tan solo dos permanecieron fieles a su posición inicial. “Es una guerra que no podemos ganar en este momento”, explicó una de ellas, Lisa Herbold. “La oposición dispone de recursos ilimitados”. Por una parte, amenazaron con paralizar su expansión en la zona –a través de la construcción de un nuevo edificio de 17 plantas– si el nuevo impuesto se introducía, pero también a través de una fuerte actividad lobística.

En apenas un mes la ciudad ha dado marcha atrás, después de que las grandes compañías de la ciudad impulsasen una campaña en contra del impuesto

El principal motor del cambio fue una organización sin ánimo de lucro llamada No Tax On Jobs (“Trabajos Sin Impuestos”) a la que se adscribieron otras compañías como Starbucks, que aportaron en total más de 300.000 dólares para promover una consulta a los ciudadanos. En su página web, recordaban que la política “antinegocio” del ayuntamiento iba en sentido contrario a lo que los votantes querían y que el verdadero problema era de “eficiencia de gasto” según las palabras del vicepresidente de Amazon, que lamentaba que la suya sería la compañía que más dinero tendría que pagar, dado que es la principal creadora de trabajo en la capital del estado de Washington. En apenas un fin de semana habían recogido más de 45.000 firmas, aunque necesitasen 17.000.

La presión y las amenazas de la empresa provocaron que los legisladores cambiasen de opinión. Un reportaje de 'The Atlantic' recoge las declaraciones de uno de ellos, Mike O' Brien, que desvela cómo varios votantes (uno de ellos, con una camiseta de Bernie Sanders) se acercaron a él para decirle que aunque había que combatir la subida de precios de la vivienda propiciada por Amazon, un “impuesto a los empleosno era la mejor medida. Ante la posibilidad de que la ciudad se partiese en dos, el ayuntamiento cedió ante el sector privado y retiró la propuesta.

La compañía abrazó satisfecha la decisión en un tuit en el que manifestaban que “es la decisión correcta para la prosperidad económica de la región”. Además, hacia hincapié en su compromiso de ayudar a solucionar los problemas de Seattle a través de la inversión en organizaciones locales como Mary's Place o FareStart. En definitiva, prefieren aportar dinero a organizaciones benéficas que pagar impuestos. La compañía, de hecho, abrirá en el año 2000 un refugio dentro de uno de sus nuevos edificios de oficinas. Los beneficios de Amazon den 2017 fueron de 3.000 millones de dólares.

Una guerra de discursos

No todos los trabajadores de Amazon estaban a favor de la revocación del impuesto. Uno de ellos afirmaba que quería convivir con “gente de todo tipo, no solo ricos”. Ese es uno de los grandes problemas a los que deben enfrentarse ciudades como Seattle, donde el aumento del número de trabajadores en el sector tecnológico ha disparado los precios haciendo cada vez más difícil que, como señalaba otra empleada, trabajadores del sector servicios como “fontaneros, conserjes o profesores” pueden vivir en la ciudad, que corre el riesgo de ser coto exclusivo para los profesionales de un único sector.

Montoro anunció el pasado abril que gravaría a las grandes tecnológicas para ayudar a pagar las pensiones y reducir el déficit de la seguridad social

Muchos de los ciudadanos señalan que Amazon y su rápida creación de empleo (se han generado en total 100.000 nuevos puestos en la ciudad desde el año 2000) han sido el origen de muchos de los problemas que han estallado década y media después del establecimiento de la empresa en la ciudad más grande de Washington. No es la primera vez que se pone en marcha un impuesto semejante, aunque probablemente nunca antes se había producido una reacción con tal fiereza. Los “impuestos Amazon” han ido proliferando a lo largo y ancho de EEUU desde el año 2011 y ahora están en presentes en distintas formas en 45 estados, siempre a nivel estatal y local, aunque la mayoría suelen reducirse a pactos fiscales.

El pasado mes de abril, el entonces Ministro de Economía, Cristóbal Montoro, anunció su intención de proponer al Pacto de Toledo la creación de un nuevo impuesto a las empresas tecnológicas que menos tributan en España como la susodicha Amazon, Google o Apple, con el objetivo de financiar las pensiones. Es una argumentación habitual en esta clase de impuestos a los que, para evitar que se les acuse de ser meramente recaudatorios, se les busca una aplicación concreta y que genera gran preocupación social. La diferencia en el caso de Seattle es que los impuestos a esta clase de compañías se destinan a paliar las externalidades negativas que ellas mismas generan. El que rompe, paga.

Vista aérea de Cupertino. (iStock)
Vista aérea de Cupertino. (iStock)

Frente a dicho argumento, se encuentra el de la creación de empleo, enarbolado a menudo por las grandes tecnológicas a la hora de defender su presencia en las grandes ciudades aun reconociendo sus efectos negativos. En un contexto de alto paro, es difícil argumentar en contra de las empresas que proporcionan miles de puestos de trabajo. El hecho de que el impuesto esté ligado al número de empleados y no a otros factores como ingresos o beneficios) es percibido como un castigo a la contratación.

Un frente abierto

Otras localidades de Silicon Valley se están planteando medidas semejantes. Es el caso, por ejemplo, de Mountain View y Cupertino. La primera es la localidad en la que tienen su sede Google, LinkedIn y Syantec y es probable que termine prosperando. Como recuerda 'Business Insider', Google tiene 23.000 trabajadores en la ciudad y el impuesto planea cobrar 150 por cada uno de ellos, lo que provocaría que Google tuviese que entregar en impuestos cada año alrededor de tres millones y medio de dólares. En el caso de Mountain View, el dinero se destinaría sobre todo a financiar el transporte público, pero también a la construcción de viviendas asequibles.

Cupertino propuso en 2016 un impuesto de 1.000 dólares por cada empleado, pero la propuesta fue rechazada. Muchas de ellas han disminuido la cantidad de dinero aportada por trabajador; por ejemplo, la propuesta de Mountain View era inicialmente de 300 dólares, el doble de la actual. El alcalde de la localidad, Lenny Siegel, ha advertido que “todos queremos tener muchos trabajos buenos, pero estos traen sus propios problemas. Y está en el tejado de las ciudades que trabajan con cada comunidad de negocios resolver esos problemas o matar a la gallina de los huevos de oro”. Un pulso que cada vez más ciudades tendrán que librar en el futuro a medida que se conviertan en capitales tecnológicas, con todo lo que ello implica.

Mientras tanto, Seattle ha vuelto a la “casilla inicial” en su lucha contra el aumento de la mendicidad, como recordaba 'USA Today'. Un proceso que se ha acentuado de forma vertiginosa en el último lustro, y que coloca a la ciudad entre la espada y la pared al no disponer de apenas margen de maniobra económico para abordar el problema (las leyes federales son tremendamente restrictivas). Es también una perversa cuestión de competitividad, en la que en un momento en el que muchas de estas compañías buscan sedes secundarias, presentar mejores condiciones fiscales puede ser la clave para descantarse por una localidad u otra. Y, en caso de que cambien, siempre pueden coger las maletas y marchase a otra ciudad con sus miles de empleos.

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