Se disparan las negligencias médicas: "Hay casos escalofriantes"
Las asociaciones señalan que cada vez hay más errores sanitarios y que hace falta un protocolo legal en estos casos para que no se den "sentencias contradictorias e incomprensibles"
En las últimos años, además de acrecentarse las denuncias por negligencias médicas, los fallos de los sanitarios se están juzgando con más dureza y por la vía penal. Las peticiones de cárcel comienzan a ser más frecuentes. Hace menos de una semana el fiscal solicitaba dos años y medio de cárcel para una médica MIR de primer año por un diagnóstico erróneo que supuso la muerte de una mujer de 74 años. “Desgraciadamente últimamente las penas de privación de libertad son mucho más usuales y nosotros no lo queremos excepto en casos muy burdos o en aquellos en los que se haya hecho conscientemente”, explica Carmen Flores, presidenta desde 1997 de la Asociación Defensor del Paciente. “Lo ideal es que los inhabiliten para que no puedan hacer más daño”.
“Los MIR andan muy abandonados, nadie los supervisa y a mí en este caso y otros que han pasado últimamente que les afectaban me parece muy injusto que les hagan pagar de esa manera, porque debería de haber estado supervisada por un adjunto”, comenta Flores. “No tienen la capacidad ni la profesionalidad que da el tiempo y cuando pasan cosas así se les arruina la carrera a ellos y no a los que deberían haber estado supervisándolos, como a un niño que empieza a andar”.
La mujer que murió fue despachada a su casa en la segunda visita, diagnosticada erróneamente de una artrosis de rodilla
La médica, que será juzgada este próximo mes de abril, está acusada de, “con gran desprecio por sus obligaciones”, atender negligentemente en febrero de 2011 a una mujer de 74 años que falleció. La anciana había sido atendida en el mismo centro cuatro días antes por un accidente vascular. En su segunda visita fue despachada a su casa, diagnosticada erróneamente de una artrosis de rodilla. Tampoco recordó revisar el historial médico, donde se advertía que siete años atrás había sufrido un accidente isquémico transitorio.
La realidad es que las más de 15.000 denuncias anuales suponen una cifra muy alta y que muchas de ellas van por la vía penal y no por la administrativa, que era lo más usual antes. Los casos por los que un facultativo acababa entre rejas solían ser por casos muy extremos, como extirpar un riñón equivocado, dejarse unas tijeras dentro del abdomen o, directamente, equivocarse de paciente a la hora de intervenir. Todas esas situaciones se han dado y sus responsables fueron juzgados y condenados. Pero son casos muy aislados. Las especialidades en las que más se dan estas negligencias son en Oncología (26,4%) y en Neurología (17,3%), según un estudio de la ‘Revista Española de Medina Legal’. Ese mismo artículo señala que los varones son más afectados (56,1%) que las mujeres. Este informe se basa en 519 sentencias judiciales.
Inhabilitación y no cárcel
Recientemente, en noviembre de 2017, también se pidió cuatro años de prisión para dos facultativos por “imprudencia” al negar atención a un hombre que falleció a causa de la gripe A y que llegó a vomitar sangre. Poco antes también fue condenado en firme a un año y siete meses de prisión un cirujano plástico por "lesiones imprudentes" que ejercía sin título en Marbella. Para Flores lo ideal es que las sentencias pongan el acento en la “inhabilitación para ejercer la profesión y no en la cárcel, que luego no suelen entrar, ni en inhabilitaciones parciales que les incapacitan para la pública pero se van a la privada o viceversa”.
“Ahora es verdad que hay más negligencias que nunca”, revela Flores, que achaca este aumento a varios factores. “Por un lado, nos organizamos mucho mejor y muchísima más gente está asesorada para reclamar sus derechos, cosa que antes no era tan frecuente”, razona. “Pero también es cierto que la crisis ha tenido mucha incidencia porque al recortar recursos y personal se han multiplicado las incidencias”. Los médicos vienen denunciando desde hace varios años que su situación, especialmente cuando les toca hacer guardia, es de gran precariedad y una de las consecuencias, apuntan, es una peor atención a los pacientes.
Una plataforma pide al Gobierno un protocolo legal “que España no tiene y sí otros muchos países"
“La cosa está peor que nunca”, sostiene con rotundidad Flores. “Se está dando mucho en áreas como ginecología y afecta tanto a los bebés como a las madres”. Hace pocas fechas un letrado que prefiere no dar su nombre, asistió a un hombre que quedó viudo tras un parto que provocó el fallecimiento de su mujer. La sentencia le fue favorable. Habían pasado varios años desde el suceso y varios litigios. Finalmente, la familia prefirió no hacer pública la sentencia.
Protocolo legal
Una visión que comparte el grupo de psicólogos, abogados y familiares de pacientes víctimas de estas negligencias que han rodado el documental ‘Que no pase más’ en el que se repasan los testimonios de “casos escalofriantes" para solicitar al Gobierno un protocolo legal “que España no tiene y sí otros muchos países del entorno”. Lo que solicitan es un marco normativo estable y que las cosas “no dependan de la suerte o de los jueces que a uno le toquen”. "A veces se dan sentencias contradictorias e incomprensibles", claman.
La diputada socialista Lidia Guinart ha llevado hasta el Congreso las reivindicaciones de esta asociación trasladando a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, varias preguntas parlamentarias. El objetivo es que se legisle sobre este asunto “de una vez” para evitar la “inseguridad jurídica”.
En las últimos años, además de acrecentarse las denuncias por negligencias médicas, los fallos de los sanitarios se están juzgando con más dureza y por la vía penal. Las peticiones de cárcel comienzan a ser más frecuentes. Hace menos de una semana el fiscal solicitaba dos años y medio de cárcel para una médica MIR de primer año por un diagnóstico erróneo que supuso la muerte de una mujer de 74 años. “Desgraciadamente últimamente las penas de privación de libertad son mucho más usuales y nosotros no lo queremos excepto en casos muy burdos o en aquellos en los que se haya hecho conscientemente”, explica Carmen Flores, presidenta desde 1997 de la Asociación Defensor del Paciente. “Lo ideal es que los inhabiliten para que no puedan hacer más daño”.