LOS EXTREMOS SE TOCAN

El otro lado de la guerra civil: así se vivía en los campos de trabajo republicanos

No han sido tan estudiados como sus homólogos franquistas, pero durante la contienda el bando republicano utilizó a prisioneros para la construcción de infraestructuras

Foto: Voluntarios republicanos en una barricada de Barcelona. (Cordon Press)
Voluntarios republicanos en una barricada de Barcelona. (Cordon Press)

“Incluso antes de esto, yo ya sabía que en estos campos es costumbre disparar a los compañeros del que ha escapado bajo el pretexto de hacerlos colectivamente responsables de la huida”. La carta firmada en mayo de 1938 por el anarquista asturiano Segundo Blanco, ministro de Educación bajo el gobierno de Juan Negrín, mostraba que las autoridades republicanas estaban muy al tanto de la existencia de campos de trabajo forzado en los que a menudo se traspasaban los límites. Con “esto”, Segundo Blanco se refería al fusilamiento de trece prisioneros tras la huida de otros dos del campo de Omells de Na Gaia, en Lleida. El problema para los responsables, en este caso, es que seis de ellos eran miembros de la CNT.

No existen demasiadas revisiones históricas sobre los campos de trabajo del bando republicano, pero existieron y por ellos pasaron miles de personas durante los años de la Guerra Civil, hasta su cierre tras la victoria del bando rebelde. Como asegura el profesor español Julius Ruiz de la Universidad de Edimburgo, que ha publicado una de las contadas investigaciones sobre el tema en la revista 'Contemporary European History', su correspondencia más cercana eran, paradójicamente, los programas de trabajo forzado del bando franquista. Ambos compartían dos rasgos esenciales, dos caras de una misma moneda: disponer de mayor mano de obra y ofrecer posibilidad de redención a los presos.

Tanto los franquistas como sus enemigos consideraban que los trabajos transformarían al enemigo en un miembro valioso de la nueva España

“Ambos lados utilizaban los trabajos forzados con objetivos militares, y consideraban que los prisioneros políticos proporcionaban la mano de obra barata para hacer que los proyectos de reconstrucción fuesen económicamente viables”, recuerda el autor de 'El terror rojo', que retrata la represión republicana durante la Guerra Civil española. “Por encima de todo, ambos consideraban que los trabajos forzados transformarían al enemigo ideológico en un miembro valioso de la 'nueva' España”. Como expone, entre 1937 y 1942 alrededor de 500.000 soldados republicanos cayeron en manos franquistas en 190 campos de trabajo diferentes. La cantidad en el bando adversario fue mucho más reducida, pero existió.

La autoridad de estos campos se dividió entre la Dirección General de Prisiones (DGP) y el Servicio de Investigación Militar (SIM), que abrió seis campos en Cataluña durante la primavera de 1938. Son estos últimos los que peores condiciones ofrecían a los cautivos, ya que solían “castigar soldados indisciplinados, desertores, insumisos y reclutas demasiado peligrosos políticamente para servir en unidades regulares”. Una dureza que ha hecho que Francesc Badia los haya comparado con los gulags soviéticos. Sin embargo, Ruiz recuerda que hay una radical diferencia entre los campos de trabajo españoles (sean franquistas o republicanos) y los nazis o rusos: su voluntad de redimir a los presos políticos a través del trabajo.

“Trabaja y no pierdas la esperanza”

Fue el 1 de enero de 1937 cuando el anarquista Juan García Oliver, ministro de Justicia en el gobierno de Largo Caballero, pronunció las siguientes palabras: “Resolveremos el gran problema de la delincuencia politicofascista con campos de trabajo. No hay razón humana por la que soldados, sacerdotes e hijos de millonarios no trabajen como el resto”. La labor de esa “cohorte de fascistas”, en sus palabras, transformaría España en “un vergel frondoso”. Dicho y hecho… unos cuantos meses más tarde, el 24 de abril, el primer campo en Totana (Murcia) abrió sus puertas, sobre las cuales un cartel rezaba “trabaja y no pierdas la esperanza”. Bajo la autoridad del DGP, a lo largo de la guerra alrededor de 1.799 prisioneros pasarían por él.

Juan García Oliver, Ministro de Justicia de Largo Caballero. (CC)
Juan García Oliver, Ministro de Justicia de Largo Caballero. (CC)

Ese mismo año, otros campos similares comenzarían a brotar por el territorio aún bajo el poder republicano, sobre todo en el Levante. El de Albatera (Alicante), que abrió sus puertas en octubre de 1937, era aún mayor que el de Totana, con una capacidad para 2.000 trabajadores. El resto eran de menor tamaño: se trata de los Orihuela, San Juan y Calpe (Alicante), Valmuel (Teruel), Venta de Araoz (Almería) y Rosas (Girona). Este último, por ejemplo, apenas albergaba a 70 trabajadores. Un porcentaje de los presos fue empleado en la construcción del ferrocarril entre Torrejón de Ardoz (Madrid) y Tarancón (Cuenca).

Como explica Ruiz, “la idea de que el trabajo rehabilitaría (o redimiría) a los políticos prisioneros encontró apoyos en todo el Frente Popular”. De ahí que siguiesen abriendo sus puertas incluso cuando no quedaba ningún ministro anarquista. Al fin y al cabo, la Ley de Vagos y Maleantes promulgada en agosto de 1933 había sido idea del gobierno de Manuel Azaña, y se puede ver el sistema de campos de trabajo como una prolongación de aquella, como una forma de reaprovechar a esos potenciales enemigos internos para los que el sistema de cárceles tradicional se estaba quedando corto. “Como consecuencia lógica de una cruel guerra civil, hay en las prisiones un gran número de prisioneros”, recordaba García Oliver en su decreto para la creación de los campos. Qué mejor que ponerlos manos a la obra.

El propósito de estos campos, como el de los franquistas, era el castigo y la redención, no la exterminación a través del trabajo

La mayoría de los trabajos llevados a cabo por estos prisioneros tenían que ver con las infraestructuras agrícolas. La loclidad de Albatera, por ejemplo, fue elegido ya que fueron trabajadores forzados quienes en el siglo XVII drenaron los marjales, lo que contribuyó a la prosperidad de la región. Algo que también ocurrió con Totana, donde en 1936 se reinició el proyecto del valle del Guadalentín. Según un memorando de diciembre de 1937, los prisioneros empleados en Almería habían permitido ahorrar más de cuatro millones de pesetas. De ahí que, como recuerda Ruiz, “es importante señalar que el propósito de estos campos, como el de los franquistas, era el castigo y la redención, no la exterminación a través del trabajo”.

Los datos hablan. En Totana murieron apenas 12 personas. En Albatera, cinco. En general, las condiciones no eran particularmente peligrosas para la vida de los prisioneros, aunque sí para su salud. En Albatera los prisioneros sufrían cierto hacinamiento (783 habitantes para una capacidad de 600) y el fatigoso ritmo de trabajo provocó que en 1937, alrededor de un 11% de los trabajadores dejasen la labor por su mal estado de salud. En Totana sufrieron problemas de higiene, como sugiere Ruiz, probablemente por “la incompetencia e inexperiencia de las autoridades del campo”. En otros centros abundaba la malnutrición, un problema que previsiblemente se agravó a medida que avanzaba la guerra.

Indalecio Prieto, Ministro de Defensa e ideólogo del SIM. (Cordon Press)
Indalecio Prieto, Ministro de Defensa e ideólogo del SIM. (Cordon Press)

Hay tres rasgos que caracterizaban a estos campos, y que en un alto grado eran herencia de los construidos por la Federación Anarquista Ibérica (FAI) antes de la guerra. En primer lugar, y como había ocurrido en Valmuel (Teruel), los presos construían ellos mismos el campo. En segundo, su labor solía estar relacionada con las infraestructuras agrícolas. En tercero, se colaboraba estrechamente con las autoridades locales, que contribuían con sus propios prisioneros. La voluntad era la de devolver al rebaño a las ovejas descarriadas. Como explica Ruiz, “el uso de la fuerza de trabajo 'fascista' era más que simple autodefensa; el trabajo tenía una capacidad redentora que transformaría a esos 'fascistas'”.

Desafección y castigo en Cataluña

El SIM (Servicio de Información Militar) fue una agencia de inteligencia idea del Ministro de Defensa socialista Indalecio Prieto que, en su labor de lucha contra quintacoluminstas, potenciales desestabilizadores y anarquistas, llegó a emplear a miles de personas que se dedicaron, por ejemplo, a la construcción de fortificaciones militares, cumpliendo un significativo rol militar. Entre los seis campos de Cataluña se encontraban el del Pueblo Español en Montjuic (Barcelona), Hospital de l'Infant (Tarragona), Omells de Na Gaiga, Concabella y Ogern (Lleida) y Falset (Tarragona). En total, por ellos pasaron entre 7.000 y 8.000 personas, algunas de las cuales eran desertores que los agentes del SIM habían localizado por la calle.

La disciplina era extrema y y el castigo, ejemplar. En Concabella, por ejemplo, un prisionero fue ejecutado por robar un pollo

Las condiciones eran peores que en los campos bajo la autoridad de la DGP, principalmente por la violencia con la que solían librarse de los desertores y por sus represalias hacia el resto. Cuando un preso intentaba escapar, se le disparaba. En uno de los batallones, ocho personas, incluido un sacerdote, fueron eliminados por ese procedimiento. Se intentó que los campos, administrados por el comunista madrileño Manuel Astorga, no fuesen conocidos por la opinión pública, prohibiendo expresamente a los presos que contactasen con sus familias o con los habitantes locales. “La disciplina era extrema y y el castigo, ejemplar”, recuerda Ruiz. “En Concabella, por ejemplo, un prisionero fue ejecutado por robar un pollo”. En Omells de Na Gaia, 21 fueron asesinados por negarse a trabajar aduciendo que estaban enfermos o hambrientos.

Sin embargo, el fusilamiento de seis anarquistas de la CNT no pasó desaprecibido, y así llegó a los oídos del indignado ministro Segundo Blanco, que encargó una investigación sobre esta “monstruosidad”. Es, no obstante, también una muestra de que los políticos republicanos no eran completamente inocentes en su conocimiento de esta realidad alternativa y en espejo a la de los campos del bando rebelde, probablemente más brutales. No obstante, ambos tenían mucho más que ver de lo que cabría esperar. García Oliver sugería que estos prisioneros debían llevar a cabo “trabajos de utilidad pública que los orienten en los hábitos laborales y los pongan en armonía con los principios que guían a todos nuestros ciudadanos”. Una retórica no tan lejana a la que impondría poco después el franquismo.

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