Qué oculta el final de la renta básica finlandesa: el plan para recortar prestaciones

A principios de 2017, Finlandia copó las portadas de los medios europeos gracias a la presentación de su programa de renta básica universal. A simple vista, parecía una expresión más del carácter progresista del país nórdico, uno de los pioneros en probar con la fórmula de moda para combatir la automatización del trabajo o mejorar la vida de los ciudadanos, según a quien se preguntase. Pero no hacía falta escarbar mucho para descubrir que en realidad se trataba de una solución para un problema muy concreto: la falta de incentivos para buscar empleo por parte de aquellos que cobraban prestación por desempleo y que en muchos casos perdían dinero si aceptaban un trabajo temporal. En ese momento, el paro se encontraba en el 9,2%, uno de los más altos en los países nórdicos.

Ese fue el motivo por el que, contradiciendo lo que debería ser la renta básica universal, el experimento se puso en marcha con tan solo 2.000 desempleados de entre 25 y 58 años, que recibieron una cantidad aproximada de 560 euros. Aunque el plan inicial contemplaba expandir el programa también a los empleados a partir de 2018, esto no ha ocurrido. Es más, el Gobierno finlandés ha decidido paralizar la financiación del proyecto ante la decepción de los investigadores, que han manifestado que no pueden llegar a conclusiones razonables con tan poco tiempo. “El entusiasmo del Gobierno se está evaporando”, lamentó el doctor Olli Kangas, uno de los diseñadores del programa. Este contaba con que este año recibirían una inversión adicional de entre 40 y 70 millones con el objetivo de analizar las decisiones a largo plazo que los trabajadores tomaban.

Un informe de la OCDE sobre Finlandia aboga por adoptar el modelo del crédito universal y dejar de lado la renta básica universal

La razón aducida por el partido conservador Coalición Nacional es que están barajando otras reformas alternativas del sistema de Seguridad Social finlandés. En concreto, el conocido como sistema de crédito universal, como ha anunciado el viceprimer ministro, Petteri Orpo. Implantado en Reino Unido en 2013, consiste en una simplificación de las prestaciones que une diversos conceptos como la ayuda a la vivienda o al desempleo. Esta decisión se encuentra en línea con un informe recientemente publicado por la OCDE, que analiza la supuesta implantación de la renta básica desde una perspectiva crítica y apuesta por la adopción de este modelo alternativo, que endurece los requisitos para percibir subsidios.

“Aunque una renta básica podría mejorar los incentivos para trabajar, su generalización podría incrementar la pobreza (del 11,4% al 14,1%), ya que requeriría incrementar los impuestos a los salarios en casi un 30% (alrededor de un 4% del PIB)”, señala el informe, publicado el mes pasado. Ese es uno de los argumentos habituales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo: que en determinados contextos —como este—, la renta básica es tan cara que puede provocar que las capas más bajas de la sociedad salgan perdiendo. Aunque reconoce que este escenario puede ser implantado y solucionaría algunos problemas del sistema actual, necesitaría un sensible aumento de los impuestos.

El informe, por lo tanto, es bastante más favorable a la alternativa del sistema de crédito universal, un complemento del “modelo de activación” aprobado por el Parlamento finlandés el pasado mes de diciembre, y según el cual los parados que no sean capaces de encontrar trabajo o aceptar formación en menos de tres meses perderán parte de sus prestaciones. Este escenario “armoniza y reduce las reglas actuales del sistema de prestaciones para personas en edad de trabajar, uniéndolos en una única”. Según los datos del informe, los niveles de pobreza se reducirían hasta un 9,7%. Además, “alivaría la complejidad y reforzaría consistentemente los incentivos laborales para una variedad de circunstancias individuales”.

No cabe duda de que es un modelo que resulta atractivo a otros países europeos con altos niveles de paro y necesidad urgente de reformar su sistema de seguridad social. La página del Ministerio de Empleo español, por ejemplo, dedica una entrada al crédito universal, “un nuevo sistema en el pago de prestaciones sociales que el Reino Unido tiene intención de introducir gradualmente a partir del año 2013”. Como la propia entrada explica, “la reforma también implica cambios en las sanciones y la retirada de prestaciones cuando las personas superan ciertos ingresos”. Es lo que ocurre en Reino Unido, donde los que perciben estas prestaciones las ven reducidas en 63 peniques por libra percibida cuando trabajan más de 16 horas semanales.

El 76% admite que saber que sus prestaciones se pueden ver reducidas si no realizan las actividades acordadas los anima a buscar empleo

Un artículo publicado precisamente en 'Actualidad Internacional Sociolaboral', la revista editada por el Ministerio de Empleo, señala que “el crédito universal favorece la búsqueda de empleo”, citando una investigación realizada a tal respecto en el año 2013. Los solicitantes de esta prestación buscaron empleo durante 27,1 horas semanales, “en comparación con las 13,6 horas dedicadas por los solicitantes de la prestación por desempleo”. El artículo recuerda que “el 76% de los solicitantes del crédito universal admiten que saber que sus prestaciones se pueden ver reducidas o detenidas si no realizan las actividades acordadas con su asesor, los anima a buscar empleo”. Ese es el sistema que la OCDE anima a Finlandia a adoptar.

Una llamativa unanimidad

Quizás el mejor resumen de la encrucijada en la que se encuentra en este momento la renta básica universal sea el que realiza en 'Wired' el periodista Joi Ito, autor de 'Whiplash: How to Survive our Faster Future', que recuerda que es “un asunto partidista que paradójicamente tiene apoyo por varios partidos”. En España, Podemos fue uno de sus principales valedores, pero en los últimos años ha sido en Silicon Valley donde ha brotado un mayor apoyo a la misma como una herramienta para reducir los efectos de la automatización, lo que ha provocado la reacción de parte de la izquierda.

Como recuerda el economista Miles Krauter, el programa finlandés, llevado a cabo por un Gobierno de derechas, siempre tuvo como objetivo más bien “reducir los gastos en subsidios de desempleo” que aumentar el Estado de bienestar para proporcionar más libertad a los trabajadores, como suelen argumentar los defensores. Es algo en lo que está de acuerdo Ito, al recordar que el Gobierno finlandés “no tenía ningún interés en si la RBU permitiría a la gente conseguir mejores trabajos o formarse para los empleos del futuro”. En definitiva, señala, “lo que comenzó como un creíble experimento de empoderamiento laboral y valores liberales se convirtió en un programa conservador para que la gente volviese a aceptar malos trabajos”.

El filósofo esloveno Slajov Zizek, por ejemplo, la considera el “sueño imposible” de que “el capitalismo se haga funcionar a sí mismo como un sistema socialista”, solucionando al mismo tiempo el problema del desempleo y del consumo. En realidad, argumenta, es una idea “loca” porque refuerza el poder del Estado central en el sistema capitalista, que de esa manera, concediendo dicho privilegio a los ciudadanos, se justifica a sí mismo. Como añade Ben Kunkler, de la Universidad de Melbourne, la RBU puede ser entendida como “un nuevo intento de las fuerzas propietarias para controlar la resistencia”.

Lo que comenzó como un experimento laboral se convirtió en un programa conservador para que la gente volviese a aceptar malos trabajos

Es una de las objeciones más habituales entre la izquierda: que si la renta básica no va asociada con un resurgir del activismo social, corre el riesgo de convertirse en un mecanismo adormecedor que reduce el número de huelgas y favorece una flexibilización aún mayor del mercado de trabajo. Como explica Kunkler, en un momento en el que “la uberización de la fuerza de trabajo se está convirtiendo en la norma, es difícil ver cómo la RBU no terminará provocando que los trabajadores estén más desvalidos y sean más apáticos”. Desde ese punto de vista, esta herramienta serviría tanto para desmontar el Estado de bienestar como para desactivar la reacción social.

Hace dos años, Suiza rechazó en un referéndum la adopción de un programa semejante. En su caso, muchos detractores adujeron que podría provocar un peligroso efecto llamada. Como manifestó el parlamentario del Partido Popular suizo Luzi Stamm, “si ofrecieses a cada individuo una cantidad de dinero fija, tendrías miles de millones de personas intentando mudarse aquí”. Esa era otra de las reservas planteadas por Zizek: que la implantación paulatina de un sistema de renta básica forzaría a los estados a proteger aún más las fronteras y a endurecer los programas de visados, lo que daría lugar a un mundo con más fronteras. Una peculiar unanimidad que pone de acuerdo a la izquierda y la derecha.