Revuelta sindical en el club: una prostituta reclama por "despido improcedente"

A finales de 2016 las condiciones laborales en el Club Flowers, sito en Las Rozas (Madrid), cambiaron sin previo aviso. A partir de ese momento, las chicas solo podían ausentarse una hora para comer, “previa petición de un tique azul”, que asignaba el horario para hacerlo. Cada mujer debía hacer ella misma la limpieza tras “cada servicio con el cliente” y pasaba a ser tarea de las meretrices “cobrarle al cliente cinco euros por cada media hora más de uso de la habitación”. Unas medidas de reducción de costes que a la trabajadora Evelin Rochel, con 15 años de antigüedad en la 'empresa', no le parecieron justas. Tanto, que inició una cruzada contra ellas que se concretará en una cadena de juicios que comienza esta misma semana.

La mujer, colombiana de 41 años, reunió a todas sus compañeras, unas 50, y pidieron “hablar con el jefe”. Tras esa entrevista, a la que accedió el encargado del complejo pegado a la autopista A-6, se eliminaron los nuevos requisitos exigidos a las mujeres, aunque se mantuvieron para las chicas nuevas que se fueran incorporando. Pero a Evelin, según su percepción, ya le habían "cogido la matrícula como agitadora y revoltosa". Así que, siempre según su relato, una discusión con un cliente “fue la excusa perfecta para que el propietario me invitara a marcharme en febrero de 2017”, pocos meses después de su abierto enfrentamiento con los empresarios.

Según el relato de Evelin, cuando intentó denunciar a la policía, los agentes la disuadieron bajo el argumento de que "no valía la pena"

Pero Evelin no hizo caso. Se atrincheró en su habitación durante una semana. En ese tiempo vivió “varios episodios conflictivos con la Guardia Civil y mis propias compañeras”. Finalmente se marchó. Además de su espacio de trabajo, era su vivienda habitual, algo frecuente en las relaciones laborales de prostitución. Se marchó a la calle, despedida, y se quedó “sin casa”. Por supuesto, de los 15 años de relación de trabajo con esa empresa no había ninguna constancia. Nadie había cotizado a la Seguridad Social. La mujer intentó seguir pagando "el alquiler" del lugar donde dormía, 90 euros diarios, pero el club anuló la posibilidad de hacerlo. Ni le dejaban sacar el tique en una máquina donde se solía efectuar el pago, ni tenía ninguna otra manera. Según el relato de Evelin, cuando intento denunciar al Cuerpo Nacional de Policía, los agentes la disuadieron bajo el argumento de que "no valía la pena".

Juicio laboral

Este próximo viernes se celebra el juicio de Evelin contra la empresa La Florida SL. Al litigio la acompaña la asociación Hetaira, un colectivo de prostitutas que clama por sus derechos y pide la legalización de esta actividad para “que puedan tener seguridad y derechos”. “Esto que le sucede a Evelin es bastante común”, precisan en Hetaira, por eso “exigimos derechos laborales para este colectivo”. La asociación se ha mostrado siempre muy crítica con los movimientos que buscan la prohibición de la prostitución y siempre ha centrado su discurso en "la normalización". La demanda se interpone reclamando la "tutela de los derechos fundamentales a la dignidad, la integridad física y psíquica y a la intimidad de la trabajadora, derechos que entendemos menoscabados por la empresa durante 15 años".

Además, el 7 de mayo está previsto que se celebre un segundo juicio, en este caso para reclamar las cantidades salariales que la empresa le tendría que haber pagado y no le abonó escudándose en la ausencia de una legislación que lo regule. La idea de los demandantes es llegar a un tercer juicio en el que se plantee la nulidad del despido por haber sido "expulsada fulminantemente por haber emprendido unas protestas multitudinarias".

Los profesionales del sexo continúan sin derechos laborales y con un empresariado que impone sus condiciones

Según denuncia Hetaira, desde hace unos años y “para sortear a la Inspección de Trabajo, los propietarios de clubes de alterne siguen su propia estrategia para no tener que dar de alta a las profesionales como camareras”. La empresa La Florida SL tiene un teléfono que remite a la gestoría San Pablo. En el propio establecimiento, cada persona que atiende el teléfono aduce no saber nada y remite "al encargado", que nunca está en ese momento.

La asociación Hetaira quiere poner el acento en que ellas no piden la normalización de la prostitución, "sino que se garanticen los derechos laborales de las trabajadoras del sexo", según precisa una portavoz. En este caso, lo que reclaman es un finiquito, una indemnización o el derecho a cobrar el paro. "Los propietarios de los clubes cada vez ganan más y los profesionales del sexo continúan sin derechos laborales y, supuestamente, sin relación de trabajo con un empresariado que impone sus propias condiciones empeorándolas cada día más".