Pelea de pobres en la universidad española: “Estamos trabajando por 5 euros a la hora”

El pasado fin de semana varias asociaciones de profesores asociados universitarios se reunieron en Valencia en una cita que sirvió para hacer frente común y plantear una futura hoja de ruta para las reivindicaciones de uno de los colectivos más precarios del profesorado. Una que, como explica Antonio Castro, presidente de la Asociación de Profesores Asociados de la Universidad de Málaga, plantea llevar al Congreso sus reivindicaciones e incluso poner en marcha distintas herramientas como distintas huelgas que podrían afectar a miles de estudiantes universitarios, siguiendo el ejemplo de lo que ha ocurrido durante el último mes en la Universidad de Valencia.

Es una muestra más de que la precarización del profesorado universitario está generado una respuesta coordinada y articulada. El pasado mes, una proposición no de ley fue registrada en el Congreso para reclamar al Gobierno un Programa para la mejora y promoción del Personal Docente e Investigador (PDI) con el objetivo, como explicaba Manuel Cruz, portavoz de Universidades del PSOE, de acabar con políticas que “están abocando a los profesores precarios interinos a una situación materialmente insostenible”. Ese mismo mes, Unidos Podemos presentó una propuesta relativa al uso abusivo de la figura del profesor asociado. Alrededor de 25.000 docentes, según los cálculos de Castro, se encuentran en una situación similar, aunque es casi imposible averiguar el número exacto.

El dinero de las universidades no suele destinarse a mejorar las condiciones de los precarios, sino que se prioriza a los titulares y catedráticos

Es, lamentan los docentes, una situación estructural en la universidad española que no ha cambiado sustancialmente con la supuesta salida de la crisis y sin la cual esta sería casi insostenible. “Se repite que no hay suficiente empleo público pero en realidad no quieren un puesto fijo, sino mejores condiciones”, explica Germán Garrido, profesor de Filología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Plataforma de Profesorado No Permanente. “Hay una cantidad de dinero que la universidad puede gastar en nóminas, y en lugar de emplearlo en esos empleos precarios se priorizan los de profesor titular y catedrático”. Como recuerda el informe 'La Universidad española en cifras', desde 2012 el gasto en personal se ha reducido progresivamente, con una pequeña recuperación en el último curso.

No obstante, Garrido califica de “pelea de pobres” esta supuesta competición por los escasos recursos económicos disponibles, ya que “muchas veces ni el propio catedrático es consciente de ello”. Las asociaciones de asociados denuncian que figuras como la suya sirven para solventar la papeleta presupuestarias de las universidades en un contexto en el que la reposición de plazas ha estado muy limitada. “Han externalizado la docencia en nosotros”, lamenta Castro al mismo tiempo que recuerda que en algunos casos, como en la Universidad de Valencia, pueden llegar a impartir el 70% de la docencia de grado. Como añade Garrido, “cada universidad tiene su propia ingeniería para ir tirando, ya sea asociados, visitantes...”

Las universidades no son muy transparentes respecto al porcentaje de asociados. Una de las que proporciona más información es la Rey Juan Carlos, que en sus presupuestos de este año muestran que en el centro hay 116 catedráticos, 457 titulares y 414 asociados. Estos últimos cobran de media de sueldo 6.938 euros; los titulares, 15.066 y los catedráticos, 14.607. en estos últimos casos hay que añadir retribuciones por trienios, destinos u otros ingresos de los que los asociados carecen. Las diferencias son sustanciales entre instituciones. En la Universitat Jaume I, hay 130 catedráticos (con un coste total de 8.124.738 euros), 295 titulares (13.651.090) y 110 asociados (1.054.573). En la Universidad de Alicante hay 942 profesores asociados, 209 catedráticos y 535 titulares.

Se rompe la baraja

A finales de enero, el Colectivo de PDI Asociado de la Universidad de Valencia (UV) dio pistoletazo de salida a una huelga ante lo que consideraban una “situación insostenible de precariedad absoluta” para solicitar una negociación con el rectorado o la Consellería, con la máxima de "mismo trabajo, mismo salario". La huelga lleva cinco semanas de duración y, según los cálculos de la organización, ha afectado a aproximadamente entre 1.300 y 1.500 estudiantes. Como explica a El Confidencial su portavoz, Isabel de la Cruz, “conformamos alrededor de algo más del 30% del personal docente, pero somos responsables de un 70% de los créditos de grado”.

Según los cálculos del colectivo, su sueldo ronda los cinco euros por hora de docencia

Una huelga que ha semiparalizado las clases, recuerda la profesora, y que pronto puede extenderse a otros centros españoles. Las asociaciones de otras universidades firmantes han sido las de Murcia, Zaragoza, Málaga, Burgos, Jaume I de Castellón, Politécnica de Valencia o Alicante. Según los cálculos del colectivo, su sueldo ronda los cinco euros por hora de docencia; al mes, una cantidad que oscila entre 200 y 450 euros. “No es digno para alguien especializado”, añade Castro. Según la LOU, su horario es de 6+6 (seis horas de clase y seis de tutoría), pero esto no tiene en cuenta las horas de preparación de clases o de corrección de exámenes. Algo que también es casi “un fraude a las pensiones”, según el profesor malagueño.

La inestabilidad laboral es otro de los grandes problemas del colectivo. “Nuestra figura no debería ser estructural, pero lo es”, explica Castro, que añade que “hay departamentos donde todos los profesores son asociados”. El pasado mes de mayo, la justicia dio la razón a una profesora de la Universidad del País Vasco que llevaba 30 años encadenando contratos temporales “en fraude de ley”, lo que obligó a la institución a readmitirla como personal indefinido. Además, desde la plataforma señalan que por lo general no tienen posibilidad a promoción a pesar de estar acreditados por la ANECA, y salvo excepciones (en la Complutense o la Universidad de Málaga) no pueden aspirar a puestos a tiempo completo.

El pasado año y tras cuatro años de reivindicaciones, los profesores valencianos presentaron una queja ante el Parlamento Europeo y la Comisión Europea instó a la plataforma a acudir a la justicia. Aunque no tienen datos del seguimiento de la huelga (“no hemos preguntado y la institución tampoco tiene forma de saberlo”), cuentan con el apoyo de las asambleas de estudiantes, que el pasado lunes plantearon acciones de apoyo. “Han visto las nóminas y saben que un profesorado precario no es bueno para su educación”, explica De la Cruz.

Un parche no tan temporal

El profesor asociado es una figura creada con el objetivo de que profesionales de distintos ámbitos pudiesen dar clase en la universidad de forma ocasional, como una manera de tender puentes entre la realidad laboral y la universitaria. Como recuerda Garrido, ello abrió las puertas a que las universidades se llenasen de baratos “falsos asociados” sobre los que recaía en la práctica gran parte del peso lectivo. Su rol en la jerarquía universitaria, no obstante, puede dañar la docencia: “Nos contratan por perfil profesional pero somos los últimos en elegir materia, por lo que puedes terminar impartiendo docencia donde no seas experto”, explica Castro.

La gran pregunta es cómo las universidades gestionarán sus recursos para retribuir a todos, después de la sentencia del pasado año

La precarización de gran parte del profesorado va de la mano de los problemas de la investigación española, ya que el rol de los asociados es, ante todo, desarrollar tareas docentes. Ello, junto a la temporalidad del puesto, ha provocado la salida de España de un gran número de investigadores. Un informe publicado por la Conferencia de rectores de Universidades Españolas (CRUE) recordaba que un 49% de los profesores universitarios tiene 50 años o más, muestra de que no solo un amplio porcentaje de docentes sufre precariedad e inestabilidad, sino que la escasa renovación de plantilla ha provocado una ruptura entre ellos y ese otro grupo de docentes que recibe un amplio porcentaje de los recursos.

“Una universidad envejecida y precarizada no es un buen proyecto de país”, concluye Garrido. La tendencia, no obstante, puede cambiar pronto. Después de la sentencia del pasado año, la proposición no de ley y la conformación de la plataforma de asociaciones, los próximos meses pueden ser clave. La gran pregunta, no obstante, es de qué manera las universidades gestionarán sus recursos para retribuir adecuadamente a esos docentes y que les sigan saliendo las cuentas.