Así me quitaron a mi bebé: ¿qué está pasando para que no se cumpla la ley?

“Primero se murió mi padre, luego empecé a consumir heroína y después me quitaron a mis dos niñas mayores, de 15 y siete años. Más tarde, me quedé embarazada de otro hombre sin darme cuenta, luego di a luz un bebé que dio positivo en la prueba por drogas y, posteriormente, cuando me dieron el alta del hospital, ya no estaba la recién nacida: también se la habían llevado. ¡Así que ahora tengo dos abogados y dos expedientes por el puto desamparo de los cojones!”. Marisol tiene 36 años, dice que ya está “limpia” y es de Gijón. Se expresa bastante bien, aunque no tiene estudios porque lleva trabajando “desde los 14 años”. Sus hijos, los tres, forman parte de los más de 40.000 críos tutelados por las administraciones. Una situación a la que, en teoría, se llega después de entender que los menores están en una situación de 'gran riesgo'.

La ley que protege a los niños se reformó en 2015. Entonces se intentó racionalizar un problema variado e invisible que afecta a muchas más personas de las que se piensa, incluidos estratos económicos medios o altos. Ese texto legal dice, entre otras cosas, que los bebés no deben pisar un centro de tutela ni un solo minuto: la hija de Maribel lleva desde marzo en uno de esos centros. Y no es la única. Rosalía, trabajadora social de un centro en Madrid que alberga niños de cero a seis años, concede que hay muchísimos en la misma situación en toda España. Maribel puede ver a su hija una hora a la semana.

Parí un bebé que dio positivo en la prueba por drogas y cuando me dieron el alta del hospital, ya no estaba la recién nacida

Una circunstancia que el catedrático de la Universidad de Oviedo Jorge Carlos Fernández del Valle considera muy poco adecuada: “De ese modo, se deteriora el proceso evolutivo de los bebés porque van variando las personas que los atienden y no pueden fijar una vinculación con una figura única”.

Pero no es el único punto de la ley que parece que está costando trasladar a la realidad. Lo cierto es que los expedientes “van a paso de tortuga y al final se actúa cuando el daño ya está hecho sobre el menor”, apunta Rosalía. Una observación que, a su manera, refuerza el director general de la Familia y el Menor de Madrid, Alberto Sanjuán, que concede que el proceso “es largo y muy cuidadoso: no podemos precipitarnos en una decisión tan importante”. De hecho, asegura que él mismo lee todos y cada uno de los expedientes antes de que la Comisión de Tutela tome una determinación, que, en cualquier caso, siempre intentará que el niño “mantenga los vínculos con su entorno, al menos con la familia extensa, tíos o abuelos”.

Sin acogida

Que esos expedientes no se resuelven de un plumazo lo confirma la experiencia de la peruana Kelly Cotrina, de 34 años. El suyo lleva abierto meses y, de hecho, caducó a mediados de septiembre. Pero sigue sin tomarse una decisión. Su proceso se abrió cuando los Servicios Sociales detectaron que vivía en una habitación con su marido y sus dos hijos, de tres y 13 años, junto a otros “familiares”. “Eso no lo ven bien aquí en España, me dicen que debe de ser incómodo”, explica esta mujer, que se gana la vida limpiando casas sin contrato. Y ahí, explica, reside una parte importante de sus problemas: “Sin papeles, no me alquilan nada y me tengo que meter donde pueda, ¿no?”. Un círculo vicioso que ha topado con la comprensión de una trabajadora social que “me aprieta un poco menos y me entiende, aunque ya se me agotó el plazo”.

El problema de la lentitud y los trámites interminables tiene que ver con varios factores. Por un lado, la minuciosidad con la que se trabajan los expedientes. Y por otro, las propias dificultades de las administraciones para dar una solución a los menores. Las familias que se prestan a la acogida cada vez son menos y “la mayoría lo hacen con la esperanza de que se convierta en una adopción 'de facto”, según precisa Rosalía, que además revela que “han aumentado mucho los fracasos y la consiguiente vuelta de los niños al centro”. “En España no hay cultura de acogida, como en el mundo anglosajón”, lamentan los expertos, que abogan por que se remunere a las familias que se dediquen a esta actividad. Otro factor que retrae a los candidatos a guardar a los menores es que los padres biológicos tienen dos años para iniciar una vía judicial en la que reclamar su vuelta. Un proceso que después se puede alargar varios años más, con la incertidumbre que genera.

Una niña que pasó por un centro de tutela por ser abandonada, a su vez, abandona a su bebé al poco de parir

“El problema en las familias de acogida es que tienen que convivir con las familias biológicas y no están preparadas para ello. Muchas de estas personas son problemáticas o, en todo caso, entienden que hay un conflicto de intereses con el niño de por medio”, revela la trabajadora social, que no se muestra nada optimista con el sistema: “No sé qué es lo que falla, pero está claro que falla”.

Uno de esos fallos, quizás el más flagrante, es la cantidad de casos en los que una niña que pasó por un centro de tutela por ser abandonada, a su vez abandona a su bebé al poco de parir. Según esta trabajadora, esa situación "tan delirante" es "muy frecuente”. En la asociación Aprodeme, de padres afectados por la retirada de la tutela y que prepara un recurso a la ley, hay varias adolescentes o mujeres muy jóvenes que confiesan estar en esa situación. "Es un sistema malo que acaba convirtiéndose en un círculo vicioso", resume la asistente social.

Sentar la cabeza

Un círculo vicioso como el que atrapó a Maribel, la gijonesa de 36 años que aunque está "limpia", dice, le exigen que no se cambie de casa cada poco tiempo y que tenga una cierta estabilidad, que siente la cabeza: "¡Pero cómo voy a quedarme mucho tiempo en un mismo sitio si mi expareja me busca, me pega y me insulta!", se lamenta. Por de pronto, su bebé ya lleva seis meses en la residencia. Y no tendría que haber estado ni un minuto. Siempre según la ley.