Incendio con las pruebas externas: el examen que impugna la comunidad educativa

Mayo es el mes en el que se celebrarán las pruebas de evaluación externa impuestas por el Ministerio de Educación. En la Comunidad de Madrid los pasados días 10 y el 11 se celebraron las de 3º de Primaria; este viernes 19 tendrán lugar las correspondientes a 4º de la ESO, la gran novedad de este año. A finales de mes, entre el 31 de mayo y el 1 de junio, se realizarán los exámenes correspondientes a 6º de Primaria. Una semana más tarde tendrá lugar la conocida como EvAU, la Evaluación de Acceso a la Universidad que sustituye a la antigua Selectividad. Un apretado calendario que va dejando pequeños incendios a su paso.

Este año, la guerra entre Consejería de Educación y diversos sectores de la región en Madrid ha llevado tanto a una llamada a la objeción como a seguir paros parciales. La pasada semana, Comisiones Obreras impugnó las pruebas de 3º de Primaria y solicitó su suspensión inmediata. La mañana del miércoles hizo lo propio con las llamadas “reválidas” de 4º de ESO. Entre las razones que aduce el sindicato se encuentran la ausencia de procedimiento y la vulneración de derechos básicos. Además, la FAPA Francisco Giner de los Ríos y el Sindicato de Estudiantes han mostrado su rechazo este miércoles frente a la Consejería de Educación madrileña.

Denuncian que los plazos han sido tan ajustados que “la Administración elude regular aspectos que sabe, que, por su causa, se van a incumplir”

Estas pruebas diagnósticas, cuyo objetivo es medir las competencias en comunicación lingüística, ciencia y tecnología y matemáticas sin efectos académicos, han sido tradicionalmente rechazadas desde diversos sectores de la comunidad educativa. Aunque estas evaluaciones se han celebrado en la Comunidad Autónoma de Madrid desde el curso 2004/2005, el pasado año varias comunidades autónomas (entre ellas, las gobernadas por el PSOE) decidieron no realizar la prueba tal y como establecía la ley. En 2015, la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) animó a los padres a no presentar a sus hijos a los exámenes.

En el documento destinado a las viceconsejeras de Organización Educativa, María José García-Patrón, y de Educación No Universitaria, Juventud y Deporte, Cristina Álvarez, al que ha podido acceder el Confidencial, se insta a declarar la nulidad radical de la Resolución publicada el pasado 8 de mayo y a que se disponga la suspensión cautelar inmediata del procedimiento. El texto señala que aunque la Resolución no establece plazos concretos, estos no son “racionalmente suficientes para garantizar los derechos básicos del alumnado y de las familias”.

El run-run de la comunidad educativa

Uno de los puntos sensibles, para el sindicato, es qué ocurre con el alumnado con dificultades de aprendizaje. CCOO recuerda que la ampliación del tiempo de los exámenes del alumnado con dislexia o TDAH provoca que sus tiempos de descanso se reduzcan, como ya ocurrió en los exámenes de la pasada semana. La nota de prensa recuerda que esta “imposibilidad racional de cumplir los procedimientos” se dejará notar sobre todo en aquellos que necesiten adaptaciones en las pruebas, lo que puede conducir a una objeción aún mayor. La pasada semana, unos 72.000 alumnos de 3º de Primaria realizaron las pruebas.

UGT denuncia que no tienen ninguna función educativa ni de mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje

No es la única reacción negativa que ha recibido la prueba durante los últimos días. El sector de enseñanza de UGT rechazaba las pruebas y publicaba un decálogo con sus razones. Entre ellas se encuentran algunas de las reservas pedagógicas ligadas a esta clase de pruebas, desde que “no tienen ninguna función educativa ni de mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje” hasta que “desprecian el trabajo docente y la evaluación continua” y “están descontextualizadas y no tienen en cuenta ni la diversidad del alumnado ni de los centros”.

En una línea semejante se encuentra el comunicado de rechazo del Área de Educación de Podemos Comunidad de Madrid. Según sus datos, la realización de estos exámenes supone un gasto de 645.955 euros para la comunidad ya que una empresa privada gestionará la organización. En opinión del partido morado se trata de un derroche de dinero que “se recorta de la educación pública para dárselo a empresas privadas, a través de un mecanismo nada transparente”. CCOO, por su parte, señala que se han abonado 330.000 euros a la empresa que se ha adjudicado la organización de los exámenes. Sin embargo, añaden, los gastos de impresión y fotocopia de los exámenes corren por parte de los centros sin que sean reembolsados por la Consejería.

CGT, por su parte, ha convocado paros parciales durante las horas en que se celebren estos exámenes. Entre sus razones para decir “no a los ranking que favorecen a la concertada”, figuran estar “contra los mecanismos encubiertos de privatización y segregación”. Otras organizaciones, como CIDESPU (Asocicación de Ciudadanos en Defensa de la Escuela de Pública de Móstoles), han difundido un documento de justificación de ausencia del alumnado al centro educativo. Marea Verde ha publicado un calendario con las diversas concentraciones que a lo largo de esta semana se celebrarán en los colegios de la Comunidad bajo el lema “¡No a las pruebas externas!”

¿Exámenes, sí o no?

La Consejería de Educación recuerda que los resultados de los centros participantes no son publicados y que no se establece un 'ranking' con los mismos. Según la institución, el objetivo de la prueba es determinar el grado de consecución de conocimientos y competencias que sirvan para establecer programas de refuerzo y ayuda. Según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, han de ser los profesores del centro quienes corrijan los exámenes. Además, será el equipo directivo de cada centro el que “analizará y valorará los resultados de la evaluación con el objetivo de identificar las causas de los resultados obtenidos y reforzar o corregir los procesos organizativos y didácticos para mejorar esos resultados”.

El Ministerio de Educación recuerda que 24 de los 34 países de la OCDE realizan pruebas similares

Las pruebas externas se han convertido en uno de los principales focos de conflicto entre el Partido Popular y gran parte de la comunidad educativa al concretar uno de los principios más polémicos de la LOMCE. Sus defensores mantienen que se trata de una útil herramienta de diagnóstico que permite la intervención en cada uno de los centros, y que tiene como objetivo final la mejora educativa. Según una investigación encargada por FEDEA en colaboración con distintos profesores de la Universidad Rey Juan Carlos y Carlos III, su análisis econométrico “aporta credibilidad a la hipótesis de que este tipo de prueba mejora significativamente los resultados académicos”.

Los detractores consideran que su eficiencia para mejorar el aprendizaje no está clara, y que los datos obtenidos sí pueden tener consecuencias posteriores, ya que aunque no tengan efecto académico sí aparecen consignados en el expediente académico. Como aseguraba a El Confidencial Jesús Salido, presidente de CEAPA, estos exámenes “no sirven para nada más que para hacer al alumno culpable de su propio fracaso”. El viernes, no obstante, miles de alumnos madrileños están llamados a realizar las pruebas por primera vez desde la entrada en vigencia de la LOMCE.