Por qué ningún español ha entrado en prisión por maltratar a un animal

Más de 150.000 animales son abandonados al año en España, muchos de los cuales acaban sacrificados de forma “sistemática” en perreras autonómicas y municipales, denuncia el informe sobre maltrato de animales 2014 del Partido Animalista (PACMA), divulgado ayer.

El 10,4% de los animales abandonados en el país se debieron al fin de la temporada de caza, aumentando esta cifra en Extremadura donde alcanza el 30,4%, el porcentaje más elevado en España.

Según recalca el documento, el año acaba sin la nueva ley de tenencia y comercio de animales, anunciada por el PP y que recogía la prohibición de la venta de animales en tiendas, mientras que las normas vigentes de protección animal siguen siendo “anticuadas e insuficientes”.

Recuerda, en este contexto, que la Memoria de la Fiscalía General del Estado refleja que en el año 2013 se iniciaron 515 procedimientos judiciales por delitos de malos tratos a animales domésticos, de los cuales se incoaron tan solo 38 diligencias de investigación por presuntos delitos de un total de 2.242 diligencias en materia de medio ambiente, dictándose un total de 60 sentencias condenatorias y 8 sentencias absolutorias.

“A la luz de estos datos, cabe destacar que ningún ciudadano español ha entrado en prisión por la comisión de un delito de maltrato animal, constatando que la actual ley no cumple una función disuasoria de la comisión de este tipo de delitos”, sentencia el informe.

17 legislaciones distintas

Sobre la actual legislación en materia de protección animal, el informe echa en falta una ley marco estatal que armonice la normas autonómicas, “tan dispares como diferentes comunidades autónomas existen”.

Lo que está prohibido en una comunidad está permitido en otra: mientras en Andalucía, Cantabria, Cataluña, Extremadura e Islas Baleares se prohíbe la venta de animales en escaparates en tiendas, no sucede así en el resto de comunidades, y ocurre algo similar en cuanto a la mutilación estética (rabo y orejas), según comunidades.

A su vez, algunos municipios poseen su propia ordenanza municipal de protección animal, de la que se derivan sanciones y tipificación de infracciones distintas en función del lugar, pero que en líneas generales no suelen superar los 300 euros de multa.

Considera, por otro lado, “insuficiente” el artículo 337 del Código Penal, que define el delito de maltrato animal. Por un lado, “se ha de demostrar ante un juez que se ha causado graves lesiones o incluso la muerte a un animal para que éste sea considerado delito, que ha existido dolo o intención en el autor, sumado a que se debe demostrar también que el maltrato ha sido injustificado, hecho éste muy subjetivo que deja en manos de los jueces la decisión de archivar la mayoría de las denuncias”.

Sivia Barquera, presidenta de PACMA, denuncia a la luz del informe que “las leyes de protección animal son insuficientes, anticuadas e inefectivas” e insiste en la necesidad de “visibilizar y denunciar la situación que padecen los animales en nuestro país, ignorada de forma sistemática por gobiernos de uno y otro signo”.